El Gobierno de Javier Milei tiene por delante un mes que será clave para su gestión. El 25 de mayo está convocada la firma del Pacto de Mayo, que busca ser fundacional para la administración de La Libertad Avanza. Pero antes de esa fecha, el Ejecutivo necesita dar un paso previo: la aprobación de la renovada y discutida Ley Ómnibus.

En su primer intento, la también llamada Ley Bases naufragó en la Cámara de Diputados. Ahora, el Gobierno abrió el diálogo con la oposición y busca llegar al recinto con mayor consenso. Y en ese ambicioso proyecto se encuentra un capítulo clave, que encuentra fuerte rechazo gremial y de parte de la oposición dialoguista: la reforma laboral.

Este capítulo originalmente estaba dentro del mega DNU de Milei pero se trabó en la Justicia. Por eso, el Gobierno le pidió a la UCR que arme un proyecto que luego se sumó a la Ley Bases. Ahora esto complica la negociación, que comenzará formalmente este jueves en comisión. Si bien el Gobierno podría quitar este capítulo, el radicalismo insiste con que esté o no aprobará la iniciativa.

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En la vereda de enfrente se para el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto y el PRO de Cristian Ritondo. “Nosotros no acompañamos el acuerdo por la Reforma Laboral que hicieron con el radicalismo “, le dijo un diputado amarillo a Martín Menem en una reunión en su despacho.

Mientras que los radicales ya hicieron saber que si quitan la Reforma Laboral “no votarán la ley de Bases”. Una encrucijada para el oficialismo en la Cámara baja. Ante estas posturas, los representantes del PRO, Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giúdici, se retiraron de la reunión de acuerdos por la ley hasta que el gobierno arregle la situación interna y con los demás bloques. Uno de los participantes aclaró que “no podemos ayudar (al oficialismo) si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”.

Los detalles de la reforma laboral

Entre los argumentos de la Casa Rosada para impulsar esta reforma están los cambios en la legislación laboral que, aseguran, agilizarán el mercado de trabajo. Para ello, proponen modificaciones importantes: reglamentación del derecho de huelga en actividades consideradas servicios esenciales y la penalización de las asambleas de trabajadores.

Además, considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. También reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores. Este último ítem fue tomado de la propuesta radical

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El proyecto que le acercó la UCR al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, incluye otras medidas como la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Se propone allí la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.

En la misma línea, se busca reducir la litigiosidad laboral. Por eso se propone, entre otras medidas, la eliminación de las multas. Al mismo tiempo establece mecanismos sustitutivos a la indemnización, como un fondo de cese laboral, a cargo del empleador. Y declarar a la educación como servicio esencial, para limitar al mínimo las medidas de fuerza.

La postura del Gobierno es intentar consensuar -dentro de lo posible- con todos los sectores. Por eso, aseguran, tomaron conceptos no solo de la iniciativa de la UCR, sino también del PRO y hasta incluso tuvieron en cuenta planteos de la CGT.

Otra de las modificaciones que pueden ser decisivas (y que responde directamente a un pedido de la CGT) tiene que ver con las tan mentadas cuotas solidarias. El DNU les ponía límites al exigir que pueden descontarse del sueldo “solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, mientras que ahora se aclara que “solo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento explícito de ellos”.

La intención del Gobierno es obtener dictamen este jueves. Por el momento, hay reuniones para destrabar el destino de la reforma laboral.

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