POLITICA
Tarifas de gas: un intendente del PJ fue a la Justicia para frenar la audiencia que definirá los aumentos
Fernando Gray, de Esteban Echeverría, reclama que la audiencia se convoque de manera presencial . (Foto: X / @fernandogray)El Gobierno avanza en el esquema para la quita de subsidios a las tarifas de luz y de gas. (Foto: Adobe Stock)Tarifas: las distribuidoras de gas pidieron al gobierno subas cercanas al 500% en febrero. (Foto: PrensaMetrogas)
Un intendente del PJ acudió a la Justicia para frenar la audiencia que tratará los aumentos en las tarifas de gas. Fernando Gray, de Esteban Echeverría, interpuso un amparo para impedir la acción convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para este lunes 8 de enero.
Según expresó el jefe comunal en X, el recurso fue presentado debido “a las irregularidades de la convocatoria emitida por Enargas, en la que se establece que la audiencia sea virtual, una modalidad que fue utilizada durante la pandemia”.
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“Hace unas semanas había pedido al organismo que la audiencia se realice en formato híbrido ya que, pasada la emergencia sanitaria, existe la obligación de incluir la presencialidad”, amplió.
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Gray cargó contra la convocatoria del Enargas: “Repercutirá en cada una de las familias”
Gray mencionó que había reclamado “la información necesaria sobre los temas a tratar y así garantizar el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las/os usuarias/os”.
Sin embargo, ante la falta de respuesta, intenta frenar la audiencia “hasta que estén dadas las condiciones para que se lleve adelante sin irregularidades, ya que se trata de una decisión que repercutirá en cada una de las familias argentinas”.
El Gobierno de Javier Milei prorrogó la intervención de ENARGAS -también lo hizo con el ENRE (Entre Nacional Regulador de la Electricidad)- y declaró la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2024. También ordenó que en ese período se defina un esquema de ajustes transitorios hasta finalizar la negociación de la revisión integral en 2025.
Hoy, la boleta de gas se compone en un 41% del valor de producción o precio mayorista (PIST), 11% del valor de transporte, 24% de distribución y 24% de impuestos. Lo que está subsidiado es el precio de producción a cargo de las petroleras. Luego, las distribuidoras y transportistas compran el gas y trasladan ese costo a la boleta, junto con los otros servicios, incluyendo impuestos.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA), el Estado cubrió en diciembre el 67% del costo de abastecimiento de los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural.
Tarifas de gas: el comunicado oficial de la convocatoria a la audiencia pública
El Gobierno difundió en las últimas horas un comunicado en el que confirmó la audiencia pública para establecer los nuevos precios en la tarifa de gas, que prevén un esquema de actualización mensual.
“El evento se realizará de manera virtual mediante una plataforma digital de videoconferencias y se transmitirá en vivo por el canal de youtube y la página web del ENARGAS. El horario de la transmisión será a partir de las 9 hs”, menciona el texto.
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Y sigue: “Durante el encuentro se expondrán las propuestas en la actualización de las tarifas de las distribuidoras de gas por redes y las transportadoras de gas natural”.
“Entre los temas a abordar se destacan: el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y la determinación de un índice de actualización, de carácter mensual, para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes, entre otras”, concluye el comunicado.
POLITICA
Las confederaciones sindicales de transporte anunciaron que se sumarán a la marcha de jubilados
El sindicalismo comienza a endurecer su postura frente al Gobierno. Este martes, la CGT llevará a cabo una reunión ampliada de su mesa chica en la sede de UPCN para analizar el avance de la reforma laboral impulsada por Javier Milei y las presiones para que los gremios acuerden aumentos salariales alineados con la pauta oficial. Al día siguiente, las confederaciones sindicales del transporte (CATT y UGATT) se sumarán a la marcha de los jubilados frente al Congreso, en una señal de creciente confrontación con la Casa Rosada.
