POLITICA
Potenciar Trabajo: tras dar de baja 27 mil planes, el Gobierno avanzará contra quienes hicieron viajes de lujo
Potenciar Trabajo: tras dar de baja 27 mil planes, el Gobierno avanzará contra quienes hicieron viajes de lujo. (Foto: Potenciar Trabajo)La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.Potenciar Trabajo: tras dar de baja 27 mil planes, el Gobierno avanzará contra quienes hicieron viajes de lujo. Foto: Potenciar Trabajo.
El Gobierno oficializó este lunes la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a beneficiarios que presentaban diversas irregularidades. Se trata de más de 27.000 personas que tenían “incompatibilidades” con el reglamento de permanencia en la iniciativa que ahora está bajo el ala del Ministerio de Capital Humano.
El Potenciar Trabajo es una iniciativa a través de la que una persona en situación de extrema vulnerabilidad percibe la mitad de un salario mínimo vital y móvil a cambio de una contraprestación de cuatro horas o la culminación de estudios.
Por medio de la resolución 13/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo resolvió suspender el pago del “Salario Social Complementario a los titulares del Potenciar Trabajo “identificados en el listado que como anexo acompaña a la presente medida”. Según datos oficiales, la decisión de suspender estos pagos representa un ahorro de $2 mil millones.
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Entre las incompatibilidades, identificadas por el cruce de información entre la Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys), se mencionan los siguientes casos:
- Cobro simultáneo de jubilación o pensión. (2590 y 10.530, respectivamente)
- Percepción de prestación por desempleo. (6300)
- Condición de monotributistas categoría C o superior. (1980)
- Residencia en el extranjero. (1225)
- Fallecimiento del beneficiario. (970)
- Poseer un automóvil con menos de 10 años de antigüedad. (750)
Potenciar Trabajo: tras dar de baja 27 mil planes, el Gobierno avanzará contra quienes hicieron viajes de lujo
Además de estos 27 mil casos, el Gobierno tiene en la mira a un grupo de beneficiarios del Potenciar Trabajo que realizaron viajes al exterior en aviones o cruceros. La información es analizada por la cartera que conduce Sandra Pettovello.
TN pudo saber que se analizará caso por caso. En este contexto, según la denuncia original del fiscal Guillermo Marijuán, 817 beneficiarios utilizaron cruceros, mientras que 29.076 optaron por viajar en avión y 83.974 en otras embarcaciones.
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Al revisar la duración de los viajes registrados desde 2020, se desprende que 19.858 tuvieron una duración de entre 21 y 30 días; 14.823 oscilaron entre 31 y 50 días, y 21.911 superaron los 51 días, según detalla el informe judicial.
“No todos se van a dar de baja hay que estudiar caso por caso. Hay personas nacidas en países limítrofes que salieron para visitar a la familia y regresaron”, aclararon fuentes oficiales.
Los planes sociales irregulares fueron descubiertos en una investigación de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relacionados con la Seguridad Social (UFISeS), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, realizada a fines de octubre del 2023. Ese informe judicial determinó que desde 2020, 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo viajaron al exterior, en avión y yates.
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En aquel entonces, la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se contactó con la Unidad Fiscal y se comprometió a tomar acciones al respecto, cosa que nunca sucedió. Con el nuevo gobierno, se renovó la promesa de poner fin a la irregular situación, pero las medidas se demoraron.
Potenciar Trabajo fue un plan ideado por el gobierno de Mauricio Macri y continuado por la gestión de Alberto Fernández. Al término de ambas administraciones, los beneficiarios llegaron a 1.500.000. De ese total, la unidad fiscal de Marijuan detectó los 160 mil “planeros” en condiciones económicas de viajar en auto, en micros y hasta en avión y cruceros. Es casi 1 de cada 10 planes mal asignados.
