La acción judicial busca una reparación de 146.500.000 pesos debido a los graves daños físicos y psicológicos sufridos por un niño de nueve años, alumno de la escuela Nro. 4 «Bartolomé Mitre» de Bahía Blanca, quien fue víctima de un episodio de bullying que le provocó una severa fractura ósea.

Este caso, que salpica a la gestión del gobernador Axel Kicillof y el encargado de la cartera educativa, Alberto Sileoni, pone en el centro del debate la responsabilidad del estado en la protección de los estudiantes y su capacidad para gestionar situaciones de acoso escolar. Se cuestiona la responsabilidad objetiva del estado y el deber de seguridad de las instituciones educativas.

Según la demanda, el 6 de junio de 2024, el niño fue empujado y golpeado por un compañero de clase en un contexto de bullying no controlado, lo que resultó en una fractura grave del cúbito y radio de su brazo izquierdo. El menor fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y su recuperación ha sido dolorosa, tanto física como emocionalmente.

La familia del niño, representada por el abogado Claudio Venchiarutti, del estudio jurídico V.P.F. & Asociados, denuncia no solo la falta de intervención del personal educativo ante los reiterados episodios de acoso, sino también la negligencia en la tramitación del seguro escolar, lo que obligó a la familia a asumir los costos médicos.

El reclamo incluye no solo los gastos médicos, sino también los daños psicológicos y emocionales sufridos por el niño a raíz del bullying. La demanda subraya la falta de acción preventiva por parte de la escuela y considera inexcusable que no se haya activado el seguro escolar para cubrir los gastos.

Venchiarutti sostiene que la omisión del personal escolar en garantizar la seguridad del niño constituye una violación del deber de seguridad establecido por el Código Civil y Comercial. La demanda, basada en la ley de Educación Nacional y la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, exige una reparación integral.

Entre las pruebas fundamentales se encuentra el informe psicodiagnóstico realizado por la licenciada Daniela Albanese, quien detalló los síntomas de ansiedad, miedo y retraimiento social que presenta el niño. El informe subraya la necesidad de un tratamiento psicológico prolongado, destacando que el acoso ha afectado profundamente su autoestima y su vida cotidiana.

El abogado Venchiarutti ha enfocado el caso en la responsabilidad estatal, destacando la importancia de una reparación integral para su cliente y señalando la obligación del sistema educativo de prevenir daños de esta magnitud. La demanda de 146.500.000 pesos incluye los daños físicos, psicológicos y morales sufridos por el menor, así como las terapias futuras que necesitará.

Este caso no solo busca justicia para el niño y su familia, sino que también pone de relieve las deficiencias en la gestión de casos de acoso escolar en la provincia de Buenos Aires. Se espera que el fallo siente un precedente en cuanto a la responsabilidad de las instituciones educativas y el estado en la protección de los derechos de los niños.

Finalmente, vale destacar que el caso está en manos del juzgado Contencioso Administrativo Nro. 2 de La Plata, que deberá decidir sobre la responsabilidad estatal y la reparación exigida. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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