Uno de los principales motivos de preocupación para la dirigencia sindical es el reciente decreto presidencial que elimina la obligación de las empresas de realizar aportes compulsivos a las cámaras patronales. Desde la CGT temen que esta medida pueda extenderse a los gremios, afectando el financiamiento sindical. Además, hay inquietud por la advertencia del Ministerio de Economía de no homologar acuerdos salariales que no sigan la pauta oficial.
Las hinchadas se sumaron a la marcha de jubilados
El contexto electoral también juega un rol clave en la reactivación sindical. La mayoría de los gremios se están alineando con Axel Kicillof para garantizar su triunfo en la provincia de Buenos Aires y debilitar a Milei de cara a 2027. En este marco, la CGT empieza a endurecer su discurso y algunas de sus organizaciones participarán activamente en la marcha de los jubilados, entre ellas los sindicatos docentes, taxistas, universitarios y el SUTNA, vinculado a la izquierda trotskista.
La movilización, que se realizará el miércoles a las 17, generó preocupación en el Gobierno, que anunció un operativo especial de seguridad en la zona. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que se tomarán medidas contra la presencia de barrabravas en la manifestación. “A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir”, declaró.
Otro hecho destacado es la unidad de la CATT y la UGATT, históricamente rivales, que decidieron marchar juntas en rechazo a las políticas del oficialismo. Sus líderes, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Omar Maturano (La Fraternidad), acordaron coordinar estrategias dentro del sector del transporte. Esta alianza involucra a gremios clave como Camioneros, Ferroviarios, Aeronavegantes y Trabajadores Viales, lo que podría fortalecer la capacidad de presión del sindicalismo en los próximos meses.
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La apertura de sesiones en la Legislatura de Chubut estuvo marcada por un discurso encendido del gobernador Ignacio Torres, quien, durante más de una hora y media, abordó diversos temas con un estilo directo, sin discurso escrito y cargado de chicanas, retos y momentos incómodos para algunos presentes. La jornada, que comenzó con movilizaciones gremiales e intendentes fuera del recinto, dejó varios puntos de reflexión, tanto en el ámbito político como en el social.
Uno de los momentos más emotivos de la exposición fue cuando Torres reconoció la labor de los brigadistas y bomberos, ubicándolos en las primeras filas del recinto. Cada vez que los mencionaba, los aplausos resonaban, aunque no todos compartieron la decisión, ya que la medida dejó a varios miembros del gabinete relegados a las bandejas laterales, lo que causó incomodidad en algunos.
El tono de su discurso se mantuvo firme, y no faltaron momentos de tensión con la oposición. La primera chicana fue para el diputado nacional José Glinski, a quien Torres fingió no conocer, generando un silencio incómodo. Asimismo, el gobernador aprovechó para «facturar» a la bancada opositora, mencionando al diputado Juan País como «por ahora opositor», insinuando un posible cambio de bando hacia el oficialismo.
En otro pasaje, Torres mostró su carácter al advertir que quien fuera sorprendido mirando el celular durante su discurso sería «puesto en evidencia», haciendo alusión a un empresario de medios presente, quien, entre risas nerviosas, intentó esquivar la incomodidad.
La mención más polémica del discurso fue cuando el gobernador se refirió a los docentes. Torres defendió el ítem de «profesionalidad docente», que premia la asistencia a clases, y respondió con dureza a las críticas de los gremios, calificando de «extorsivo» el cuestionamiento hacia la medida. «¿En qué trabajo, si no vas a laburar, cobras igual?», desafió.
El momento más tenso llegó cuando Torres denunció que un sector del gremio lo había denunciado penalmente por una supuesta conspiración en la que Chubut estaría «financiando la guerra en Palestina» a través de un acuerdo con una empresa israelí. «Si quieren defender a Palestina, que se vayan a la Franja de Gaza, acá no los queremos», lanzó, desatando la polémica.
