La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), la Federación Latinoamericana de Fiscales y la Federación Latinoamericana de Magistrados apoyaron a los fiscales federales Diego Iglesias, José Luis Agüero Iturbe, Cecilia Incardona y Carlos Stornelli frente a las órdenes de captura por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab.

En sendos comunicados esas entidades se sumaron al apoyo que esta semana le dio el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, junto a su mano derecha Manuel Olima Espel, a los fiscales que sufrieron ese inédito pedido de captura internacional.

Los fiscales Agüero Iturbe y Stornelli son quienes impulsaron la causa en la que el juez federal Sebastián Ramos, por orden de la Cámara Federal porteña, dispuso la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, de uno de sus ministros y de otros catorce funcionarios de gobierno por delitos de lesa humanidad.

En tanto, la fiscal Incardona y el fiscal Iglesias impulsaron el proceso en el que se investigó a la tripulación del Boeing 747 operado por la línea de carga estatal venezolana Emtrasur y solicitaron su decomiso. Este avión había sido usado para trasladar tropas y municiones del Hezbollah del Líbano a Siria.

En un comunicado la AFFUN, que preside el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, repudió las ordenes de detención dispuestas por el fiscal chavista de Venezuela y sostuvo que “descalificó de manera grosera y agresiva-entre otras- a las instituciones judiciales argentinas, lo que constituye una injerencia indebida a los principios de la soberanía de los estados”.

“Por ello, aparecen como totalmente irregulares las capturas internacionales y las alertas rojas supuestamente solicitadas por el Fiscal General Venezolano en contra de los magistrados judiciales, ya que se fundamentan en cuestionamientos a su actuación funcional en procesos judiciales tramitados o en trámite en nuestro país”, agregó el comunicado de la AFFUN.

Además, recordó que las “impugnaciones a las que se alude nuevamente no tuvieron éxito en la vía recursiva de la causa referente al avión de «Emtrasur» en la justicia argentina, donde el Estado de Venezuela se presentó como parte…”, agregó la AFFUN.

Del mismo, la AFFUN de Toranzos manifestó su solidaridad “…con todos los funcionarios atacados, de los distintos poderes del Estado, en especial con los fiscales Cecilia Incardona, Jose Agüero Iturbe, Carlos Stornelli y Diego Iglesias”.

Las “pretensiones del Dr Saab solo tienen la intención de intimidar y silenciar a los actores que llevan adelante las investigaciones de jurisdicción universal sobre hechos acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela, y por ello, exhortamos a las autoridades judiciales venezolanas, en caso de existir un planteo formal, rechace «in limine» las órdenes de captura solicitadas…”, agregó la entidad que preside Toranzos.

A su vez, la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) que preside Marcelo Varona Quintián, adhirió al comunicado de la de la AFFUN en todos sus términos.

En la misma línea, la Federación Latinoamericana de Fiscales emitió un comunicado. “Nos solidarizamos con la situación de Fiscales argentinos y las asociaciones que integran esta Federación y por ello exhortamos a una prudencia especial de las autoridades judiciales competentes de Venezuela de modo tal que no afecten y pongan en riesgo los principios republicanos al admitir presiones intolerables para el normal funcionamiento de los Ministerios Públicos Fiscales”, agregó entidad internacional.

A su vez, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) que preside el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, recordó que el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos”.

“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, agregó FLAM.

Basado en esos principios, la FLAM pidió al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, “facilitar el acceso a la información de la causa judicial en las que se habrían dictado las medidas de detención de los magistrados y fiscales de la República Argentina”.