MAR DEL PLATA.- La cruzada casi personal que el intendente Guillermo Montenegro emprendió contra cuidacoches y protagonistas de tomas de inmuebles, a los que en sus posteos en redes sociales define como “fisuras”, lo llevó hasta los tribunales locales, citado a raíz de una denuncia presentada por autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria a partir de supuestos casos de excesos en operativos en los que habrían incurrido agentes de la Patrulla Municipal.

Tras participar de la audiencia convocada por el juez de Garantías Juan Tapia, que tomó el caso en investigación, el jefe comunal no solo ratificó el accionar que en materia de orden público está llevando adelante desde su Secretaría de Seguridad sino que además cargó responsabilidades sobre algunos sectores de la política que buscarían afectar a la ciudad y su gestión de gobierno.

“Defendemos al marplatense, al que labura y no defendemos chorros”, dijo ante la prensa y aseguró que así como durante algún tramo de su primer mandato debió enfrentar intentos de tomas de tierra que relacionó con sectores de la oposición, ahora asegura que “toman la decisión de mandar gente a Mar del Plata para que pululen por la calle y que generen caos”. Según insistió, el 80% de los identificados en operativos “no son gente de Mar del Plata y no son gente en situación de calle”.

En ese sentido volvió a apuntar contra algunos dirigentes en particular e hizo hincapié puntual en Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos con el que viene manteniendo un cruce fuerte desde hace largo tiempo y por este mismo tema. “Grabois cuida a los chorros y yo cuido a la gente”, dijo y remarcó, sin dar referencias concretas a procedencias y responsables de la supuesta maniobra: “Si siguen trayendo gente vamos a seguir haciendo lo mismo, y no me importa la cantidad de denuncias”, remarcó.

Montenegro acudió a esta cita acompañado por sus secretarios de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, y de Seguridad, Rodrigo Goncálvez. Son las áreas que participan en este relevamiento de gente en situación de calle, en algunos casos con asistencia y en otros, más conflictivos, con resoluciones más drásticas y participación policial. Montenegro destacó que “casi 30 personas” durante esos últimos meses, identificadas por la Patrulla Municipal por contravenciones en vía pública, tenían pedido de captura. En su mayoría, en jurisdicciones ajenas a este distrito.

La Comisión Provincial por la Memoria abrió este camino judicial con la presentación de tres hábeas corpus por estos operativos que realiza la Patrulla Municipal, un cuerpo que depende de la Secretaría de Seguridad, recorre las calles y que desde este verano dispone de armas no letales. Dos de esas acciones fueron desestimadas en tribunales y esta tercera es la que está en curso.

Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, insistió tras la audiencia que la Patrulla Municipal al servicio de la gestión de Montenegro “actúa fuera de la ley”. Remarcó el caso específico de un operativo en el que uno de los agentes de ese cuerpo golpea en el rostro a una persona que era sostenida y retenida por otro agente. “No hizo sumarios administrativos, es una situación muy grave”, dijo sobre un caso que se registró con video y tuvo trascendencia pública porque el propio intendente lo expuso en sus redes sociales.

“No hace análisis de la conducta de su gente, que actúa cómo quiere y genera impunidad”, denunció el bonaerense y ratificó la denuncia contra un cuerpo de agentes municipales que “ejerce atribuciones policiales que no tienen”. “Cometen delitos, hostiga y amenazan a la gente”, remarcó.

Estas denuncias tuvieron origen en una acción puntual sobre gente que dormía en las salas de cajeros automáticos que son antesala de sucursales bancarias. Esos espacios son utilizados con frecuencia por personas que no tienen donde pernoctar.

Desde el municipio han insistido en que desde Desarrollo Social se ofrecen espacios de contención. Y remarcan que quienes son retirados por la fuerza son personas identificadas y que, incluso, tienen pedidos de captura abiertos, por lo que se requirió personal policial para la correspondiente aprehensión y puesta de estos individuos a disposición de la justicia.

“Arrancamos con la zona roja, muy fuertes con las tomas y ahora con los trapitos y fisuras que extorsionan a los vecinos de la ciudad”, dijo Montenegro, acusó a la CPM de estar “financiada por la provincia” y “cuidar chorros” y ratificó que es “el mayor responsable de la Patrulla Municipal”, con lo que volvió a respaldar a esos agentes. “Al está por fuera de la ley se lo trata por fuera de la ley, es un delincuente”, insistió.