LA PLATA.- La Justicia federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires desarticuló un entramado de partidos políticos dedicados a hacer negocios millonarios con impresión boletas a costas del Estado. Se calcula que el presunto fraude fue por más de 550 millones de pesos.

El juez Alejo Ramos Padilla procesó hoy a apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las últimas elecciones primarias con decenas de candidatos fallecidos o que no habían dado el consentimiento para integrar las listas con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan del acto electoral.

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Según la resolución judicial, se trató de “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”, para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.

Los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo se les prohibió la salida del país y se embargaron sus bienes.

Dos de estas agrupaciones, Proyecto Joven y Justicia y Dignidad Patriótica, llegaron a cobrar el dinero que otorga el Estado para la impresión de papeletas. A Proyecto Joven se le asignó un total de 352.050.020,32 pesos en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías de diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito regional, y senadores nacionales. Además, se dispuso un nuevo aporte para imprimir boletas para los partidos que presentaran listas internas, y por cada categoría se otorgó 76.566.885,12 pesos. A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron 124.224.124,30 pesos también por aportes de campaña e impresión de boletas, por las categorías diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito regional, y senadores nacionales.

En cambio, los otros dos partidos: Encuentro Republicano Federal y Esperanza y Dignidad tuvieron asignados recursos pero no llegaron a cobrarlos.

Los procesados

Ernesto Raúl Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal, fue señalado como organizador de gran parte de las maniobras ilícitas en los cuatro partidos investigados y se lo procesó por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades.

Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, respectivamente, fueron procesados bajo las mismas figuras penales, aunque solo con relación a sus propios partidos.

A los miembros de las juntas electorales que fueron indagados y desconocieron sus firmas en las actas, por el momento se les dictó la falta de mérito y se ordenaron pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.

La resolución judicial demostró que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. La mayoría de los precandidatos – al menos 170 personas- desconocían su inclusión en las nóminas. Muchos otros estaban fallecidos hacía años.

El dinero asignado por la DINE

En la investigación se detalló el dinero asignado por la Dirección Nacional Electoral a estas agrupaciones y el que efectivamente recibió cada una.

Del informe aportado por la DINE se pudo constatar que a la agrupación Esperanza del Pueblo se le asignó a la categoría diputados nacionales 38.283.442,56 pesos en boletas y como aportes de campaña por 4.545.683,42 pesos. Para parlamentarios del Mercosur distrito Regional se le había asignado 38.283.442,56 pesos para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de 427.644,19 pesos. Por último, para senadores nacionales se asignaron 38.283.442,56 pesos para imprimir boletas y 4.400.469,01 pesos para aportes de campaña. No llegó a cobrar el dinero porque las listas fueron rechazadas.

Encuentro Republicano Federal, como en el caso anterior, tampoco logró cobrar el dinero asignado por haber sido rechazadas las listas con las precandidaturas presentadas, pero la DINE había designado para diputados nacionales un total de 38.283.442,56 pesos para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de 5.688.175,35 pesos. Para la categoría Parlamentarios del Mercosur distrito Regional fue asignada la suma de 38.283.442,56 pesos para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de 342.115,35 pesos. Por último, para senadores nacionales había asignado la suma de 38.283.442,56 pesos para la impresión de boletas y la suma de 3.520.375,20 pesos en concepto de aportes de campaña.

La investigación comenzó en julio de 2023, cuando, en los días previos a la oficialización de las precandidaturas, el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Allí detectó que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años. Se abrieron cuatro causas penales -que se acumularon en un único expediente, el 7215/2023- para investigar si estaban cometiendo otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que hiciera un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos, y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral que daba cuenta de la proliferación de partidos sin vocación política.

Los procesamientos tienen lugar pocos días antes de que el Congreso de la Nación comience el debate por la boleta única y la continuidad de las primarias abiertas obligatorias y simultáneas para el año que viene.