Hasta la asunción del presente gobierno, el país estuvo al borde del abismo del default, a pesar de los antecedentes de las reestructuraciones de la deuda soberana 2005 y 2020.

Una reestructuración de deuda es el reconocimiento por ambas partes de que la capacidad de repago del deudor es menor que al momento de pedir prestados los fondos.

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La capacidad de repago de la deuda soberana está en función de la riqueza percibida de la nación deudora, sinónimo de su ingreso permanente o PBI potencial.

El lema del Gobierno “no hay plata” expresa objetivamente que el desquicio heredado de las finanzas públicas de las últimas dos décadas ha eliminado el crédito externo e interno, reduciendo al menos transitoriamente, el PBI potencial del país.

Pero para que el sistema económico arranque de nuevo tiene que volver la oferta de crédito, es decir, “los dólares frescos”.

Para lograrlo, la sociedad argentina y su gobierno tienen que demostrar que el PBI potencial de la Argentina es mayor que al momento de la reestructuración de deuda.

En efecto, el presente gobierno ha emprendido la batalla para explicar que la Argentina tiene oportunidades productivas potenciales y una capacidad de repago de su deuda soberana sustancialmente mayor a la herencia kirchnerista mediante un profundo cambio de régimen macroeconómico a favor del crecimiento basado en el ahorro de los argentinos cuya transición exige desregular y privatizar gran parte de empresas publicas sujetas al despilfarro, la corrupción y la ineficiencia.

La capacidad “objetiva” de repago de las deudas depende del sector de origen del deudor, del tipo de acreedor y de la moneda en que se realizaron los contratos.

En el caso de deuda soberana, su sostenibilidad es función de los superávits comerciales futuros logrados mediante un aumento solido de la capacidad de exportar, única fuente genuina de dólares para pagar la deuda externa, importar y ahorrar.

Asimismo, la condición de sostenibilidad de la deuda pública exige demostrar que el sector público pueda generar intertemporalmente superávits fiscales estructurales mediante un esfuerzo de consolidación fiscal que el actual gobierno está encarando con mayor grado de exigencia que la condicionalidad del FMI.

Dado que la deuda pública es en gran parte en dólares, el estado argentino tiene que demostrar a sus acreedores -mayormente locales-, que puede comprar los dólares para atender los pagos de su deuda mediante superávit fiscal, evitando su monetización para no alimentar la demanda de dólares por motivos precautorios, verdadero origen del cepo.

La literatura económica de deuda soberana, por ejemplo, De la crisis financiera a la crisis de deuda, de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, han señalado que no alcanza con cumplir la condición “objetiva” de sostenibilidad de la deuda pública, sino también el deseo de pagar (“willingness to pay”), como ha expresado contundentemente el actual gobierno.

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Por el contrario, durante casi dos décadas, los gobiernos kirchneristas han expresado una narrativa populista inconsistente de “no te deseo pagar, pero te pago”. Impostura contradictoria que no generó ningún beneficio para el país: no bajó del costo del crédito ni hubo un ahorro de divisas, todo a costa de una pérdida de la reputación.

¿Es el ingreso permanente actual de la Argentina, es decir su capacidad de pago de deuda soberana aquella que se corresponde con la historia de dos décadas K de expresión de “willingness not to pay”?

La respuesta es no. Por primera vez en décadas se estaría alineando la narrativa con las condiciones objetivas de repago de la deuda soberana argentina revaluando su PBI potencial mediante inversión financiada con ahorro doméstico, exportaciones, productividad y un estado financiable.

El manual de finanzas públicas recomienda que el sector público se ordene en tanto y en cuanto los gastos corrientes (salarios, proveedores) se pagan con impuestos y la infraestructura pública con deuda.

Para pagar la deuda soberana se necesitan dólares. La oferta de divisas proviene de las exportaciones. La rentabilidad de exportar depende negativamente de la presión impositiva. La presión impositiva baja en tanto el gasto público sea eficiente y financiable.

No hay magia, es de manual.