En época de reducción de gastos, cuando empleados y afiliados de Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) al igual que los trabajadores de entes públicos de la provincia de Buenos Aires, hacen malabares para llegar a fin de mes, existe una casta en ese mismo universo bonaerense. Funcionarios de organismos de control perciben salarios que superan al sueldo de su gobernador Axel Kicillof representando una incongruencia e injusticia aún mayor si se consideran la falta de antecedentes laborales o formación profesional.

Se trata principalmente de la Asesoría General de Gobierno, un área que suele ser objeto de deseo debido a que abona los sueldos estatales más altos de la provincia de Buenos Aires sin tributar el impuesto a las Ganancias.

Definiéndose a sí mismo como “un trabajador estatal que tuvo la oportunidad de estudiar”, Santiago Carlos Pérez Teruel percibió en diciembre pasado un sueldo de 3.229.654,14 pesos, de los cuales, sin retenciones de IOMA, le quedaron netos 2.622.479,16 incluyendo 758.298 en concepto de gastos de representación. Con pasado de asesor Adjunto, puesto que ahora ostenta su colega e hijo del ex titular del Tribunal de Cuentas, Ignacio Martín Grinberg, acompaña jurídicamente a Kicillof desde su gestión al frente del ministerio de Economía desde 2013 al 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Ignacio Martín Grinberg.

Esta Asesoría General del Gobierno bonaerense volvió a su rol e importancia original tras perder su rango ministerial durante el mandato de María Eugenia Vidal tras la causa judicial por los aportantes irregulares que derivó en la renuncia de la contadora General provincial Fernanda Inza, ex tesorera del Pro.

Los actuales asesores de Kicillof, Sergio Aliandri e Ignacio Martín Grinberg, también cobrarían salarios de 3 millones de pesos mensuales al mismo tiempo que sus siete secretarios letrados embolsarían 2 millones cada uno sin contar la decena de asesores de menor rango que superan los 900 mil pesos cada treinta días. Sería casi excepcional que estudios jurídicos provinciales especializados en derecho administrativo abonen sueldos similares para profesionales de edades y experiencia semejante.

Sergio Aliandri.

La designación de funcionarios públicos cuyo único antecedente es ser pariente de un político constituye una constante. Por caso, Francisco Zannini desfiló por una sucesión de cargos estatales siendo nombrado subsecretario de Planificación Ambiental sólo semanas después que su padre, Carlos “El Chino” Zannini, fue ungido procurador del Tesoro por el entonces presidente Alberto Fernández.

Francisco Zannini.

El nepotismo continuó, fue reemplazado por Tamara Basteiro, hija de Ariel, quien fuera diputado y embajador en Bolivia. Alejado de estas funciones, sigue revistiendo funciones en el estado bonaerense como parte de la Asesoría General con un sueldo de un millón y medio de pesos.

Antes de llegar a los estados provinciales, funcionarios de la AGG aterrizaron en la Justicia estadounidense. El periodista Carlos Pagni de La Nación reveló que Mary Kay Vyskocil, jueza del segundo distrito de Nueva York, recibió un denuncia del abogado Dennis Hranitzky del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan exigiéndole al Bank of New York Mellon, su subsidiaria Pershing y American Express que aporte información de movimientos financieros significativos de entes y funcionarios públicos bonaerenses.

El abogado norteamericano involucró a su colega argentina Ana María Bazán, funcionaria de la Asesoría General y también a figuras de mayor rango como el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, endilgándole que habrían utilizado “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.

Ana María Bazán.

También fueron denunciados Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del ministerio de Seguridad de la provincia; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; y Matías García, director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, como parte de una operación ilícita para transferir dinero a cuentas en el exterior, a partir de una investigación que se desprende de los denominados Pandora Papers.

La Justicia norteamericana aún no se expidió, los intereses se entrecruzan. El denunciante representa a Glacial Capital, LLC y TRESE Holdings que ganaron un juicio contra la provincia de Buenos Aires por 35.092.958 dólares como bonistas que no aceptaron el canje propuesto por Kicillof.

Por supuesto, mediante un comunicado de prensa emitido en octubre por el ministerio de Comunicación Pública bonaerense, el gobierno de Kicillof desmintió todas las acusaciones a las que atribuyó como parte “de un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero con medios locales”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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