El discurso no solo se centró en las tensiones internas, sino también en el provincialismo. En una clara referencia al año electoral que comienza, Torres remarcó la importancia de contar con representantes en el Congreso que puedan legislar y negociar en beneficio de Chubut. Su intervención reflejó una vez más su estilo descontracturado pero firme, buscando dejar en claro su impronta en la gestión. (www.REALPOLITIK.com.ar)
A medida que los ecos de su discurso siguen resonando, el impacto en la política local parece no tener fin, con un gobernador que, más allá de la polémica, ha dejado claro su estilo directo y sin filtros, buscando consolidar su poder y marcar la pauta para lo que viene.
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POLITICA
Ley de Inmigración: qué es la Sección 316 (A) con la que el 83% de solicitantes obtuvo la ciudadanía en 2024
Estados Unidos se mantiene como un destino clave para millones de personas que buscan una nueva vida. En 2024, más de 818.500 inmigrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense, de los cuales el 83% lo logró gracias a la Sección 316 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). De qué se trata este apartado y cómo beneficia a los extranjeros que buscan instalarse de manera legal en EE.UU.
La Sección 316 (A): un camino hacia la ciudadanía de Estados Unidos
La Sección 316 (A) de la INA establece que los residentes permanentes legales (LPR, por sus siglas en inglés) deben haber vivido en Estados Unidos durante al menos cinco años para ser elegibles a la naturalización. Este requisito es el más común entre los solicitantes, ya que el 83,8% de los nuevos ciudadanos en 2024 cumplió con esta condición. Los solicitantes también deben demostrar buen carácter moral, conocimiento básico del idioma inglés y comprensión de la historia y el gobierno estadounidense.
Esta sección es fundamental porque permite a los inmigrantes que establecieron raíces en el país norteamericano acceder a los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el promedio de años como residente permanente legal antes de naturalizarse fue de siete años en 2024, aunque este número varía según el país de origen.
El perfil de los nuevos ciudadanos estadounidenses en 2024
El año fiscal 2024 marcó un hito en la historia de la naturalización en Estados Unidos. Aunque hubo una disminución del 7% en comparación con 2023, el número total de nuevos ciudadanos superó los 818.500, un 12% más que el promedio anual de la década anterior a la pandemia.
- Países de origen: México lideró la lista con el 13,1% de las naturalizaciones, seguido por India (6,1%), Filipinas (5,0%), República Dominicana (4,9%) y Vietnam (4,1%).
- Edad y género: el 37% de los nuevos ciudadanos tenía entre 30 y 44 años, con una edad promedio de 42 años. Las mujeres representaron más del 55% de los naturalizados.
- Ciudades con más naturalizaciones: Brooklyn, Miami, Houston, Bronx y Los Ángeles fueron las áreas urbanas con mayor número de nuevos ciudadanos.
Otras posibilidades para conseguir la ciudadanía estadounidense
Aunque la Sección 316 (A) es la vía más común, existen otras disposiciones que permiten la naturalización bajo condiciones específicas:
- Sección 319 (A): para cónyuges de ciudadanos estadounidenses que fueron residentes permanentes durante al menos tres años. Este grupo representó el 14% de las naturalizaciones en 2024.
- Sección 329: para miembros del servicio militar que sirvieron durante períodos de hostilidades. Este grupo constituyó el 2% de los nuevos ciudadanos.
El proceso de naturalización: exámenes y requisitos
Para convertirse en ciudadano, los solicitantes deben aprobar un examen que evalúa su dominio del inglés y su conocimiento de educación cívica. En 2024, el 89,7% de los candidatos lo pasó en su primer intento, mientras que esta cifra aumentó al 94,4% después de una segunda oportunidad.
Además, algunos solicitantes pueden solicitar exenciones de tarifas si enfrentan dificultades económicas. En 2024, el 14,3% de los naturalizados recibió este beneficio; las mujeres y las personas mayores de 65 años fueron los grupos más favorecidos.
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