Durante su gestión la violencia se incrementó. El respaldo de los EE.UU. a la instalación de dictaduras cívico-militares en América Latina poco ayudaba a la consolidación democrática, y el Terrorismo de Estado instalado en Chile por el genocida Augusto Pinochet en 1973 comenzó a proyectar su sombra sobre la Argentina.

El gobierno de Isabel Perón buscó apoyarse en aquellos sectores que parecían brindarle un apoyo más sólido en la interna partidaria, y con los cuales el hombre fuerte del nuevo gobierno, José López Rega, tenía mayor afinidad ideológica, entre los que se contaban sectores caracterizados de la burocracia sindical, grupos nacionalistas y miembros de las fuerzas de seguridad. Para combatir a las organizaciones de izquierda, la gestión convocó a las FFAA y expresó cierto favoritismo hacia las empresas de capital extranjero, por lo que el Pacto Social impulsado por el hasta entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard, fue desactivado. Su reemplazante fue Alfredo Gómez Morales, bendecido por López Rega con el acuerdo de la burocracia sindical, quien había sido titular del Banco Central entre 1949 y 1952 y ministro de Economía de Perón entre 1952 y 1955, en los años del Segundo Plan Quinquenal.

La economía mostraba ya signos de agotamiento. A partir de 1974, el fuerte aumento que registró el precio internacional del petróleo había encarecido las importaciones. El empresariado desconoció el Pacto Social y provocó desabastecimiento e incremento de precios y la CGT retomó sus reclamos sectoriales. La escasa credibilidad que transmitía Isabel aceleró la escalada de los índices inflacionarios.

La conflictividad social crecía a ritmo acelerado, por acción tanto de las organizaciones armadas, como de la Triple A –organización parapolicial prohijada por López Rega– y las demandas laborales que no encontraban respuestas consistentes. 

Gómez Morales revirtió el programa inicial del peronismo y archivó iniciativas en marcha que reivindicaban los intereses nacionales, como la estatización de las estaciones de servicio de las petroleras ESSO y SHELL o la anulación de contratos de ENTEL con Siemens e ITT. Los mismos dirigentes sindicales que lo apoyaron inicialmente comenzaron a tomar distancia. Para peor, en marco de la recesión internacional, la Comunidad Económica Europea suspendió las compras de carne a nuestro país.

La inflación se aceleraba sin pausa. La burocracia cedió a la presión de sus bases y obtuvo aumentos salariales por más del 100 por ciento. El ministro implementó un esquema recesivo, que incluía restricciones a la emisión de divisas y reducción del gasto público. En junio de 1975 López Rega decidió destituirlo y fue designado Celestino Rodrigo, economista de escaso vuelo que derivó la gestión en Ricardo Zinn, socio minoritario del Grupo Macri, quien, entre otras medidas, implementó un violento ajuste –el “Rodrigazo”- con una devaluación del 100 por ciento para el tipo de cambio financiero y del 160 por ciento para el comercial, en tanto se incrementó el precio de la nafta en un 181 por ciento y del transporte urbano en un 75 por ciento. La inflación se disparó y se creó un enorme mercado paralelo de monedas extranjeras.

A consecuencia del Rodrigazo, por primera vez la CGT organizó un paro contra un gobierno peronista el 27 de junio de 1975. El acatamiento fue masivo, y provocó el alejamiento de López Rega y de Rodrigo, sucediéndose a continuación varios ministros que no consiguieron frenar un índice inflacionario, que llegaría a superar el 180 por ciento anual. 

El “Operativo Independencia”

A inicios  de 1975, la crisis económica se pronunciaba y la lucha armada aumentaba su intensidad. En vistas del aumento de las acciones de Montoneros y del ERP y las respuestas de la organización Triple A, Isabel Perón decidió fortalecer la acción represiva, lo que incluyó el cierre de publicaciones y la asignación de un protagonismo mayor a las FFAA. El Tte. Gral. Jorge R. Videla fue designado al frente del Ejército y, en el mes de febrero de 1975, un decreto autorizó el “Operativo Independencia”, para acabar con la guerrilla del ERP que actuaba en la zona de Monteros (Tucumán). “Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, que condenar en sede judicial a un subversivo”, argumentó su primer jefe, el Gral. Acdel Vilas.

El ERP, con sólo algunos centenares de combatientes, desempeñó un exitoso papel por varios meses, hasta que Isabel solicitó licencia por razones de salud, entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1975. El presidente provisional del Senado a cargo de la presidencia de la Nación, Italo Lúder, dispuso que “el comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” y extendió el operativo en todo el país. Al eliminarse todo límite para su accionar, las FFAA convirtieron la lucha contra el ERP en una verdadera “guerra cultural” contra las ideas y valores humanitarios y progresistas de intelectuales, artistas, docentes, profesionales, religiosos, trabajadores y amas de casa.

En diciembre de 1975 Vilas fue reemplazado por el Gral. Antonio Bussi. Unos días después, el 23 de diciembre, un batallón urbano del ERP, asistido por unos 40 combatientes procedentes de Tucumán, atacaron al batallón Domingo Viejobueno, en el conurbano bonaerense, para tratar de capturar su arsenal. El fracaso fue absoluto. 62 atacantes fueron eliminados, y una treintena de ellos fueron fusilados después de rendirse. La capacidad operativa del ERP estaba aniquilada. Sin embargo, las FFAA no aceptaban ya su subordinación al poder civil. El 18 de diciembre, el Brigadier Orlando Capellini encabezó un Golpe de Estado que fue desarticulado a duras penas por la conducción de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el titular de la fuerza, Brig. Gral. Héctor Fautario fue removido de su cargo, y reemplazado por el Brigadier Orlando Agosti. 

La caída de la democracia se aceleraba. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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