POLITICA
La Ley Ómnibus entra en su segunda semana de debate en Diputados: cuáles son los puntos más conflictivos
El ministro del Interior, Guillermo Francos, en un momento de fuerte tensión en su presentación en comisiones de Diputados (Foto: NA – Mariano Sánchez).Javier Milei deberá negociar con un Congreso fragmentado sus reformas. (Foto: AFP/Juan Mabromata).Tercer día de tratamiento de la Ley Ómnibus en comisiones de Diputados (Foto: NA – Marcelo Capece).
El Gobierno despliega una curiosa estrategia para aprobar la Ley Ómnibus que incluye asegurar que no negocia modificaciones, pero que acepta “sugerencias”, y que no “cede” ante planteos opositores, sino que “aclara” o retira, por decisión propia, artículos que en realidad no han sido comprendidos correctamente o que no son urgentes. Pero hay algunos puntos que hacen al “norte” del mega paquete de reformas, que la oposición pide modificar y el Ejecutivo resiste, y que se perfilan, al inicio de la segunda semana de debate, como un posible problema para llegar a un acuerdo en Diputados.
Desde el Ejecutivo ya dieron algunas señales claras de que el proyecto que Javier Milei envió al Congreso saldrá, si sale, con modificaciones. Funcionarios nacionales que pasaron en la última semana por el plenario de comisiones de Diputados reconocieron, para empezar, que la emergencia pública que permite una muy amplia delegación de facultades en la figura del Presidente no sería habilitada por cuatro años, como virtualmente propone el proyecto, sino a lo sumo por un año, prorrogable por otro año por determinación del Congreso.
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El ministro del interior, Guillermo Francos, admitió que la mayoría de los diputados rechazan el capítulo de la reforma electoral que plantea que las provincias se dividan en circunscripciones electorales y que supondría un fuerte aumento del número de representantes de la provincia de Buenos Aires en Diputados, en detrimento de la mayoría del resto de las provincias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que el Ejecutivo decidió retirar de la ley la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
Antes, el Ejecutivo, por presión de los gobernadores patagónicos, ya había confirmado que daría marcha atrás con el capítulo que suponía fuertes modificaciones al Régimen Federal de Pesca y, también por presión de mandatarios provinciales, sobre los artículos de reforma de la Ley de Biocombustibles.
Pero en La Libertad Avanza insisten en que no habrá modificaciones sobre el núcleo del paquete de reformas que hace a la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplir con su objetivo de ir hacia el “déficit fiscal cero”. Fue de hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, que por ahora decidió no participar del debate en Diputados, quien afirmó que: “Si la ley no pasara, sería una muy mala noticia para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”.
Como informó TN más de una vez, La Libertad Avanza, al estar en clara minoría en ambas cámaras parlamentarias, está obligado a negociar con los bloques de la oposición que -a diferencia de Unión por la Patria- han manifestado voluntad de acompañar el paquete de reformas, siempre que se incluyan cambios.
Pero, considerando por ahora la resistencia del Gobierno a discutir cualquier tema de la norma que pueda complicar el objetivo fiscal, hay dos puntos que rechazan los bloques opositores y que podrían traer problemas a la hora de llegar a un acuerdo.
Tanto en la UCR, como en el PRO y en Hacemos Coalición Federal (legisladores del peronismo disidente, algunos ex Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica) señalan que no acompañarán la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria como fue establecida en el megaproyecto enviado al Congreso.
El Gobierno busca que, mientras se diseña una nueva fórmula de movilidad -muchos diputados se preguntan por qué no fue incluida directamente en el proyecto-, se le otorgue las facultades para que los aumentos sean definidos por el Poder Ejecutivo mediante decretos. En cambio, en los bloques opositores plantean que, al menos, se garantice un mínimo de aumento que acompañe, aunque sea ligeramente desfasado, el ritmo de la inflación.
El otro punto de conflicto es el de la suba de las retenciones. La iniciativa propone que los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasen a tributar un 15%, que paguen más algunas economías regionales, que la alícuota a los derivados de la soja suban al 33% (lo mismo que el poroto sin industrializar) y que el Ejecutivo podrá modificar las alícuotas (hasta un tope de 15%), sin necesidad de pasar por el parlamento.
Las mismas bancadas opositoras ya advirtieron que no acompañarán este punto como establece el proyecto. De hecho, este viernes, la decena de gobernadores que fueron elegidos por Juntos por el Cambio le advirtieron a los ministros Caputo y a Francos que no acompañarán la Ley Ómnibus mientras incluya un aumento de retenciones a economías regionales.
La Libertad Avanza busca firmar esta próxima semana un dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Algunos legisladores del oficialismo y algunos funcionarios sugieren que algunas partes de la ley se modificarán, pero otras se mantendrían pese a los cuestionamientos opositores y que, en todo caso, aquellos que quieran votar en contra de esos artículos lo hagan.
