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POLITICA

Putin es un líder fuerte y respaldado, pero con alta desconfianza interna

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Marcelo Montes destacó que, aunque la popularidad de Putin crece en momentos de conflicto, el respaldo del pueblo ruso no es monolítico. «Hay muchos rusos que no quieren la guerra, pero el ruso promedio apoya a Putin cuando percibe una amenaza externa», comentó. Explicó que, en tiempos de guerra, los rusos legitiman la defensa de su seguridad nacional frente a Occidente, lo que refuerza la figura del presidente ruso como un líder sólido y nacionalista.

Sobre la pandemia, Montes señaló la peculiar actitud del pueblo ruso hacia el COVID-19 y su propia vacuna: «Los rusos no confiaron en la Sputnik V, ni siquiera en sus propias autoridades. A pesar de la alta tasa de contagios, en las calles ya nadie usaba barbijos mientras en Europa todavía eran comunes». Esta desconfianza también se extiende a la percepción de las cifras oficiales y las campañas de vacunación, indicando una tensión latente entre la confianza en Putin y la cautela frente a otros representantes del poder.

Montes también mencionó la estrategia de Rusia para cambiar su imagen en el escenario internacional, con eventos como la Copa del Mundo de 2018. «Fue una ventana para que el mundo viera una cara diferente de Rusia», agregó, subrayando el esfuerzo de Putin por proyectar una imagen de fortaleza y orden en un país que, aunque marcado por la desconfianza, apoya a su líder en momentos críticos. 

El autor argumentó que la imagen de Putin en Rusia se construye a partir de una necesidad de liderazgo fuerte que caracteriza a los gobernantes rusos. “No se puede ser líder ruso si no sos fuerte”, afirmó, resaltando que la seguridad que el presidente ruso proyecta es un atributo altamente valorado en la cultura. Montes señala que la presencia imponente de Putin, con su “rostro a veces gélido, a veces expresivo”, transmite orden en un país que, tras el caos de los años 90, ha visto en él una figura capaz de estabilizar la nación en distintos frentes, como el terrorismo, los oligarcas y las amenazas financieras. 

Mirando hacia el futuro, Montes subrayó que aunque Putin podría permanecer en el poder hasta el 2030, según la Constitución, aún persiste la duda sobre quién podría sucederlo. “La sucesión es incierta, no está claro quién podría reemplazarlo, y eso también genera cierta inseguridad”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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