En emergencia extrema, el Gobierno intentará salvar el DNU que autoriza la firma de un acuerdo con el FMI. Contrarreloj buscará una recomposición de la Comisión Bicameral del Congreso que revisa los decretazos para evitar el rechazo. En la tarde del lunes en el despacho de Martín Menem se reunirán con las autoridades del bloque de La Libertad Avanza junto a las de la Bicameral -Juan Carlos Pagotto y Diego Santilli- y con funcionarios del Ejecutivo, para resolver la nueva integración de la Comisión, en donde se ha manifestado otro foco infeccioso de internismo. Este Gobierno se anotó un record histórico al ser el primero que sufrió el rechazo a un DNU, como ocurrió con la autorización de partidas para la ex SIDE el año pasado. Nunca había ocurrido desde que rige la norma que regula los DNU.

La emergencia en torno al 179/2025 es consecuencia del efecto dominó sobre el oficialismo del Criptogate. Javier Milei y el Gobierno sostienen que la participación del jefe de Estado en la emisión $Libra fue un acto privado y personal del Presidente. Como todo lo personal de un presidente es público, los efectos han sido demoledores sobre el Gobierno, al punto de poner en peligro el proyecto más importante en materia económica, que es el acuerdo con el FMI.

La medida ya tiene vigencia hasta que alguien logre los votos para tumbarla. Está amenazada por el rechazo que propone el bloque del peronismo, que tiene siete de los nueve votos necesarios para lograrlo. Un acuerdista crítico como Nicolás Massot reclama que el Gobierno promueva, por lo menos, la aprobación del Presupuesto 2025 y que incluya el programa de pagos del compromiso. Por ese motivo se postergó la reunión de la Bicameral de DNU para el martes de esta semana.

Para aplacar los ánimos, el oficialismo aceptó que vayan a dar explicaciones este martes Vladimir Werning (vicepresidente del Banco Central), José Luis Daza (secretario de Política Económica) y Leonardo Madcur (representante ante el FMI).

Luis Caputo insiste en no sentarse ante los legisladores después de la experiencia que tuvo en 2018 ante otra bicameral. «Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala», le pidió en un papelito a Gabriela Cerruti, que tuvo el buen gusto de publicitarlo. De paso, aquella era la Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior. La presidía José Mayans, pero bajo el actual gobierno no ha funcionado. Es donde debería discutirse también este acuerdo con el FMI.

A Daza el peronismo lo espera con otro papelito. Daza, que es chileno con larga residencia en los Estados Unidos, confesó que “Cuando mis hijos me preguntan qué estoy haciendo, les digo que (…) estoy acá, tratando de aportar mi granito de arena en un equipo extraordinario, para cambiar la dirección de la Argentina”. Le preguntarán quién le ha pedido tamaño empeño, digno del guevarismo conservador. Es lo que se propuso hacer el Che Guevara en Cuba cuando no pudo hacerlo en la Argentina.

El intento del oficialismo de eludir la creación de una comisión investigadora que convoque a funcionarios y legisladores (entre ellos Martín Menem) a declarar, precipitó el incidente violento entre los diputados mileístas. El levantamiento abrupto de la sesión enfrentó a Oscar Zago y a Lisandro Almirón, que integran la comisión que debe tratar el DNU del FMI. Zago condicionó su apoyo al DNU a que Pagotto, presidente de la comisión, citase a los funcionarios. «Si no los traen, no me pidas más que colabore«.

Zago es diputado por las listas de La Libertad Avanza, pero migró a un bloque aparte. Ha dicho que apoya el acuerdo, pero que es crítico del uso del DNU. No ha dicho qué fórmula empleará para hacer compatibles esos dos criterios opuestos. “Si no hubieran firmado ese DNU, ya tendrían aprobado el acuerdo en Diputados«, dice Zago. Este legislador espera, además, que el bloque de LLA lo reemplace a Almirón en la comisión. Promete escenas de pugilato si se cruza con él.

Enreda todo más el hecho de que, por reglamento, la presidencia de la Bicameral debe pasar del Senado a Diputados. Como es una comisión «de gobierno» LLA pondrá al nuevo titular. El único diputado propio es Almirón, impugnado por Zago, que es de LLA de origen, pero no está en el bloque. Se suma a este minué Diego Santilli, el más mileísta de los macristas, que asumió la vicepresidencia de la comisión en lugar de Hernán Lombardi, que se fue con la música a otra parte (ahora ministro estrella de Jorge Macri). A Zago lo limita para ser elegido su no pertenencia al bloque. Santilli, aunque es del PRO, está dispuesto a respaldar el DNU, aunque Mauricio Macri haya criticado el instrumento elegido -con el mismo énfasis con que avaló que Santilli reemplazase a Lombardi en la comisión. Limita sus chances que tenga una disputa interna con el gobierno sobre la candidatura a primer diputado nacional, por una eventual alianza en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y LLA. Olivos insiste en que ese puesto vaya a José Luis Espert, pero Santilli reclama el primer lugar, porque exhibe las mejores encuestas de intención de voto. Si el oficialismo lo exaltase como presidente de la bicameral y custodio de los DNU, estaría adelantando un cierre electoral.

Sin Criptogate todas estas complejidades no se hubieran acumulado en el mismo momento. Pagotto, a quien le vence el mandato de un año como presidente de la comisión, reclama seguir en el cargo siguiendo los «usos y costumbres». Cita en su respaldo que el exsenador radical Luis Naidenoff presidió durante dos años esa misma comisión. Pero con la rispidez preelectoral han caducado los «usos y costumbres». En realidad, Naidenhoff, que hoy suena como posible Auditor General de la Nación en representación de su partido, ejerció una conducción colegiada de la Bicameral de DNU con dos peronistas, Diana Conti y Marcos Cleri. Fue durante dos mandatos cuando el peronismo y la oposición empataban en votos y compartían las decisiones. Un expediente es que el riojano Pagotto cese como presidente y que Santilli ejerza el cargo como vicepresidente.

