Era sabido: sin mayoría en el Congreso y sin gobernadores propios, Javier Milei iba a tener que forzar la máquina para llevar adelante el plan de Gobierno de ajuste fiscal y déficit cero. También que la pretendida suba de tarifas de los servicios públicos iba a desencadenar una andanada de cautelares para frenarla en la Justicia.

El miércoles, mientras el Gobierno enfrentaba el paro-movilización de la CGT y la dilación por las negociaciones trabadas en Diputados por la Ley Ómnibus, el juez federal de Lomas Zamora Ernesto Kreplak ordenó posponer la audiencia pública para el incremento de las tarifas de transporte de colectivos y trenes.

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El magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El martes, había intimado a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para que se abstuviera de filmar la marcha de la CGT y de interceptar personas para pedirle documentación en el transporte público.

Sobre la audiencia que analizaría el nuevo valor de los boletos de trenes y colectivos del AMBA, Kreplak accedió a una medida cautelar presentada por Fernando Gray. El intendente de Esteban Echeverría ya había intentado frenar la audiencia del gas, pero el planteo recayó en el fuero contencioso administrativo y fue rechazado.

El Gobierno pretendía que el próximo incremento tarifario del transporte comience a regir desde el 1 de febrero. De acuerdo a las previsiones oficiales, el boleto mínimo pasará de los $76,92 actuales a $270. Para los trenes, el aumento previsto es del 170% en AMBA, con el mínimo a $130.

La novedad es que mañana -viernes-, envalentonado con el fallo de Kreplak, Gray presentará un amparo para pedir la suspensión de la audiencia de las tarifas eléctricas que arranca mañana. “Voy a presentar un escrito para que, como hicimos con el transporte en el AMBA, el Gobierno llame a una audiencia pública como corresponde”, anticipó Gray a TN.

La audiencia pública es un paso obligatorio, pero no vinculante para definir las nuevas tarifas de los servicios públicos, es decir que luego de escuchar las distintas posturas es el Gobierno el que establece los valores a regir.

“Estoy muy preocupado por los aumentos de tarifa en servicios públicos. Para aumentarlos tienen que tener audiencias públicas presenciales y este Gobierno lo hace de forma virtual y todo queda totalmente desvirtuado. Hacen una truchada absoluta: te invitan a una web donde hay consultas, te inscribís partir de Mi Argentina y tenés cinco mil caracteres para expresar tu opinión sobre el aumento. Es un chat donde opinas escuetamente sobre esto que pasa, con eso dan por cumplida la audiencia y pasan directamente al aumento”, se quejó Gray.

El Gobierno tiene previsto avanzar con los aumentos en las tarifas de luz que pagan hogares y comercios y a la vez iniciar el proceso de la quita de subsidios para reducir el déficit fiscal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA), el Estado cubrió en diciembre el 67% del costo de abastecimiento de los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural.

Las audiencias están convocadas para el viernes, para el tramo de distribución de energía eléctrica; y para el lunes, para el servicio de transporte de energía eléctrica. Las subas comenzarían a regir desde marzo. Trascendió que Edenor y Edesur pediría un ajuste del 200%.

La especulación es que el futuro de las audiencias y las tarifas dependerá del juzgado que toque en suerte. “Rodolfo Barra tiene llegada al contencioso administrativo, por eso no prosperó la cautelar por el gas”, advertía una fuente cercana a la causa. El Procurador del Tesoro atiende varios frentes: la reforma laboral incluida en el DNU está frenada en el fuero laboral. Esta mañana, el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó a la Justicia por las cautelares: “Si no tenemos normas modernas no podemos progresar al ritmo de otros países”.