«Pusieron al zorro a cuidar el gallinero», bromeó un ex funcionario al referirse a la decisión del Gobierno de poner al comisario Diego Carbone, el «custodio histórico de Cristina Kirchner», a principios del 2024 a dirigir el Centro estratégico de control operacional y custodia de ex mandatarios de la Policía Federal cuando, en teoría, buscaba reducir la cantidad de efectivos que protegían a la ex mandataria -que alcanzaban los 120- y a Mauricio Macri, por caso.

Pero la polémica por las custodias a los ex dignatarios volvió a la agenda pública semanas atrás cuando el propio Javier Milei pidió a Seguridad «un análisis de riesgo» de la escolta que trabajaba con Fabiola Yáñez, en Madrid, En el informe, que se conoció horas después que la ex primera dama renunciara a dicha protección por el escándalo que causó el video que la muestra en una lujosa cena de Fin de Año, se detallan también los gastos que demandaba el operativo: unos de 23 mil euros mensuales.

Justamente un sistema de protección a los ex presidentes que, bajo la mirada oficial, estaba «sobredimensionado y resultaba por demás oneroso», llevó a los funcionarios de la Secretaría General a trabajar en el primer semestre del 2024 en una «modificatoria» del decreto que rige mismo: por un lado se buscaba modificar la estructura pero en una «segunda instancia» se planeaba establecer «reglas objetivas» para determinar cuántos efectivos le correspondían a cada ex mandatario. Para esa tarea también se preveía la intervención de personal de Casa Militar y del propio ministerio de Seguridad.

Es que Cristina Kirchner cuenta con una custodia de 120 efectivos de la Policía Federal -con una delegación permanente apostada en El Calafate, lo que encarece el servicio-, Mauricio Macri, con 30 y Alberto Fernández, con 3 que en su momento revistieron en España sumando lógicamente viáticos más onerosos. Este último factor ha sido lo que puso el foco en el caso de la escolta de Fabiola. También se cuestionó al ex titular del PJ por haber haber traspasado el servicio desde el ministerio de Seguridad a la secretaría que conduce Karina Milei horas antes de abandonar el poder.

Lo cierto es que la proyectada enmienda quedó en la nada: ninguna de las custodias fue reducida. Sí la hermana del Presidente logró que sea la cartera conducida por Patricia Bullrich la que se hiciera cargo de costear el oneroso servicio. Con el paso del tiempo las dudas de un sector del oficialismo de porqué no se avanzó con esa reforma fueron in crescendo.

Ahora se supo que Carbone, histórico jefe de custodia de la ex mandataria y que fue citado por la Justicia en la causa en la que se investiga el atentado perpetrado por Fernando Sabag Montiel el 1 de septiembre de 2022, fue ubicado a cargo del Centro estratégico de control operacional y custodia de ex mandatarios que, en los hechos, coordina el servicio. «Hasta el visado de los que viajaban a España», acota una calificada fuente policial consultada.

Sin embargo, la estructura comandada por Carbone fue blanco de un sumario interno por el ineficaz operativo que se llevó a cabo cuando atentaron contra la ex Vice donde el kirchnerismo buscó salvarlo. Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo aún no investiga por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en un expediente paralelo al central por el intento de asesinato.

Carbone se encuentra bajo el paraguas de la Superintendencia de Seguridad y Custodia que, hasta el pasado lunes, dirigía el comisario general Alejando O´Donell. Ese día Luis Rolle, el titular de la fuerza, realizó los cambios en la cúpula de la misma y designó en su reemplazo a la comisario mayor Mirna Edith Speranza.

Como sea, una calificada fuente policial consultada argumentó que pese a la aparente incompatibilidad, Carbone fue nombrado en el citado Centro porque no podía ser asimilado a una estructura de menor jerarquía por el ascenso que había obtenido a fines de 2023, cuando pasó a revistar como comisario mayor. Hasta finales de mandato del Frente de Todos, conducía la a Dirección General de Seguridad Vicepresidencial, en el Senado. Bajo esa estructura, tal como informó Clarín, le garantizó al entonces ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, una protección de entre 10 y 12 efectivos de la Policía Federal por un inédito acuerdo.