Manuel Adorni, vocero presidencial, habló de la recepción de las denuncias en el marco del protocolo antipiquetes en la Marcha del 20D.

“Recibimos 16.150 llamadas de personas que reclamaban por la intermediación de las organizaciones sociales. Más de 1200 encuadraban con el delito de extorsión”, afirmó el funcionario, quien además confirmó que elevaron la presentación judicial en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

En el mismo sentido, el funcionario precisó que la línea 134 fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas.

“En la movilización participaron 14 organizaciones. Entre ellas, el Movimiento Evita, Darío Santillán, MTE, Movimiento Patria Justa”, explicó.

También aseguró que el protocolo de seguridad desplegado costó alrededor de $60.000.000 y aseguró que “se les pasará la factura” a los grupos que impulsaron la marcha del 20 de diciembre.

Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el gobierno nacional asegura que tiene el detalles de “quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”.

Este viernes, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.