Tras las drásticas modificaciones ambientales que el Gobierno pretende implementar a través de la Ley Ómnibus que generaron amplio rechazo, más de 120 organizaciones enviaron una carta a la Cámara de Diputados pidiendo que “no dé curso a las propuestas que avasallan la normativa nacional e internacional vigente en materia de ambiente”. Además, solicitaron que el paquete de medidas se trate en sesiones ordinarias y no en el período de extraordinarias.

“Los cambios al capítulo ambiental incluidos por el Poder Ejecutivo en esta segunda versión del proyecto de Ley no mejoran en forma alguna a la propuesta inicial. Por el contrario, gran parte de los puntos más objetables de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos permanecen sin cambios”, expresó la directora del Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa.

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En efecto, la carta sostiene que las modificaciones propuestas en el nuevo proyecto no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas.

Los cambios que el Gobierno hizo en materia ambiental

Las modificaciones sobre la industria pesquera fueron las que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás en primer lugar. En el proyecto original se modificaba el artículo 26 de la ley 24.992 que iba a permitir el ingreso de buques extranjeros a la zona económica exclusiva a través de la entrega de cupos de pesca y se quitaba la obligación de contratar a al menos 75% de tripulación argentina.

También se eliminaba la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos, medida que fomentaba la opacidad en la industria ante la falta de controles. Ahora, según el borrador que se presentó a la oposición, con los cambios, se mantiene la obligación de desembarcar en la Argentina y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local. Pero deja la puerta abierta para una licitación internacional.

Respecto de las quemas, el texto original de la Ley Ómnibus prevé facilitar que los dueños de las tierras puedan quemarlas para limpiarlas. Hasta hoy, había que solicitar un permiso, pero en la ley se contemplaba que se otorgaba el aval “de hecho” si el Estado no respondía en 30 días. El Gobierno dio marcha atrás y ofreció como modificación que el plazo sea de 90 días en vez de un mes.

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La Ley de Bosques Nativos actual ordenó las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.

Según la modificación que planteó el Gobierno en la Ley Ómnibus se habilitarían “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría rojo y amarillo. En el nuevo borrador, “se elimina el artículo 26 de la Ley de Bosques”, que preveía esta modificación.

Otro de los temas que despertó temor fue la modificación de la ley de glaciares y de la tipificación de glaciares y área periglaciar. Como estaba propuesto, daba vía libre a actividades económicas y extractivas en áreas que son clave para la preservación del ambiente.

En este contexto, las organizaciones ambientalistas manifestaron que no es suficiente: “El nuevo texto propuesto mantiene el recorte a la definición amplia de glaciar y ambiente periglacial hoy vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares. A su vez, se mantiene la eliminación del fondo de la Ley de Bosques que establece partidas fijas para la protección de bosques nativos. Están destruyendo dos normas clave para la protección ambiental que llevaron mucho esfuerzo y participación de toda la ciudadanía para lograrlas” afirmó Testa.

La misiva señala que estas modificaciones incumplen los compromisos internacionales suscritos por la Argentina. “El proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, ya que los cambios propuestos implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”

Así, “las organizaciones firmantes hacen un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que no dé curso a estas propuestas que avasalla principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades que se pretenden beneficiar, y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”, cierra el texto.