El problema es que en buena parte de la oposición colaborativa advierten que no hay voluntad de acompañar un dictamen que incluya puntos con los que no estén de acuerdo, sino llegar a un acuerdo global por un dictamen de consenso. El desenlace dependerá del margen de negociación que habilite el Poder Ejecutivo, que por ahora no ha dado potestad a sus referentes del Congreso para negociar cambios en su nombre, y del grado de resistencia que estén dispuestos a sostener los distintos bloques parlamentarios.
POLITICA
Luján: Secretario municipal calzó chancletas en la apertura de sesiones
Horas atrás, el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó su sexto discurso inaugural en la apertura del período legislativo ante el Concejo Deliberante. Vestido de traje y corbata, presentó un balance de su gestión en 2024 y anunció nuevos proyectos para este año, con énfasis en seguridad y obra pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención del evento no fueron sus palabras, sino que uno de sus funcionarios más cercanos fue en ojotas.
Nicolás Capelli, secretario de Cultura y Turismo de Luján y concejal electo en uso de licencia, asistió a la sesión vestido de manera extremadamente informal y en ojotas. Su actitud generó indignación entre los presentes y abrió un debate sobre la seriedad y el respeto institucional en la función pública. “Para mí que vivió tanto tiempo del estado que ya se cree que está en su casa”, aseguraron desde la oposición. “Debe ser fanático de Diógenes”, especuló un concejal que se encontraba presente. “Falta que se fanatice del jabón y el desodorante para pies”, completó otro.
De la pantalla grande a la política
Capelli se presenta en redes sociales y en su perfil de LinkedIn como realizador de cine y TV, sin preocuparse en mencionar su rol en la arena política. En ambos escenarios, lamentablemente, Capelli sigue esperando su momento de gloria. Su incursión en la función pública nació tras varios fracasos en el mundo del cine, pero su cercanía con el intendente Boto le permitió ocupar un cargo dentro del municipio.
Su primera película, Matar a Videla, filmada en 2005 y estrenada en 2010, cuenta la historia de un joven que, antes de suicidarse, decide asesinar al dictador Jorge Rafael Videla. A pesar de contar con figuras reconocidas como Diego Mesaglio y Emilia Attias, la película fue duramente criticada. El diario Clarín aseguró que «de Videla no se ve otra cosa que imágenes de archivo, y la toma de unas falsas manos que serían las del genocida acariciando un rosario es patética». Además, la calificó como «una simple bajada de línea sin profundidad». Especialistas en la materia aseguraron que, en efecto, no se trató más que de “una aventura de Capelli, un joven que sueña con ser director de cine, pero que suple la falta de talento con subsidios del estado”.
A pesar de su poca repercusión, la película contó con financiamiento estatal a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Capelli, en lugar de buscar inversores privados, recurrió a fondos públicos para su producción, una decisión que generó cuestionamientos sobre su dependencia del estado para desarrollar proyectos personales.
Nexos y beneficios en la política
Casualmente, uno de los productores del filme Matar a Videla, Juan Pablo Redondo, también forma parte del gobierno municipal de Luján como secretario de Producción. Esto refuerza la idea de que, más que una vocación pública, Capelli y sus amigos encontraron en la estructura estatal un respaldo constante a sus emprendimientos.
Otro de los nombres vinculados al proyecto fue el músico Iván Noble, encargado de la banda sonora de la película. Noble, quien ha expresado públicamente su apoyo a gobiernos kirchneristas, también fue objeto de críticas por sus vínculos con el estado. En las elecciones presidenciales de 2023, publicó una foto con un choripán y una copa de vino, acompañada del comentario «Voto cantado», lo que desató cuestionamientos sobre su coherencia ideológica. “Sos populista desde una casa en un country y tomando vinos que salen una jubilación mínima”, le espetaron en aquella oportunidad.
Las ojotas de la controversia
Más allá de sus antecedentes en el cine y la política, lo que generó mayor indignación en el Concejo Deliberante fue la actitud de Capelli al asistir a la sesión de apertura en ojotas. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó el debate sobre el profesionalismo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
El episodio deja en evidencia no solo un problema de protocolo y respeto institucional, sino también la permanencia de ciertas figuras en el ámbito político sin una trayectoria siquiera rescatable en la gestión pública. Mientras el intendente Boto intentaba proyectar una imagen de seriedad y compromiso en su discurso, la vestimenta de su secretario de Cultura y Turismo terminó opacando el mensaje y desatando una nueva controversia en Luján. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Juicio por la muerte de Maradona. Leopoldo Luque agredió a un periodista y le quitó la cámara
Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona que es juzgado por la muerte del exfutbolista, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro y generó sorpresa su transformación física.
