“Lo único que significa la aprobación en general, es que ahora se puede votar en particular. La ley es la votación en particular”, resume un diputado del grupo de bloques que este viernes votó a favor de la Ley Ómnibus en el recinto de la Cámara Baja. Con presión de gobernadores incluida y el clima todavía caldeado por una discusión tensa, el contenido real del paquete de reformas se definirá la próxima semana. Y sigue habiendo puntos clave en conflicto y discusiones abiertas.

Luego de unas 30 horas de debate, negociaciones dentro y fuera de las paredes del Congreso, y una reducción considerable de artículos, la llamada Ley de Bases de Javier Milei fue aprobada en general con 144 votos a favor que La Libertad Avanza consiguió, en su mayoría, entre los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal: estas dos últimas bancadas muy ligadas a distintos gobernadores provinciales.

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Durante todo este viernes, y ya desde la noche del jueves, se sucedieron múltiples reuniones entre los principales referentes de esos bloques en el despacho de Martín Menem. Los encuentros fueron con representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos; y José Rolandi, vicejefe de Gabinete, segundo de Nicolás Posse.

Por momentos, la aprobación en general estuvo en duda. Al menos eso trasmitían los dialoguistas, irritados por los idas y vueltas con el Gobierno, la marcha atrás con supuestos preacuerdos y las críticas directas de Javier Milei a los diputados y gobernadores.

Los bloques “federales” más ligados a los mandatarios provinciales, y sobre todo los representantes de Córdoba dentro de HCF, presionaron al máximo por algún tipo de certeza de que se garantizará recursos a las provincias. Según afirman en ese espacio, los diputados se llevaron, para la votación en particular, un “principio de acuerdo”

Antes de la votación en general, como había adelantado hace tres días al inicio del debate, el oficialismo comunicó los artículos que se quitaron del dictamen original y que fundamentalmente corresponden al capítulo fiscal que prometió retirar el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Pero, a diferencia de hace tres días, hubo -entre otros- dos artículos que no se mencionaron y, por lo tanto, se mantienen: los que refieren a la prórroga del impuesto PAIS. Una parte de los gobernadores –que esperan discutir en las próximas semanas un nuevo pacto fiscal con el Ejecutivo- amenazaban con forzar la coparticipación del impuesto.

Que se mantuvieran esos artículos no supone que finalmente se vaya a aprobar su coparticipación. En los bloques federales lo definían como un “reaseguro”.

La negociación pasaría, en cambio, por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que el Ejecutivo pretendía originalmente liquidar. En cambio, resumiendo una discusión técnica, se propuso “regularizar el flujo de los pagos a las cajas jubilatorias” de provincias como Córdoba y Santa Fe.

En otras palabras, los bloques federales amenazan con la posibilidad de forzar la coparticipación del impuesto PAIS, si el Ejecutivo no cumpliera con por el lado del FGS.

Pero, como viene informando este medio, no se trata del único punto sin acuerdo cerrado antes de la votación en particular que se llevará adelante el martes que viene.

Privatizaciones, cambios en Seguridad y la delegación de facultades: los otros puntos que restan negociar

El jueves, consciente de que no estaban los votos para aprobar el capítulo de las privatizaciones, el Gobierno realizó una contrapropuesta que reducía el número de empresas que quedarían habilitadas para ser privatizadas. Además, las separó en grupos, para que los diputados no se vieran forzados a votar un paquete cerrado y tener que rechazar el conjunto por estar en contra de avanzar sobre alguna empresa en particular.

Sin embargo, en bloques como la UCR y HCF insisten en que todavía debe reforzarse en el artículo lo que refiere al control parlamentario del proceso de privatización y el control de transparencia. Algunos diputados siguen pidiendo que se vote una por una.

El radicalismo –que tiene una bancada de 34 integrantes que el oficialismo necesita sí o sí para aprobar cada artículo- también rechazaba, luego de los enfrentamientos en las calles frente al Congreso y la detención de militantes, el capítulo de Seguridad, que incluye cambios en los criterios de legítima defensa y resistencia a la autoridad y agravamiento de penas.

Tampoco lo votarían espacios como la Coalición Cívica (que integra HCF), y de la misma forma sería rechazada la reforma en Cultura.

Asimismo, continuaban los cuestionamientos a los puntos del proyecto que permitirían al Gobierno reestructurar y tomar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.

También la delegación de facultades en que lo que refiere a la organización y funcionamiento del Sector Público nacional, y permitiría, entre otras cosas: “Centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades” o “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios”, que afectaría a las provincias.

El clima, por otra parte, está lejos de ser ideal. Entre los bloques opositores provocó irritación el comunicado con el que, cuando ya estaba todo acordado para votar a favor “en general”, Presidencia instó a los diputados a decidir “si están del lado de la libertad de los, argentinos o del lado de los privilegios de la casta”.

El enojo lo trasmitió claramente uno de los jefes de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en el recinto, pero era compartido en el resto de HCF, la UCR e incluso algunos legisladores del PRO. “No es la estrategia más conveniente, cuando todavía te falta votar toda la ley”, advertía un diputado radical, finalizada la sesión.