El proyecto de “Ley de Bases”, con 664 artículos originales, sufrirá una poda significativa, dejando solo 386 temas para debate en la sesión de mañana. El desmalezamiento de la gigantesca iniciativa que presentó el Ejecutivo en el Congreso se dio en el marco de intensas negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, como el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación; que condicionaron su acompañamiento en general a cambio de modificaciones concretas.

No obstante, a pesar de la reducción de temas, todavía persisten tensiones entre el oficialismo y los bloques aliados, que apuntan a forzar más modificaciones durante la votación en particular. Este hecho quedó expuesto en la previa a la reunión de labor parlamentaria, cuando el Gobierno amenazó con retirar la iniciativa de discusión si el paquete de privatizaciones no cosechaba los apoyos suficientes. 

Entre los temas centrales que quedan incluídos, se encuentra el paquete de privatizaciones, seguridad, facultades delegadas del Ejecutivo y las reformas medioambientales. 

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Guillermo Francos, ministro del Interior

En lo que respecta al paquete de privatizaciones, este será uno de los puntos álgidos en la discusión debido a que plantea la venta de 37 empresas públicas. Si bien el Gobierno accedió a quitar a YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías –Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación–, todavía hay muchas diferencias con lo estipulado en el texto del proyecto que motoriza el Ejecutivo. Estas discrepancias no sólo se dan en relación con el rechazo a la liquidación de determinadas compañías con un valor estratégico, sino con cómo está está definido el procedimiento.

Por otro lado, en el área de seguridad, se deberá ver la definición sobre lo que es una manifestación, que el Gobierno determinó como una congregación de más de 30 personas en la vía pública, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa”; los cuales serán objetados no solo por la izquierda y el kirchnerismo, sino también por la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal.

En tanto la cantidad de áreas en emergencia por las que se podría facultar al Presidente Javier Milei a recibir poderes especiales, será otro de los temas conflictivos del debate en el recinto. Aunque se redujo de 11 a 6 facultades, la oposición busca más restricciones, especialmente en áreas tarifaria y energética. No obstante, se consensuó que el período de emergencia será por un año, prorrogable por el Congreso un año más.

Respecto de las reformas en relación con la política medioambiental, los cambios en relación con la forma de financiamiento de la ley de bosques y las modificaciones que sufrirá la forma de protección de los glaciares serán los debates más acalorados.

Entre los temas excluidos, se pueden mencionar a la mutación de la fórmula de movilidad jubilatoria, la suba de los derechos de exportación, la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro; y todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido –principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales–.

Cabe recordar que el Gobierno también vio la judicialización de algunos aspectos del DNU que firmó el presidente Javier Milei en diciembre pasado. En la actualidad, hay más de 60 demandas contra el decreto y la mayoría de ellas están radicadas en la justicia contencioso administrativo federal. Aunque también hay casos en la justicia laboral, en la justicia civil y comercial federal, y en juzgados federales del interior del país.

Los asuntos que están judicializados o suspendidos del DNU de Milei abarcan aspectos laborales, medicina prepaga, privatización de empresas, exportaciones, ley de tierras, yerba mate, aerolíneas, medicamentos, alquileres, fútbol y turismo.

Asimismo, aunque algunos fallos ya suspendieron los efectos del DNU en aspectos específicos de la norma, ninguno de ellos suspendió su vigencia de manera total.