Definido por Arturo Jauretche como “Estatuto Legal del Coloniaje”, el acuerdo venía a concretarse en un momento en el que Gran Bretaña nada tenía de aquella orgullosa potencia que extendía sus dominios a lo largo del mundo. La Primera Guerra Mundial había destruido su economía, y la década del ’20, con su corolario en la Crisis de 1929 y la Depresión mundial que la siguió, sólo habían profundizado la debacle. Por el contrario, las exportaciones argentinas se habían incrementado durante la Gran Guerra, y los años ’20, en particular durante la gestión de Marcelo T. de Alvear, habían permitido incrementar el sector industrial a través de la radicación de empresas norteamericanas en nuestro país. A través del simple expediente de vender carne a Gran Bretaña y adquirir productos industriales en los EE.UU. con las divisas producidas por esas ventas, la economía argentina se modernizó, el automóvil y los colectivos fueron desplazando al transporte ferroviario, sobre todo en las grandes ciudades, al tiempo que el Estado nacional daba un impulso significativo a YPF, a fin de dar respuesta a las nuevas demandas energéticas del sector industrial y de la tecnología automotriz.

El recambio presidencial de 1928, que posibilitó el retorno a la presidencia del viejo caudillo radical Hipólito Yrigoyen, estuvo acompañado de oscuros nubarrones sobre el futuro nacional. Las pretensiones de la Standard Oil (ESSO) de poner fin a la empresa estatal YPF para apropiarse de nuestros recursos del subsuelo fueron acompañadas por un sector representativo de la oligarquía argentina, y los rumores de un inminente golpe de estado comenzaron a circular ya desde los inicios de la campaña electoral. La victoria contundente de Yrigoyen, con más del 60 por ciento de los sufragios, postergó pero no consiguió archivar ese proyecto, que habría de concretarse finalmente el 6 de septiembre de 1930. Tras la asunción de Yrigoyen, Gran Bretaña comunicó a las nuevas autoridades que sólo podría continuar adquiriendo productos argentinos a condición de que las divisas generadas por ese comercio fueran aplicadas a la compra de productos ingleses, ya que habían sido desplazados de la mayor parte del mercado mundial por las manufacturas norteamericanas. Yrigoyen aceptó el envío de una misión inglesa, encabezada por Lord d’Abernon, con el fin de negociar las nuevas bases del intercambio comercial anglo-argentino. La crisis de 1929 y su deposición posterior impidieron que la gestión de Yrigoyen consagrara definitivamente el acuerdo alcanzado, que anticipaba los lineamientos generales del Pacto Roca – Runciman.

El Pacto Roca – Runciman

La Conferencia de Ottawa (1932) significó el reinicio de la ofensiva inglesa sobre la economía argentina. Argumentando la presión de los estados miembro de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que exigían que Gran Bretaña se abasteciese de alimentos al interior de ese espacio, las autoridades inglesas recurrieron al chantaje, exigiendo una serie de condiciones inaceptables para cualquier país independiente, como condición excluyente para la continuidad de las compras de las carnes argentinas. De este modo, exigió la fijación de un precio inferior al pretendido por las economías de la Commonwealth, con una disminución anual del volumen de las compras de un 5 por ciento, la liberación de impuestos para los productos ingleses, la desarticulación de industrias y servicios competitivos con los británicos –corporación de colectivos, producción de carbón, etcétera–, y la creación de un Banco Central, concretada en 1936, que entregó a los intereses británicos la soberanía financiera de la nación. Además, se incluyó un pago compensatorio a las empresas ferroviarias británicas por la caída de sus utilidades a partir de la crisis.

Para la oligarquía argentina, el acuerdo venía a poner las cosas en su lugar, a tal punto que el vicepresidente Roca, en el marco de las negociaciones realizadas en Gran Bretaña, había destacado que “por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”. Esta afirmación era desmentida por el senador santafesino Lisandro de la Torre, quien puntualizó por entonces que “no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones”. Esta controversia se desarrollaría al interior de las instituciones legislativas, dejando a las claras, una vez más, hasta que dónde estaba dispuesta a llegar esa oligarquía en defensa de sus intereses sectoriales.

