La interna del gremio de colectiveros se mezcló con la elección. Seccionales rebeldes al histórico liderazgo de la UTA de Roberto Fernández empujan la realización de un paro nacional de colectiveros justo antes de las elecciones del 22 de octubre.

Se trata de una jugada que busca dejarlo expuesto ante el gobierno nacional, donde reconocen que un paro nacional de transporte en la previa de la elección puede ser letal para las apsiraciones de Sergio Massa de meterse en el ballotage.

Fernández, como otros líderes sindicales que ya superan décadas al frente de su organización, viene sufriendo un progresivo deterioro de su liderazgo, presionados por dirigentes que están hartos de esperar un recambio que nunca llega.

La interna de los gremios de transporte detrás del paro de trenes de Maturano

Un signo de ese deterioro se vio en el último paro de transporte el pasado 6 de julio, cuando un sector de los trabajadores de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) adelantó de manera inconsulta el paro nacional de colectivos que Fernandez había anunciado -presionado- a partir de esa medianoche.

«Habíamos anunciado el paro en el marco de las negociaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo durante la jornada», dijo a LPO una fuente de la UTA que responde a la conducción de Fernandez que agregó que «una línea interna se adelantó y el grupo DOTA, que es el más crítico de la gestión del secretario General del sindicato, paró la actividad a las cuatro de la tarde».

En el gobierno nacional reconocen que un paro nacional de transporte en la previa de la elección puede ser letal para las apsiraciones de Sergio Massa de meterse en el ballotage.

En ese momento el paro se precipitó cuando los trabajadores detectaron que el gobierno había girado fondos para los aumentos de sueldos y las empresas retenían el dinero. Los empresarios tenían una explicación. «Los montos de las compensaciones están muy atrasados respecto a la inflación», dijo a LPO la fuente empresarial. 

Como sea, el aumento salarial que en ese momento resolvió el conflicto se dió por decreto sin la firma de las cámaras empresariales. «Estamos pintados», reconoció el empresario. 

El Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor) es un conglomerado de empresas que controla, directa o indirectamente, el 70% de las líneas de colectivos que circulan en el AMBA: 180 líneas que cubren 733 ramales.

A esto se suma el negocio de la venta de carrocerías que «está concentrada en pocas manos, que condicionan la provisión de insumos y revientan empresas para comprarlas baratas una vez que están quebradas», agregó a LPO la fuente de la UTA.

En el gobierno coinciden con este diagnóstico: «El estado nacional desembolsa 70.000 millones de pesos mensuales para subsidiar el sistema, plata que va a empresas que ofrecen un pésimo servicio con un fenomenal proceso de desinversión y flotas deterioradas», reconoció a LPO un funcionario de Transporte.

De hecho, en la cartera que conduce el rosarino Diego Giuliano reconocen que el problema pasa por la asignación de esos subsidios.

Es por eso que buscan avanzar con la nacionalización de la SUBE para revertir el sistema y subsidiar directamente a los usuarios. Una promesa que han repetido todos los gobiernos -incluido Macri- desde que Cristina Kirchner creó la tarjeta. Hasta acá nadie se atrevió a implementarla en serio.

A partir de una medida tomada al comienzo de la pandemia, los colectiveros de las provincias cobran el 88% de su salario como no remunerativo. Esto quiere decir que los aportes patronales y previsionales se realizan por el 12% de su sueldo, con lo cual van a tener jubilaciones miserables.

En Transporte reconocen la dificultad, pero destacan que l SUBE funciona como método de pago en el transporte público en 52 localidades, además del AMBA, se trata de 14 millones de usuarios mensuales. De esas 52 localidades, 13 fueron implementadas durante la actual gestión: Arrecifes, Coronel Rosales, Balcarce, San Pedro, Chivilcoy y Tandil en Buenos Aires; Concordia en Entre Ríos; San Rafael en Mendoza; Plottier en Neuquén; General Roca en Río Negro; Río Gallegos en Santa Cruz; Reconquista y Rosario en Santa Fe.

A este entramado complejo se suma la diferencia salarial de los colectiveros del AMBA respecto a lo que cobran los conductores del interior del país. «A partir de una medida tomada al comienzo de la pandemia, los colectiveros de las provincias cobran el 88% de su salario como no remunerativo. Esto quiere decir que los aportes patronales y previsionales se realizan por el 12% de su sueldo, con lo cual van a tener jubilaciones miserables», dijo a LPO la fuente del gremio.