Además, en un cuarto intermedio protagonizó un incidente con un reportero gráfico al que le quitó la cámara con la que lo grababa.
En los pasillos del Tribunal, Luque paseó junto con su abogado y allí se lo pudo observar con toda su fisonomía cambiada, producto de un intenso entrenamiento que comenzó hace algunos meses.
Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural.
En diálogo con LA NACION, el periodista gráfico agredido explicó que el médico le arrebató el teléfono y que, segundos más tardes, se lo devolvió.
Además, explicó que no fue agredido físicamente por el galeno.
“Justicia por papá”
El más chico de los hijos de Diego Armando Maradona se puso ante la lente de la cámara para personificar el pedido de justicia por su padre, el astro del fútbol mundial que falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria en una casa de un country de Benavídez, en circunstancias que, para el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, fue responsabilidad del equipo médico que debía cuidarlo y no lo hizo.
Con el hashtag #JusticiaPorDiego, y la icónica imagen del Diez en negro sobre blanco, Diego Fernando, de 12 años, dijo solo tres palabras: “justicia por papá”.
Su madre, Verónica Ojeda, se encontraba en la sala de juicio por jurados de los tribunales de San Isidro, donde ayer por la mañana comenzó el juicio donde se buscará dilucidar las eventuales responsabilidades penales de siete de los ocho imputados de la causa en la muerte de Diego. Vistió la misma remera que su hijo.
En el momento de su entrada se cruzó con una de las principales acusadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, y le gritó “perra mal parida”.
Luego se sentó en el sector dedicado a los jurados populares; a su lado estaban Jana, Dalma y Gianinna Maradona, tres de los cinco hijos del astro.
Desde allí escucharon cómo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro que llevarán adelante la acusación por parte del Estado, calificó como un “teatro del horror” la internación domiciliaria de Maradona en una casa del barrio cerrado San Andrés, de Tigre, alquilada a tal efecto, que estuvo a cargo de un equipo médico que caracterizó como “un grupo de improvisados” encabezado por el neurocirujano que lo había operado los primeros días de noviembre de 2020, Leopoldo Luque, y completado por Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y dos enfermeros. A ellos, en la imputación, se agregan un coordinador de enfermeros y otros dos médicos que revistaban en una empresa de medicina prepaga y otra de internaciones domiciliarias que tuvieron intervención en el caso.
POLITICA
Denunciaron a Milei frente a la Oficina Anticorrupción por la promoción de una beca de una universidad privada
Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el presidente Javier Milei por la promoción de la “Beca Presidencia de la Nación”, otorgada por la Universidad ESEADE. La acusación señala una posible violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y al Código de Ética Pública por el uso de la imagen presidencial en la difusión de una iniciativa de una institución privada, fundada por el economista liberal Alberto Benegas Lynch (h), mentor del mandatario.
El caso tomó notoriedad cuando Milei compartió en sus redes sociales un flyer con su imagen y la banda presidencial para promocionar la beca, mientras que afiches con el mismo diseño aparecieron en la vía pública. En el anuncio se afirmaba: “Beca Presidencia de la Nación. Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras. Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado”. La universidad también difundió un comunicado en el que destacaba la relación de Milei con la institución y el alineamiento de su gobierno con las ideas liberales.
Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro firmaron la denuncia y exigieron que se investigue la posible existencia de un conflicto de intereses. En el documento presentado, señalaron que la promoción de la beca “expone una vinculación especial entre el Presidente y la institución educativa” que podría implicar “uso indebido de recursos públicos”. La polémica surgió casi en simultáneo con el escándalo por la promoción del token cripto $LIBRA, lo que intensificó las críticas al Gobierno.
Desde ESEADE afirmaron que el programa de becas era financiado íntegramente por la universidad y que el Consejo Académico sería el encargado de definir su otorgamiento. Sin embargo, en su página web se mencionaba que la validación final de las becas estaría a cargo de la Presidencia de la Nación. Consultada sobre estos aspectos, la institución no detalló cuál fue el apoyo concreto de Milei ni qué papel desempeñaba el Gobierno en la iniciativa.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, aclaró que no tuvo injerencia en la beca y que se trataba de “un arreglo entre privados”. No obstante, al tratarse de una iniciativa educativa, la supervisión estatal debería recaer en dicha cartera, lo que generó interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Tras la denuncia, ESEADE emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que “el uso de la imagen del Presidente por parte de nuestra institución no ha sido expresamente autorizado” y que la decisión de incluirlo en la promoción de la beca fue “un homenaje a la figura presidencial”. Sin embargo, la referencia a Milei y a la validación gubernamental fue eliminada posteriormente de su página web, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad del programa y el posible uso indebido de la investidura presidencial.
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