Auge y ocaso del “fiscal de la república”

Lisandro de la Torre había nacido en Rosario, el 6 de diciembre de 1868. En 1890 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, y acompañó a Leandro Alem en la fallida Revolución del ’90 y, al año siguiente, en la creación de la Unión Civica Radical. Convertido en uno de los referentes principales de la UCR santafesina, De la Torre participó de la Revolución de 1893, donde llegó a ser proclamado jefe de gobierno por los revolucionarios de su provincia. Sin embargo, la actitud diletante de Aristóbulo del Valle, sumada a una serie de polémicas acciones de Hipólito Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires motivaron el fracaso de la iniciativa. Decepcionado por la corrupta matriz de la política de su época y por lo que juzgaba como una traición de su sobrino Hipólito para desplazarlo de la conducción de la UCR, Alem se suicidó en julio de 1896. Unos meses antes había fallecido Del Valle, por lo que el liderazgo partidario había quedado vacante. De la Torre propuso cerrar una alianza con el mitrismo, para confrontar con el roquismo, que fue vetada por Yrigoyen, motivando la ruputura del rosarino con la UCR, con agrios conceptos sobre el nuevo líder radical, al que acusó de tener una “actitud hostil y perturbadora, antes y después de la muerte del doctor Alem, anteponiendo a los intereses del país y los intereses del partido, sentimientos pequeños e inconfesables”. Las declaraciones de De la Torre concluyeron en un duelo con sables, que dejaron en su rostro una herida pronunciada, que le obligó a usar barba a partir de entonces.

Ya alejado de la UCR, De la Torre trató de consolidar su liderazgo santafesino, y creó la Liga del Sur en 1908. Esto le permitió acceder a la Legislatura provincial en 1911 y un año después, ya en vigencia la ley Sáenz Peña, accedió a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación a los 44 años. A partir de entonces, intentó crear un espacio político nacional capaz de nuclear a independientes y a corrientes políticas fragmentarias, sobre la base de un programa que sostenía una economía pastoril, con mayor incidencia de los sectores medios, y un alto grado de autonomía de los municipios.

Su propuesta desembocó en la creación del Partido Demócrata – Progresista, pero en la práctica no consiguió trascender la dimensión regional, ante el éxito del fabuloso andamiaje electoral construido por su archirrival Hipólito Yrigoyen. De la Torre debió aguardar a la concreción del golpe de 1930 para alcanzar trascendencia nacional, formando parte de la fórmula presidencial completada por el Partido Socialista que fue derrotada en las elecciones fraudulentas de 1932 por la Concordancia, que permitió consagrar a Justo y Roca (h). Estas elecciones incluyeron la proscripción de la UCR yrigoyenista, por lo que, con su participación, De la Torre confirmó que, aunque progresista, tenía poco de demócrata. A partir del año siguiente desarrolló una enconada oposición al Pacto Roca – Runciman, que incluyó tanto motivos éticos –que son destacados habitualmente–, cuanto intereses personales y sectoriales mucho más concretos: por un lado, significaba una especie de revancha frente a quienes lo habían vencido en la amañada justa electoral; por otro, los pequeños y medianos ganaderos y agricultores, que constituían su principal base social, no obtenían beneficio alguno de este acuerdo.

De la Torre impulsó la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la Nación, a fin de examinar los oscuros procedimientos del frigorífico Anglo, sospechado de falsificar datos contables a fin de evadir impuestos. En 1935, la Comisión presentó su informe, que demostró la existencia de graves actos de corrupción que involucraban al entorno del presidente Justo, y en especial a sus ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y de Agricultura, Luis Duhau. El 23 de julio, Duhau agredió a De la Torre en el recinto del Senado Nacional, mientras un sicario suyo, Ramón Valdez Cora, efectuaba una serie de disparos, que provocaron la muerte de Enzo Bordabehere, compañero de bancada del rosarino. El crimen permaneció impune, de acuerdo con los procedimientos fijados por una oligarquía que consideraba al estado como su instrumento y agente de operaciones, y decidida a eliminar cualquier obstáculo que se opusiera a sus intereses, tal como ya lo habían experimentado en el pasado pueblos orginarios, gauchos, negros, mulatos, zambos y anarquistas. A De la Torre le quedó en compensación el reconocimiento social como fiscal de una república corrupta y oligárquica, y un nuevo duelo a pistolas, esta vez sin consecuencias, con el ministro Duhau.

A partir de entonces, De la Torre debió luchar contra sus fantasmas. El 5 de enero de 1939, se descargó un tiro de escopeta en la soledad de su departamento de la calle Esmeralda. La enseñanza era contundente: la salud de la república no podía restablecerse a partir de las acciones moralizantes de políticos de la vieja escuela oligárquica. Cuatro años después, las masas irrumpirían en la vida política argentina, con su savia democrática intacta, de la mano de un líder dispuesto a conducir definitivamente a la Argentina por el camino de la igualdad y de la justicia social. (www.REALPOLITIK.com.ar)