Kanki Alonso, residente de Chapadmalal, presentó una denuncia penal ante el ministerio Público Fiscal de La Plata, donde acusa a funcionarios de la gestión de Axel Kicillof de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y manipulación de documentos legales. La denuncia, que pone sobre el tapete el rol de la dirección provincial de Gestión Hídrica (DPGH) y la Autoridad del Agua (ADA), expone la presunta omisión de normas esenciales en la evaluación de proyectos de edificación en zonas costeras protegidas, afectando ecosistemas críticos en la costa de la provincia de Buenos Aires.

Una denuncia que apunta a altos funcionarios

Alonso acusa directamente a la directora de Gestión Hídrica, Andrea Cumba, y al director de Gobernanza, Juan Ignacio Echave, de autorizar permisos de prefactibilidad hidráulica sin cumplir las disposiciones del Código de Aguas de la Provincia (ley 12.257), una normativa diseñada para proteger las áreas naturales cercanas al Océano Atlántico.

Según el documento, estos funcionarios habrían aprobado el proyecto de construcción «La Reserva del Mar», que incluye nueve edificios de gran altura en la zona de Chapadmalal, sin observar las restricciones de distancia establecidas en la ley para zonas de médanos y costas marítimas.

Incumplimiento de la ley de Protección de Aguas

La denuncia resalta dos artículos clave de la ley 12.257 que habrían sido ignorados. El artículo 142 prohíbe el loteo y la construcción a menos de 150 metros del océano y sobre los médanos, mientras que el artículo 143 prohíbe la modificación del uso de la tierra en una franja de 50 metros adyacente a ríos y lagunas públicas. Sin embargo, el proyecto aprobado por la ADA contempla la construcción de edificaciones entre 100 y 180 metros de la línea de ribera, en clara violación a estas normativas.

la La directora de Gestión Hídrica, Andrea Cumba.

Además, Alonso señala que la ADA utilizó como base normativa una ordenanza municipal de 1991, caducada desde el año 2000. Según la denuncia, los funcionarios habrían tergiversado la vigencia de esta ordenanza para facilitar la aprobación del proyecto, omitiendo las protecciones establecidas en el Código de Aguas.

Impacto ambiental y riesgos de erosión costera

El proyecto «La Reserva del Mar» es promovido por The Tides Corp SA, una empresa formada por Diego Julián Vespa, Diego Alejandro Larluz, Daniel Ángel Fumaroni. La compañía plantea un riesgo significativo de impacto ambiental en la zona de Chapadmalal, afectando la estabilidad de los médanos y aumentando la erosión costera, según sostiene Alonso. La denuncia también incluye antecedentes de incumplimientos previos, con varios expedientes cerrados sin el debido tratamiento y sin aplicar sanciones o restricciones a construcciones clandestinas en áreas de protección.

Alonso argumenta que estos actos constituyen una violación a la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y solicita que el ministerio Público Fiscal investigue a los funcionarios implicados y tome medidas para impedir el avance de las obras. Como prueba, se ha presentado un informe de impacto ambiental que cuestiona la legalidad del proyecto y su cumplimiento de las normativas hídricas y ambientales vigentes.

Una denuncia respaldada por antecedentes y pruebas

El denunciante aporta una serie de expedientes y documentos que muestran un patrón de incumplimientos por parte de la dirección de Gestión Hídrica. Según Alonso, se han desestimado múltiples denuncias sobre construcciones en zonas de restricción, incluyendo edificaciones sobre cursos de agua y en áreas protegidas por ley. Estos expedientes han sido clausurados con dictámenes técnicos que señalan la no incumbencia de los casos para la ADA, dejando las obras en situación de clandestinidad sin sanciones ni controles adecuados.

Exigen una respuesta de la Justicia

La denuncia, que está en manos de la fiscalía, exige que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados y se detenga el avance de los proyectos que no cumplen con las normativas ambientales de la provincia. La inacción de la ADA y la aparente connivencia con intereses privados generan un riesgo creciente para los ecosistemas costeros y cuestionan la transparencia y el cumplimiento ético de sus funcionarios.

En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental, este caso refleja la necesidad de una gestión hídrica responsable y en cumplimiento de las leyes. La denuncia de Alonso, respaldada por un extenso archivo de documentos, se convierte así en un llamado urgente para frenar la destrucción de la costa bonaerense y exigir una respuesta de las autoridades ante los aparentes incumplimientos de quienes tienen la obligación de proteger el patrimonio natural. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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