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POLITICA

Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno impulsará una ley para expulsar del país a extranjeros sin residencia

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con la idea de expulsar del país a aquellos extranjeros que comentan delitos y no cuenten con residencia. El pedido de la funcionaria se dio en el marco de la última toma de tierras en el partido bonaerense de La Matanza, que terminó con cinco muertos y varios heridos.

En este contexto, Bullrich insistió en que el Gobierno impulsará una ley que modifique la situación actual. Además, desafió a quienes discuten esa posibilidad bajo argumentos relacionados con los derechos humanos.

La ministra habló en radio El Observador sobre la trágica toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de una balacera que se desató tras una discusión. Sobre eso, aseguró que quedó “azorada” al escuchar al gobernador Axel Kicillof admitir que había una orden de desalojo desde hace tiempo sobre esos terrenos.

“Si a mí me dan la orden de desalojo, mañana te lo desalojo. Ni bien en cualquier terreno entra la primera usurpación, afuera”, dijo Bullrich. Y, enseguida, adelantó: “Ahora vamos a cambiar las leyes, después que se voten estas, para que extranjeros que delinquen en Argentina y son irregulares, se vayan del país. Por supuesto que hay extranjeros que delinquen y generan un daño muy fuerte, tienen que cumplir una pena. Porque si no, irse del país sería como una salvación”.

Además, rechazó las críticas que puedan surgir con esa decisión, y desafió: “El otro día hubo cinco muertos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Que vengan en fila uno atrás de otro a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarle la vida a los argentinos”.

Los dichos de la titular de la cartera de seguridad nacional vienen acompañados de una fuerte crítica al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof, al que acusó de ser “permisible” a las usurpaciones.

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“Creemos que la permisividad permanente que existe en la provincia de Buenos Aires respecto a las usurpaciones generan un clima en el que las personas pueden tomar un terreno sin consecuencias. Es un tema que viene sucediendo hace tiempo y es absolutamente contrario a lo que pensamos. Creemos que hay que tomar decisiones urgentes respecto de los desalojos”, destacó la ministra.

A lo que agregó que La Matanza “es un caso especialísimo” porque, según señaló Bullrich hay “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes, y también hay políticos que lucran con esto”. Ante lo que advirtió: “Una cosa es el rol de la Policía y otra es la permisividad respecto a la usurpación”.

 



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POLITICA

IOMA: Un gigante con presupuesto millonario que no logra cumplir con sus afiliados

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires, enfrenta un colapso operativo y financiero que afecta a más de 2,3 millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto histórico de $1,75 billones proyectado para 2025, las denuncias por la falta de cobertura, recortes en medicamentos y conflictos con los prestadores de salud no cesan.

Millones de pesos, pero pocos resultados

El presupuesto asignado a IOMA supera ampliamente al de otras áreas esenciales como Educación y Seguridad. Sin embargo, estas cifras no se traducen en mejoras significativas para sus afiliados. En muchos municipios bonaerenses, el acceso a la salud a través de la obra social es limitado. Los cortes de convenios con clínicas privadas y la falta de especialistas obligan a los afiliados a recurrir a consultas particulares, generando un impacto económico insostenible para muchas familias.

El organismo, presidido por Homero Giles, tampoco ha transparentado sus gastos desde 2023. Aunque se informan incrementos en cirugías y distribución de medicamentos, estos datos no explican las crecientes dificultades para acceder a prestaciones básicas.

Municipios en crisis: protestas y amparos colectivos

En distritos como Navarro, Olavarría y Mar del Plata, las manifestaciones han cobrado fuerza. En Navarro, un reciente acuerdo que limita la atención médica al hospital local provocó el rechazo de cientos de vecinos, quienes exigen la restitución de convenios con clínicas privadas.

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Mientras tanto, en Mar del Plata, la ruptura de contratos con las principales clínicas dejó a miles de afiliados sin acceso adecuado a la salud. En Azul, junto a otros distritos, se avanza en la presentación de un amparo colectivo ante la Defensoría del Pueblo para revertir la situación.

Propuestas legislativas y resistencia política

La oposición en la Legislatura bonaerense intenta promover medidas para enfrentar la crisis. Entre las propuestas destacan la creación de un Comité de Crisis y la declaración de la emergencia sanitaria y financiera en IOMA. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan trabas por parte del oficialismo, que ya bloqueó la interpelación al presidente del organismo.

Desde algunos sectores se plantea incluso la reforma estructural de la obra social, proponiendo que sus autoridades sean elegidas por los afiliados y que se transforme en un ente autónomo que garantice mayor transparencia en el uso de los recursos.

La incertidumbre de los afiliados

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Mientras se debaten posibles soluciones, los afiliados de IOMA siguen enfrentando problemas cotidianos: cirugías canceladas, falta de especialistas, retrasos en turnos y dificultades para obtener medicamentos esenciales.

La pregunta que se plantea ahora es si el presupuesto récord anunciado para el próximo año será suficiente para revertir una crisis que no solo es operativa, sino también de confianza en la gestión. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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