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La Justicia se prepara para llamar a indagatoria a Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

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La Justicia federal prepara la citación a indagatoria a Alberto Fernández en la causa que investiga presunta corrupción por la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del expresidente.

Además del expresidente, el juez Julián Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Esa reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.

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El caso tiene bajo a la lupa a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron 3.453.302.770 pesos, unos 17 millones de dólares.

Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones: se alzó con 19 contratos por $366.635.744.

Cuáles son las acusaciones contra Alberto Fernández en la causa de los seguros

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Héctor Martínez Sosa, un broker allegado a Fernández. (Foto: Instagram)

La causa empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.

“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, dice el documento al que accedió TN.

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Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.

El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

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En los últimos días, la pericia oficial del teléfono de Cantero secuestrado por la Policía Federal en marzo, reveló que la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

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Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales. Al parecer, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.

Alberto Fernández, SEGUROS

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Ahora el Gobierno apura el Presupuesto en el Congreso, pero aún no responde a los pedidos de los gobernadores

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Luego de fracasar el intento del kirchnerismo y los sectores no dialoguistas de la oposición de limitar el uso de los DNU por parte del presidente Javier Milei, el Gobierno salió fortalecido y apura en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2025 con la intención de darle la media sanción antes de la finalización del período ordinario. Sin embargo, los bloques dialoguistas volvieron a condicionar su apoyo a los pedidos que hicieron los gobernadores vinculados con el reparto de la coparticipación, las deudas de las provincias y el plan de obras públicas.

En el despacho de Martín Menem hubo satisfacción por la caída de la sesión pedida por la oposición después de los más de cien llamados que hizo a diputados, gobernadores y operadores para frenar la ofensiva encabezada por los K con la reforma de la ley de DNU, que puede poner en jaque a Milei ya que viene apelando a los decretos para avanzar con medidas medulares de su política económica. Pero para voltear la estrategia opositora, el oficialismo no sólo presionó a los gobernadores sino que, además, dio un paso importante al convocar para este jueves a la comisión de Presupuesto con la misión de sacar despacho y dejar el proyecto listo para llevarlo al recinto.

Desde el oficialismo bajaron la intención de emitir dictamen de comisión este mismo jueves y cumplir con el objetivo que tienen de aprobar el presupuesto en el recinto el miércoles 20. Pero para ese día está pedida una sesión por parte del PRO y con guiño libertario con un temario que incluye, entre otros temas, Ficha Limpia, la norma con la que se busca impedir la presentación de candidatos con condena de la justicia por causas de corrupción, y que cuenta con la adhesión del oficialismo y de sectores de la oposición.

La ley tendría la media sanción justo una semana después de que la Justicia ratifique o modifique la condena de 6 años de prisión dictada contra Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Se especula que el fallo dejará a la ex presidenta sin chance de presentarse en las elecciones del próximo año, si finalmente se aprueba la ley, que aún deberá pasar por el Senado, donde el kirchnerismo tiene la primera minoría con 33 bancas.

Por eso, tanto desde el macrismo como de la UCR oficial, dos de los principales aliados del Gobierno, ven poco probable que este jueves se vaya a dictaminar sobre el proyecto de presupuesto y prevén firmar el despacho el martes para tratarlo el jueves 21 en el recinto.

El Gobierno busca el apoyo del PRO y la UCR para el presupuesto

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Pero con el objetivo de apurar los tiempos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se reunieron con diputados del PRO para avanzar en las negociaciones. Por el macrismo estuvieron el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, junto a los santafesinos Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina.

En forma paralela, la comitiva del oficialismo también se juntó en el Congreso con los radicales del bloque que comanda Rodrigo De Loredo. Por la UCR participaron Lisandro Nieri, Pamela Verasay y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace.

Ambos sectores formalizaron los reclamos que los gobernadores de Juntos por el Cambio que ya habían transmitido al Gobierno. Entre los reclamos están el reparto del 1,9% de los impuestos coparticipables que eran destinados para financiar las operaciones de la disuelta AFIP. Se trata de unos $ 640 mil millones, cifra que supera incluso el porcentaje de coparticipación que reciben algunos distritos del país.

En este contexto también exigen que se liberen los fondos retenidos de los Adelantos del Tesoro y que se avance en la transferencia del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que se frenó con el ajuste aplicado para alcanzar el equilibrio fiscal.

De la lista de pendientes, los gobernadores reclaman que se normalice la deuda con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la ANSeS, lo que depende de una serie de auditorías. Sobre este punto, el Gobierno dijo que está dispuesto a escuchar el reclamo de las provincias, pero lo que dicen los diputados es que en el proyecto no se actualizó la cifra destinada para ese sector. Es que el Gobierno propuso saldar deudas con las provincias con activos nacionales a través del “Régimen de Reparación Federal”.

Los dialoguistas le dejaron como mensaje al Gobierno que están dispuestos a «ayudar» para que haya presupuesto. Pero advirtieron que «hay dos caminos»: uno es aprobar un dictamen opositor (modificando todo el proyecto) y después apelar a un veto parcial mientras que la segunda opción sería «construir una mayoría con gobernadores aliados”.

Desde la Casa Rosada se comprometieron a responder en las próximas horas al pedido de las provincias. Lo que está claro es que el oficialismo tiene poco margen porque la sesión de este martes para modificar la ley de DNU volverá a ser pedida para el jueves 21 y si los gobernadores no ven un gesto de Milei podrían habilitar a sus diputados a que den quórum.

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