POLITICA
Tensión en Necochea: El sector agropecuario rechazó la nueva tasa vial de Arturo Rojas
El Concejo Deliberante de Necochea aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año 2025, que incluye una medida que ya está generando fuertes tensiones en el sector agropecuario local. Se trata de la creación de la «Tasa Vial Solidaria», un nuevo tributo destinado a las empresas exportadoras que operan en el Puerto de Quequén. La medida ha desatado el rechazo de productores y entidades rurales, que consideran que la carga tributaria recae directamente sobre ellos.
Objetivo de la tasa: Reparación de rutas
La Tasa Vial Solidaria fue impulsada por el concejal de Unión por la Patria-PJ, Julián Kristiansen, y tiene como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y reparación de las rutas que conectan el Puerto de Quequén con otras zonas productivas. Según el edil, los camiones que circulan hacia y desde el puerto generan un desgaste significativo en la infraestructura vial, lo que justifica la creación del tributo para financiar las mejoras necesarias.
La resistencia del campo: impacto directo sobre los productores
La reacción del sector agropecuario no se hizo esperar. Un total de 16 entidades rurales, apoyadas por CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresaron su «total rechazo y repudio» a la nueva tasa. Los productores agropecuarios aseguran que, aunque la medida está dirigida a las exportadoras, el impacto económico de la tasa se trasladará inevitablemente a los precios de los productos, afectando directamente a los productores locales.
En su comunicado, los ruralistas sostienen que «todo gasto de comercialización se le termina liquidando a los productores en su precio». Además, advierten que el costo de operar en el puerto de Quequén ya es elevado, y que con la implementación de esta nueva tasa, las condiciones para el sector empeorarán, haciendo que los costos de operar en el puerto sean aún menos competitivos frente a otros puertos de la región.
Paralelismos con otros puertos: Un modelo controvertido
La creación de la Tasa Vial Solidaria en Necochea no es un caso aislado. En otros puertos de Argentina, como el de Dock Sud, también se han implementado medidas similares para tributar sobre los camiones que utilizan las rutas municipales para acceder a la terminal portuaria. En ese caso, los intendentes Julián Álvarez y Mayra Mendoza propusieron tributar sobre los camiones en circulación hacia el puerto, pero la iniciativa generó fricciones internas dentro del peronismo, debido a las implicancias sobre las tarifas portuarias y la falta de consenso sobre cómo distribuir los recursos generados.
El caso de Necochea, que afecta a uno de los puertos más relevantes de la región, ha levantado una ola de críticas por parte de los productores agropecuarios, quienes temen que esta nueva tasa agrave aún más las condiciones de competitividad de sus productos en el mercado internacional. La crisis económica y la inflación, junto con los altos costos operativos, ya son desafíos significativos para el sector, y esta nueva carga impositiva podría convertirse en un obstáculo más.
Demandas de diálogo: ¿Una solución para el sector?
Las sociedades rurales de Necochea han solicitado al intendente Arturo Rojas que «revise esta situación» y convoque a un diálogo abierto con el sector agropecuario para encontrar una solución que no perjudique a los productores locales. El reclamo se basa en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de la infraestructura vial y la sostenibilidad del sector agropecuario, que es clave para la economía local.
El futuro del Puerto y la competitividad del sector
La creación de la Tasa Vial Solidaria no solo ha generado controversia en Necochea, sino que también pone en evidencia la difícil situación que atraviesan los puertos argentinos en un contexto económico complejo. Para los productores agropecuarios, la sumatoria de nuevas cargas impositivas podría poner en riesgo la competitividad de sus productos, especialmente en un momento en que los costos operativos siguen en aumento y el mercado internacional sigue siendo una fuente vital de ingresos.
En este clima de incertidumbre, las autoridades locales deberán decidir si esta nueva tasa es un paso necesario para la sostenibilidad de la infraestructura vial del puerto o si, como denuncian los ruralistas, se trata de una medida que terminará afectando la rentabilidad del sector agropecuario. Las negociaciones entre el gobierno municipal y los actores del campo serán clave para resolver esta controversia y definir el futuro de la relación entre el puerto y los productores locales. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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