Entre listas de traidores, duras acusaciones y catarsis variadas, las aguas siguen revueltas en el Congreso tras el naufragio de la Ley Ómnibus. Oficialismo y oposición comparten la certeza de que el proyecto, tal como fue propuesto, no volverá a tratarse en Diputados.

Los “dialoguistas” insisten -aunque con serias dudas de que Javier Milei haya tenido alguna vez intención de aprobar una ley- en que el Gobierno divida el paquete de reformas en varias iniciativas y vuelva a negociar cuando “baje la espuma”, con los gobernadores incluidos.

Ante la amenaza de nuevos DNU para suplir la falta de apoyo en el Congreso, en la oposición parlamentaria anticipan un conflicto de poderes y una “fecha de vencimiento”, mientras que la posibilidad de una “consulta popular” -que también volvió a sonar en Casa Rosada- fue interpretada como “una cortina de humo” con fines prácticos muy limitados y de difícil concreción. Esas mismas bancadas dialoguistas reconocen, por otra parte, la situación incómoda en la que quedaron.

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Considerando las seis reuniones de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, que según el cálculo oficial de la Cámara Baja se reunió durante 70 horas, sumadas las más de 30 horas de debate en el recinto entre votación en general y particular, desde el 9 de enero pasado, la Ley Ómnibus insumió al menos 100 horas de debate formal. Esto es, sin contar las múltiples reuniones entre legisladores, jefes partidarios, gobernadores, autoridades parlamentarias y funcionarios nacionales, que se dieron en paralelo.

Con esa mochila, legisladores del oficialismo y oposición que viven en el interior comenzaron a regresar a sus provincias. Los bloques hicieron sus primeros balances, analizaron las causas del fracaso parlamentario y, en el caso de los opositores, resolvieron estrategias discursivas para responder a las acusaciones del Gobierno contra los “traidores” y exponentes de la casta, una lista en la que la Oficina del Presidente puso incluso a diputados -por ejemplo radicales- que aprobaron el proyecto en general y todos los primeros artículos, salvo un inciso.

En el día posterior a la caída del proyecto, los bloques opositores no esperaban que el Gobierno fuera a reiniciar el debate de la Ley Ómnibus en comisiones, ni una rápida reacción parlamentaria del oficialismo. En general reinaba la sensación de que no sucederá mucho más en Diputados hasta el regreso la semana que viene de Javier Milei a la Argentina. Por lo pronto, desde el 15 de febrero, debería volver a prorrogar el periodo de sesiones extraordinarias.

“Ahora la pelota la tiene el Presidente”: el pronóstico era compartido, con matices de enojo, por legisladores de espacios diversos como el PRO (que, pese a las internas, fue el espacio opositor que mostró mayor unidad de acción y acompañó en todas las votaciones al oficialismo), la UCR (que votó dividida, pero ya había advertido exactamente qué artículos no acompañaría), Hacemos Coalición Federal (que acompañó menos de lo previsto en la previa) e Innovación Federal (ligado a gobernadores de fuerzas provinciales, que tuvo una posición mucho más dura que la anticipada).

La gran incógnita en el Congreso era si Milei tenía intención de recomponer el diálogo con la oposición y cómo. Fundamentalmente con los gobernadores provinciales, y sobre todo con algunos como el cordobés Martín Llaryora -parte de una fuerza que hasta ahora tiene hombres en el Gobierno nacional y en el control de “cajas” clave como la Anses-, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Passalacqua.

En los bloques federales insisten en que sea el Presidente el que convoque a todos los mandatarios a una reunión, ya sin intermediarios con escaso poder de decisión (como algunos consideran al ministro del Interior, Guillermo Francos), si es que tienen intenciones no solo de aprobar lo que quede de la Ley Ómnibus, sino también el potencial nuevo “pacto fiscal” o la reforma laboral que el Gobierno había dejado trascender que enviaría al parlamento.

Por otra parte, en el oficialismo, pero también espacios como el PRO y la UCR señalaban que, en el corto plazo, los que tienen más para perder son los propios gobernadores, que “en un mes o dos van a tener que empezar a pagar sueldos en cuotas”, según señalaba un legislador opositor. Entre tironeos y advertencias, todos esperaban que, antes de cualquier decisión, primero “baje la espuma”.

Del DNU a la consulta popular

En el Gabinete nacional también dejaron trascender, una vez más, que el Ejecutivo podría avanzar con un nuevo o nuevos DNU o con una “consulta popular”.

Como advierten en todos los bloques opositores, una consulta popular “vinculante” debe pasar necesariamente por el Congreso. El Gobierno podría llamar a una consulta popular “no vinculante”, como un intento de ejercer “presión popular” sobre los legisladores.

“Sería una estupidez por varias razones: por el gasto que supone algo así en un contexto con la mitad de la gente en la pobreza; porque demoraría meses llevarla a cabo y porque sencillamente podrían perderla y encima no obligaría a hacer nada”, resumía un diputado dialoguista que la Oficina del Presidente ubicó en la lista de los que “votaron en favor del pueblo”.

El DNU supone una discusión más compleja y más impredecible. Para empezar, tiene limitaciones constitucionales, con lo cual Milei no podría usarlo para hacer cambios en materia penal, tributaria o electoral. Pero los decretos también tienen control parlamentario.

Hasta ahora, el oficialismo decidió no conformar la Bicameral de Trámite Legislativo, que debería analizar todos los decretos, antes de someterlos a votación en el recinto. Todo DNU está vigente mientras no sea rechazado por las dos Cámaras legislativas (no alcanza con una sola) o invalidado en la Justicia, y así sucede con el mega DNU que Milei firmó en diciembre.

Ahora, sin Bicameral y pasado el plazo, los diputados y senadores pueden sesionar, si consiguen quorum, y rechazarlo en el recinto. Hoy, en los bloques dialoguistas señalan no hay intenciones de acompañar una posible sesión convocada por el PJ-K para rechazar el DNU que ya está en vigencia.

“No hay ninguna forma de que nos sentemos con el kirchnerismo para voltear un decreto sin tratamiento en la Bicameral. Pero hay que ver para dónde sale Milei: gobernar con decretos lo hicieron todos; extralimitarse, querer cerrar el Congreso, no ir a la apertura de sesiones el 1 de marzo, la violencia que está generando con el armado de listas…. es otra cosa. A medida que pasa el tiempo, también agota voluntades”, advertía una diputada de la UCR.

No está claro que podría pasar de aquí a un mes, con nuevos decretos y con una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y los gobernadores. Así, por ejemplo, en el Senado, UxP tiene 33 senadores, con lo cual necesitaría solo 4 más -suponiendo asistencia perfecta- para lograr el quorum. De entrada, hay tres senadores que responden al gobernador de Río Negro y al de Misiones, que fueron aliados del PJ-K hasta el 10 de diciembre pasado, y a los que el Ejecutivo ya puso en el grupo “en contra” del pueblo. Hasta ahora, no consiguió sesionar.