Y finalmente llegó el megaproyecto de Javier Milei al Congreso de la Nación. Los principales bloques opositores -desde el kirchnerismo hasta el PRO- empezaron a analizar someramente el texto de 351 páginas, 664 artículos y reformas profundas en materia económica, tributaria, política, social, penal, energética, de defensa y seguridad, entre otras áreas. Comenzaron, así, a marcar los puntos que más los preocupan, entre los que la fuerte delegación de facultades legislativas al presidente ocupa el primer lugar, pero no únicamente.

El oficialismo espera tratar el paquete de reformas antes de que termine enero. En la oposición son mucho más escépticos respecto a los tiempos. A la espera de que se conformen las comisiones, el debate profundo empezará la semana que viene, con el año nuevo. El clima inicial, por otra parte, es malo: Milei lleva la presión al máximo y acusa estratégicamente a los legisladores de ir en contra de “lo que votó la gente”. Un problema, advierten en ambas cámaras, es que lo hace sin distinción ni matices y crece el fastidio incluso entre los espacios que estaban más dispuestos a acompañar al nuevo Gobierno.

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El megaproyecto libertario ingresó por Diputados y allí comenzará su recorrido parlamentario. Simbólicamente, Guillermo Francos entregó personalmente el texto al nuevo presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. En el Senado se debatirán, por otra parte, acuerdos bilaterales y la Boleta Única -algo que el oficialismo ya viene negociando con los 32 senadores que no pertenecen a Unión por la Patria.

La Libertad Avanza tiene hoy menos de 40 diputados propios, lejos del quorum de 129 para poder abrir el recinto y tratar iniciativas en la Cámara Baja. Es decir, necesariamente, considerando que UxP (de 101) y la Izquierda están en pie de guerra, y con la decisión casi tomada de rechazar de plano el mega proyecto, el oficialismo deberá negociar con el PRO (unos 37 miembros), la UCR (34), el flamante bloque de Hacemos Coalición Federal (23 legisladores ex Juntos por el Cambio, PJ federal y Coalición Cívica) y la decena de diputados que responden a gobernadores de fuerzas provinciales.

Ayer, en la Cámara Baja hubo reuniones del bloque de UxP -de la que participaron también media docena de gobernadores- y del PRO, que estaban pautadas antes de que llegara el megaproyecto, pero terminaron girando inevitablemente en torno al texto, que varios de sus miembros fueron leyendo parcialmente en el transcurso del encuentro.

“El bloque se va consolidando cada vez más, hasta los gobernadores que buscaban hacer algún equilibrio están de punta ahora. Lo de la protesta social es criminal, lo de Defensa es una locura, lo electoral también. De la delegación de facultades para abajo es todo un delirio. Como te van a acompañar los gobernadores si le sacas el lugar donde pueden negociar que es justamente el Congreso y querés que te voten la suma del poder público”, relataba anoche un legislador peronista.

En el PRO se definió dividir la bancada en bloques temáticos, para analizar tema por tema del megaproyecto y reunirse a mediados de la semana que viene con el texto más asimilado. Formalmente, en el bloque trasmitieron “actitud colaborativa” y la intención de “realizar aportes”, y de trabajar para aprobar la mayoría de las iniciativas que envió el Ejecutivo. En los hechos, hay bronca e incomodidad en la bancada, incluso en el sector más duro del partido.

El martes, apenas horas antes de enviar el paquete de reformas, había advertido que si el Congreso no aprueba su DNU estaría dispuesto a llamar a un plebiscito y acusó a legisladores, sin demasiados detalles, de “buscar coimas” a cambio de votos. Ya había apuntado contra los diputados y senadores en su discurso de asunción y en su primera cadena nacional, en la que anunció justamente su decreto.

“Esto pareciera diseñado para romper el Congreso: 600 artículos, ni la constituyente supuso semejante complejidad y encima para tratarlo en un mes. Hay mucha gente con bronca. No el enojo del kirchnerismo. Si de buena fe te dijimos que vamos a acompañar, no hables de coimeros sin denunciar, no nos basurees, no mandes un proyecto invotable, para decir que el Congreso no te lo quiere tratar y llamar a un plebiscito”, planteaba un halcón del PRO.

“Lo que pase con todo esto también va a depender del nivel de apertura del Gobierno para aceptar cambios y debate. A simple vista pareciera que el presidente no quiere que esto salga por el Congreso y en un mes hablemos de otro DNU. Delegar las facultades como está planteado es cerrar el Congreso por 4 años”, advertía, en el mismo sentido, una “paloma” del PRO.

En la UCR, que también tiene sus diferencias internas respecto a la distancia que debería mantener el partido respecto del Gobierno, también anticipaban acuerdo con una amplia porción de las reformas, pero marcaron públicamente rechazo a la delegación de facultades, a la reforma electoral -que entre otras cosas dejaría a provincias con solo 2 o 1 diputados y a Buenos Aires con cerca de 100- y preocupación ante el hecho de que el presidente haya incluido el DNU dentro del megaproyecto, en contra de lo que establece la ley que regula el tratamiento de los decretos.

Según indicaron fuentes parlamentarias, diputados y senadores del PRO y de la UCR le trasmitieron a Guillermo Francos en su paso por el Congreso su disconformidad con las recientes declaraciones del presidente libertario. Espadas legislativas del Gobierno rechazaron la posibilidad de que complique las negociaciones: “A Javier le han dicho cosas brutales, lo más leve fue genocida y loco. Lo único que avisa es que no está para discutir boludeces”.

Pero, más allá de eso, y aunque trasmitían, en la misma línea que el PRO, actitud colaborativa, había enojo con la actitud presidencial frente al Congreso: “Cuesta entender que un gobierno que tiene al alcance de la mano construir consensos con un sector grande de la oposición, provoque y agreda de forma generalizada. Debería darse cuenta que construir sociedades políticas va a ser importante en unos meses, cuando pase la euforia”.

En las primeras horas posteriores al envío del megaproyecto, en el Congreso reinaba la incertidumbre. Según indicaron tanto en Diputados como en el Senado, las principales comisiones que tratarán el paquete de reformas quedarían conformadas antes de que termine la semana.

En el oficialismo aseguraban que estarían integradas, de entrada, Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores. En casi todos los bloques opositores advertían que, por la magnitud del proyecto y por la cantidad de normas que modifica y crea, deberían constituirse al menos una decena de comisiones, incluso algunas bicamerales. Se determinará por voluntad política, más que por reglamento.

Estaba previsto, según indicaron en la Cámara Baja, que la semana que viene los ministros del Ejecutivo vayan a explicar y defender el paquete de reformas. Será un verano intenso en el Congreso, aunque nadie tiene muy en claro cuánto se extenderá el debate y si se llegará al recinto antes del 31 de enero, que es la fecha que Milei le puso de finalización al periodo de sesiones extraordinarias.