Antes de ahora, el senador radical Víctor Zimmermann, que integra el arco de la oposición amigable, rechazó presidir esta bicameral, de la que quedó como secretario. Hasta este mes ha sido ministro de la gobernación de Leandro Zdero en el Chaco. En esa provincia la UCR local ha hecho un frente con La Libertad Avanza para enfrentar, en las elecciones legislativas, al peronismo que conduce Jorge Capitanich. Si LLA quisiera asegurar completamente el control de los DNU, puede convocar al santafesino Nicolás Mayoraz, solvente abogado que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su partido quedó afuera del frente que cerraron la UCR, el PRO y el socialismo para las elecciones de convencionales constituyentes. Mayoraz encabeza a lista de LLA. Otro candidato para cumplir esa tarea puede ser Guillermo Montenegro, abogado penalista.

El DNU sobre el acuerdo con el FMI prueba cómo un proyecto, que puede decidir el futuro del gobierno Milei, queda atado a la precariedad de su estrategia. El DNU como herramienta ha sido criticado por Macri y Elisa Carrió, aunque coinciden en la necesidad de su apoyo. Tienen razones diferentes. Macri sigue entendiendo que el gobierno de Milei depende del apoyo que pueda darle el PRO, aunque él sea víctima del destrato de Olivos, de Milei y de su entorno. Carrió ha manifestado el respaldo al DNU con argumentos ligados la inoportunidad de que prospere el avance del peronismo. Como otras visiones estratégicas de Carrió, no es fácil verbalizarlas con claridad. Es de esas anticipaciones difíciles de aceptar en el fragor de los acontecimientos, pero que se aclaran cuando pasó a tormenta y hay que admitir que tenía razón. Es plausible que crea que este gobierno va a chocar y que quiera estar lejos del desastre, pero más aun del reproche de que sus críticas pudieron ayudar a su derrumbe. El tiempo aclarará todo.

Este entuerto que complica al Gobierno se disparó con la intervención de Nicolás Massot en la sesión de Diputados del miércoles. Integra el bloque de Miguel Pichetto y encierra el proyecto de rechazar, como integrante de la Bicameral de DNU, la autorización para el acuerdo con el FMI, aunque apoya el objetivo si viene por ley.

Massot le reprochó a Martín Menem que obturaba el debate. Dio a entender que era porque entre los funcionarios que la oposición quiere citar para la investigación del Criptogate, están los primos Lule y Martín Menem, Karina Milei y el vocero Manuel Adorni. “Su propia investidura empieza a ser cuestionada», le disparó. Massot le señaló a Martín, con despiadada suavidad, que es juez y parte en una investigación que lo tiene como uno de los citados en un eventual panel investigador. Atento al ánimo del aludido, retorció el torniquete: «No es un capricho que estemos pidiendo la presencia de la secretaria general y del vocero presidencial, porque son los que no pueden negar el conocimiento previo de los que estructuraron esta estafa. No estamos diciendo que ellos hayan participado con culpabilidad; por lo menos, no todavía«. Antes de que Menem le quitase el uso de la palabra, remató Massot: «Su propia investidura, producto del silencio, empieza a ser cuestionada«.

La idea de que un acuerdo con el FMI debe tener el voto de las dos Cámaras del Congreso figuró en una de las leyes Guzmán. La norma sobre Sustentabilidad de la Deuda fue sancionada por el Congreso en febrero de 2021. Dice que «toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras (…) requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. Fue una idea del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que logró el apoyo de todos los bloques del Congreso en las dos Cámaras. Es de las pocas leyes estructurales que han tenido tamaño consenso, junto a iniciativas de la era Macri, como la Ley de Villas. No fue a pedido de los organismos de crédito, sino que lo reivindica el exministro Guzmán como una iniciativa propia. Ya en abril de 2016, cuando el Congreso discutía el acuerdo con los bonistas negociado por el gobierno de Macri, Guzmán dio una charla en el Congreso como experto, y sostuvo por primera vez la necesidad de que cualquier acuerdo debía tener el respaldo de una ley del Congreso para asegurar el compromiso de cumplimiento. Años después, cuando fue ministro de Alberto Fernández, logró que sancionase la ley.

La posición del bloque peronista en la comisión de DNU contra la aprobación del proyecto de Milei sigue esos lineamientos de Guzmán, que suele ser consultado por algunos senadores de Unión por la Patria. La bancada del peronismo se atiene a una de las condiciones que pone el Fondo para un acuerdo, que es contar con un total respaldo político.

El FMI tiene establecidos cuatro criterios de acceso excepcional a sus acuerdos (Exceptional Access Criteria). Uno de ellos es el que exige a los países los términos de la capacidad política e institucional para implementar el programa. El “EAC4” exige garantías sobre las perspectivas de éxito del programa, teniendo en cuenta la apropiación nacional y la capacidad de implementación. «Este criterio -reclama el FMI en el documento “CHAPTER 4: The Four Criteria”- es el más importante entre los de evaluación, ya que exige que el programa en su conjunto, incluidos los aspectos relacionados con los otros tres criterios, aborde los problemas del miembro de manera oportuna y eficaz”. En el debate de la Comisión reflotarán una confesión pública del ministro Luis Caputo, que justificó el DNU en que el Gobierno no cuenta con los votos suficientes en el Senado para la aprobación de un acuerdo. Si alguien pide testimonio, tiene un clip de un reportaje a “Toto” que le hizo el animador de TV Horacio Cabak.