Luego de los gritos y la tensión durante la conformación de las comisiones, ya tiene fecha el inicio del debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados: desde este martes, los diferentes cuerpos legislativos discutirán los alcances del megaproyecto del Gobierno de Javier Milei, y se anticipan jornadas calientes no solo por el rechazo de la oposición, sino porque el paquete de leyes genera diferencias en el propio seno del oficialismo.

Las oscilaciones se dan en la estrategia, todavía sin definición: están quienes quieren avanzar con el megaproyecto sin cambiarle “ni una coma”, como pretendía -al menos en un principio- el Presidente, y un sector más dialoguista liderado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien se muestra más dispuesto a escuchar reclamos y, eventualmente, sugerir cambios.

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En los bloques más cercanos al Gobierno, como el PRO, también hay cuestionamientos. Entre los tantos ítems que componen la Ley Ómnibus, no convencen la delegación de facultades legislativas al Presidente, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, la reforma electoral y la suba de impuestos, solo por destacar algunos. Y advierten que el debate fracasará si la postura del Gobierno es ir a “todo o nada”.

El problema, según dejaron trascender algunos diputados opositores, es que no está claro el margen de negociación que habilitará el oficialismo, ni quiénes son los interlocutores con el Ejecutivo que pueden definir y aceptar la modificaciones que sean propuestas.

“Si debemos corregir puntos del paquete de leyes, lo vamos a hacer”, avisó Oscar Zago, jefe del bloque de la Libertad Avanza en Diputados. “Vamos a escuchar a todo el mundo y haremos las correcciones que sean necesarias, tanto en los artículos sobre la pesca, asuntos energéticos y temas de otra índole”, profundizó.

En declaraciones a Radio Splendid, Zago hasta se permitió ironizar sobre el ítem que establece que los ciudadanos deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad para realizar reuniones en espacios públicos que involucren a tres o más personas. “Está fuera de contexto. Lo vamos a corregir. Si no, yo no voy a poder caminar por la calle con mi señora y mis dos hijas”, dijo.

La semana pasada ya hubo reuniones entre dirigentes del oficialismo para evaluar posibles cambios. Participaron, incluso, algunos ministros, como Sandra Pettovello, de Capital Humano.

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En paralelo, Francos negocia con gobernadores, diputados y sindicalistas para lograr acuerdos que permitan robustecer el apoyo al megaproyecto. El titular de la cartera de Interior se reunió, por ejemplo, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a quien le prometió modificaciones en los artículos de la reforma de la Ley de Pesca que desregulaban por completo la actividad y despertaron el malestar de todo el sector.

Francos también estuvo con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y luego se reunió con el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Mientras tanto, un dirigente que sigue la línea del diálogo sostenía que “el absolutismo no funciona” y que “si no se negocia y se cede en ciertos puntos, no se aprueba nada”.

El factor tiempo, otro condimento de un enero caliente en Diputados

Otra de las razones de la estrategia dialoguista reside en el factor consenso como motor para acelerar los tiempos. Si bien en el Gobierno insisten en que están dadas las condiciones para que la Ley Ómnibus sea aprobada antes del 31 de enero -cuando finaliza el periodo de sesiones extraordinarias dispuesto por Milei, principal interesado en que la iniciativa salga de manera urgente- hay incógnitas persistentes sobre el asunto.

“Es muy difícil, pero no imposible. Una semana de debate muy profundo, de varias reuniones de las comisiones diarias, puede dejar un dictamen y pasar luego al recinto. Fácil no es, es verdad. Pero depende de la voluntad política”, señaló un importante referente libertario en el Congreso.

Sin embargo, a varios dentro del oficialismo no les dan los cálculos y estiman que recién podría haber una sesión -si la hay- a fines de enero. Y ahí todavía faltaría el tratamiento en el Senado, que demoraría de mínima otras dos semanas.

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El kirchnerismo, mientras tanto, busca capitalizar las diferencias internas en LLA y el apremio del calendario. Unión por la Patria ya tiene decidido el rechazo y buscará sumar volumen para intentar trabar la discusión del paquete de reformas en las comisiones y bloquearlo -así como el mega DNU que ya está en vigencia- en el caso de que llegue al recinto.

El oficialismo convocó formalmente para el martes a un plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales. Y se anunció la asistencia de funcionarios nacionales para explicar y responder preguntas sobre el megaproyecto del Ejecutivo que plantea la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, que incluye la delegación de facultades legislativas al Presidente y reformas en todas esas áreas. Se avecinan nuevos capítulos de tensión.