El primero en utilizarla fue el canciller polaco Jan Zamoyski, a fines del siglo XVI, cuando confrontó desde el Sejm (Parlamento de la Mancomunidad de Polonia-Lituania) al rey Segismundo III, invitándolo a abandonar su pretensión de protagonismo político para limitarse a sintetizar la unidad de la población sin inmiscuirse en asuntos de estado. Sin embargo, por la influencia sobre el mundo occidental de la revolución francesa y su devenir, tendemos a asociar este principio con la sentencia de Adolphe Thiers (‘Le roi n’administre pas, ne gouverne pas, il règne’), poco antes de que estallase la revolución de julio de 1830 que desplazó al rey Carlos X, quien fue sustituído por Luis Felipe de Orleans, un “rey elegido por el pueblo’.

Lo que sostiene esa expresión es que los monarcas deben someterse a la ley en lugar de colocarse por encima y hacer caso omiso de ella. Y, si bien nuestro país no es una monarquía, muchos gestos y actitudes de Javier Milei son fácilmente asociables con una pretensión de ejercicio monárquico del poder. Su condena de la política, asociándola con la corrupción y los intereses de casta, lo llevaron a evitar pronunciar su discurso de asunción ante la asamblea legislativa, para emitirlo en las escalinatas del Congreso, dándole la espalda a los legisladores.

Ese desprecio por las instituciones políticas, y hasta por la propia constitución nacional y las normas que nos rigen, se tradujo inmediatamente en un mega DNU de corte absolutamente inconstitucional y autocrático, y en la redacción de una ley Ómnibus viciada de nulidad en su concepción, redacción, contenidos y tramitación.

El problema para Milei es que nuestro país cuenta con una estructura institucional claramente definida, sostenida sobre la división de poderes. Más aún, mientras que el resto de las autoridades y representaciones –gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, etcétera- fueron legitimados por una elección general, el actual presidente sólo fue convalidado como tal en el balotaje, siendo derrotado en una primera instancia por Sergio Massa. Así las cosas, su pretensión de imponer su voluntad más allá de las normas vigentes argumentando el mandato popular sólo expresa su ambición de reinar y gobernar al mismo tiempo.

El problema que se plantea es si realmente Milei está gobernando, o si por el contrario ha pasado a ejercer un rol presidencial de tinte monárquico, en el que las principales decisiones son adoptadas por otros miembros de su círculo áulico, que le rinden pleitesía para implementar sus propios intereses.

El anuncio del ministro Luis Caputo de la decisión gubernamental de retirar el capítulo fiscal de la ley Ómnibus deja mucha tela para cortar. Por un lado, porque, más allá de los deseos del gobierno, significa una derrota contundente a manos de la “oposición colaboracionista” parlamentaria y la movilización popular impulsada por la CGT, que le dejaron en claro al gobierno que las instituciones y el bien deben ser respetados por quienes circunstancialmente ejercen el gobierno. A esto se suma el despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, acusado de haber filtrado información sobre la reunión del presidente con sus ministros, y en especial los dichos que Milei emitió contra los gobernadores provinciales, a los que amenazó con “dejarlos sin un peso” si no ayudaban al gobierno a convencer a senadores y diputados para que voten a favor de la llamada ley Ómnibus.

Lo curioso del caso es que esa amenaza ya había sido emitida por el ministro de Economía, Luis Caputo, antes y después de la sanción a Ferraro.

Además de la influencia de su hermana Karina Milei, “El Jefe”, hay dos protagonistas que se reparten el poder y la capacidad de decisión dentro del gobierno: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La relación entre Posse y Ferraro estaba totalmente desgastada, por lo que se le atribuye la responsabilidad por el desplazamiento de su contrincante. Pero, aún más determinante es el hecho de que el ministerio de Infraestructura haya sido suprimido, y las áreas de su competencia loteadas entre Posse y Caputo.

A principios del mes de diciembre, en una reunión inicial con los gobernadores, Milei les manifestó que lo que se iba a implementar “no era su plan”, sino que se trataba de un “ajuste liberal clásico”. De hecho, mucho se ha escrito acerca de que Javier Milei no tenía programa de gobierno ni equipos para asumir la gestión estatal, por lo que debió “comprar”, “llave en mano”, el plan de negocios que le acercó el principal endeudador de la historia argentina -en connivencia con el entonces presidente, Mauricio Macri-, quien hasta entonces sólo merecía descalificariones y condenas de parte del candidato de La Libertad Avanza.

No era el único de sus actuales ministros que merecía la descalificación de Milei. ¿Quién no recuerda los agravios vertidos sobre quien es hoy la titular de Seguridad, Patricia Bullrich?

La vertiginosa dinámica de la política argentina invita a interrogarnos sobre el grado de autoridad que detenta efectivamente el presidente Milei. Si el programa económico que aplica el gobierno no es el suyo, que áreas estratégicas como Economía y Seguridad están a cargo de dos personajes que merecieron sus críticas furibundas, y que el poder de Posse se ha incrementado de manera exponencial en estos 45 días iniciales de gobierno, ¿Quién realmente toma las decisiones de la gestión? ¿Gobierna realmente Javier Milei o son esos dos superministros y, junto o por encima de ellos, las corporaciones que se encargaron de redactar los instrumentos legales que el gobierno ha tratado -hasta ahora, infructuosamente- de imponer, quienes en la práctica detentan la capacidad de decisión?

Los rumores de próximos despidos o degradaciones dentro del andamiaje de la gestión confirman el poder creciente de Posse. Desde hace tiempo el ministro del interior, Guillermo Francos -otro adversario del jefe de Gabinete- está en la cuerda floja, así como también Martín Menem, quien probablemente sería desplazado de la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero no serían estos los únicos cambios que se avizoran, llegando incluso a la posible remoción del secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, quien ya sufrió el despido de Alejandro Perandones, su mano derecha, por la presión de Santiago Caputo, quien juega en tándem con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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