Nuevo revés judicial para el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, ya que la Cámara Federal confirmó su procesamiento por lavado de dinero en el marco de la causa Odebrecht, que investiga el pago de coimas a funcionarios públicos del ministerio de Planificación Federal que encabezaba, Julio de Vido, para obtener contratos en obras públicas.

La ex pareja de Susana Giménez, está imputada por la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares, con dinero obtenido al parecer con el pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña para edificar obras de AySA en territorio argentino.

Por ello, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de acuerdo y en disidencia Mariano Llorens, confirmaron que la causa debe seguir su curso y mantener la investigación sobre el empresario relacionado con la operación que se sucedió en el año 2012.

Según la acusación la firma Helicopter Corporation SA, cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez, adquirió un vehículo aéreo con matrícula LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4, por un valor de USD 1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez.

Pero los derechos de cobro de los préstamos fueron cedidos a la firma nacional Fusion Blue Servicios Aéreos S.A., quien acordó con Helicopter Corporation SA la transferencia del helicóptero, como medio de cancelar dicha deuda, unos cuatro años después.

La maniobra fue para los magistrados “un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y particulares, para direccionar -en perjuicio de los intereses del Estado– los procesos licitatorios de dos proyectos de AySA y las dádivas que como contrapartida habrían pagado las empresas ganadoras a las autoridades estatales, a fin de asegurarse tales adjudicaciones”, según indicaron en su fallo.

Por lo que “se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas, a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading. Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini”.

Además, los camaristas indicaron que entre abril de 2012 y septiembre de 2014, hubo más de treinta transferencias de las cinco sociedades offshore utilizadas por Odebrecht, por USD 10.000.000 y 680.000 euros. Como así también, de las firmas Latin Financial LP y Capital Investment Enterprises LP, por USD 2.200.109, las cuales a su vez también recibieron dinero de dichas empresas, por 2.000.000 de dólares y USD 1.650.000, respectivamente.

Desde la defensa de Rodríguez señalaron que “no se ingresó ninguna suma de dinero al país” y que “las compras de las aeronaves se habían efectuado con financiación bancaria argentina, quedando el proceso reducido a una sola operación de compra efectuada en el Uruguay, apalancada a través de préstamos debidamente acreditados”.