Luego de no poder imponer una suspensión al senador por Entre Ríos Edgardo Kueider y de tener que abrazar la expulsión que impulsó el kirchnerismo y que consiguió el respaldo de parte del PRO y de la UCR, el Gobierno abona la hipótesis de que la sesión fue nula y tensiona aún más la relación con Victoria Villarruel. Ahora, desmiente a la vicepresidenta.
La titular del Senado presidió la votación en la Cámara Alta, pero a esa hora debía estar en ejercicio de la presidencia. Sus voceros informaron que recién firmaron el traspaso a las 19, un detalle que supondría que el Gobierno estuvo acéfalo 7 horas, puesto que Javier Milei partió a Italia pasado el mediodía.
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El Senado expulsó a Edgardo Kueider
El Ejecutivo hizo circular una nota del Sistema de Gestión Documental Electrónica (el famoso GDE, con el que Sergio Massa quiso acorralar a Milei en el debate presidencial) en el que el jefe de Casa Militar Sebastián Ibáñez informaba al Escribano General de Presidencia Martín Giesso del viaje.
«Informo a usted que, el día 12 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas aproximadamente, el señor Presidente de la Nación, viajará a la ciudad de Roma (República Italiana), teniendo previsto su regreso el día 15 de diciembre de 2024 a las 20:00 horas aproximadamente», dice la nota fechada el martes y también remitida al resto del cuerpo de escribanos de presidencia.
Desde presidencia hicieron circular capturas de una supuesta conversación de ese mismo día con la secretaria de la vicepresidenta Guadalupe Jones en el que daban cuenta del viaje de Milei a Italia. «Villarruel miente«, agregaron funcionarios con despacho en la Rosada.
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Si bien algunos constitucionalistas advirtieron por las desprolijidades en la sesión, en el bloque de la UCR, por ejemplo, destacaron que no hay razones para declararla inválida. «La jurisprudencia es muy restrictiva al analizar violaciones reglamentarias cuando la propia Cámara es la que dice que algo estuvo ok», dijeron. El presidente provisional de la Cámara Alta, el libertario Bartolomé Abdala, también se expresó en ese sentido y dijo que Villarruel no tuvo una participación activa.
En la mesa chica de Milei agitan la idea de que la sesión para expulsar a Kueider fue nula. También apuntan contra la vicepresidenta por la estrategia legislativa, una dinámica que se repitió en los últimos días aunque la titular del Senado diagramó con el jefe de Gabinete Guillermo Francos parte del fallido plan para evitar que el kirchnerismo recuperara la banca que ahora asumirá la camporista Stefanía Cora.
En la presidencia del Senado no pierden su capacidad de asombro por el vínculo que Milei le propone a su compañera de fórmula. «Invierten la carga de la prueba. Es Presidencia quien tiene que informar si viaja el Presidente. Ninguno de los canales que mencionan es institucional. La vicepresidenta no tiene acceso al G.D.E«, aclararon.
El tiro por elevación es para Karina Milei, secretaria general de Presidencia, a cargo formalmente de la agenda del jefe de Estado, y la más ferviente detractora de la vicepresidenta.
En el oficialismo nadie sugiere que los errores hayan sido una escenificación para abrir la puerta a una impugnación. En la Rosada y en el Congreso hablan sencillamente de mala praxis. Solo difieren a la hora de responder quién fue el responsable de la desprolijidad.
Desde la asunción de Milei, Villarruel fue una sola vez a la Casa Rosada para firmar el traspaso frente al escribano. Fue el 15 de enero de 2024, cuando el Presidente viajó a Davos, Suiza. Ese día, la vice firmó arrodillada frente a una mesa ratona el traspaso, un detalle que Presidencia se encargó de difundir en las fotos oficiales. Villarruel no regresó nunca más a Balcarce 50 para esa ceremonia y sus visitas a la Rosada, donde originalmente planeaba tener un despacho, fueron pocas.
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En el Senado insisten en que la sesión no puede ser impugnada y destacan que Kueider tendría más chances de boicotear la sesión si sus abogados alegaran que no pudo defenderse, porque no estuvo presente.
Tampoco disimulan su indignación y destacan que las comunicaciones con la Casa Rosada nunca se interrumpieron durante la votación. Desde la Casa de Gobierno precisamente llegó la orden que ejecutó el jefe de bloque Ezequiel Atauche para acompañar la expulsión del senador por Entre Ríos, un aliado clave del Gobierno hasta que quedó preso en Paraguay por ingresar ilegalmente US$ 200 mil.
La Fiscalía Federal 3 de Comodoro Py le pidió este viernes al presidente Javier Milei que ordene desclasificar documentos secretos para poder avanzar en la investigación por el asesinato del fiscal Alberto Nisman.
El pedido al Presidente hace referencia a todos los archivos de inteligencia que pudiera haber en la SIDE, en las áreas de Inteligencia del Ejército y de todas las fuerzas de seguridad federales, vinculados a Nisman y a su actividad en la UFI AMIA, por entender que el homicidio del fiscal ocurrió como consecuencia de su trabajo en la investigación del atentado a la mutual judía (1994, 85 muertos), y de lo que denunció como su encubrimiento: el Pacto con Irán.
Nisman fue hallado con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de aquella denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner.
El expediente que investiga su muerte dice que fue asesinado y que el partícipe necesario del crimen fue el ex empleado informático de su fiscalía, Diego Lagomarsino.
También quedaron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de Nisman que debieron cuidarlo aquel fin de semana en que lo mataron: Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán.
El pedido de las autoridades judiciales a Milei fue presentado durante la mañana de este viernes directamente en Presidencia, según confirmaron a Clarín fuentes del caso.
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Lleva las firmas del fiscal Eduardo Taiano y del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, integrante del equipo de la fiscalía que lleva adelante la investigación por el asesinato de Nisman.
Según la investigación, en el expediente está probado que a partir del acercamiento geopolítico con Irán -durante la presidencia de Cristina Kirchner- hubo una ruptura interna en parte de la SIDE, que siguió investigando el caso AMIA pese a pedidos en contrario del Ejecutivo: en la causa hay testimonios que aseguran que el gobierno de Cristina le bajó la orden a la SIDE para que dejara de investigar a Irán y de colaborar con Nisman.
A partir de ese escenario, se empezaron a transferir tareas propias de la SIDE hacia el área de Inteligencia del Ejército.
El pedido de la Fiscalía a Milei llega luego de una seguidilla de oficios con distintos pedidos de información que se enviaron a la SIDE durante todo este año, sin que ninguno hubiese sido resuelto.
En la misma situación de hermetismo están los pedidos hechos al Ministerio de Defensa para que informe sobre detalles de funcionamiento del área de Inteligencia del Ejército en la época en que ocurrió el crimen de Nisman.
Altas fuentes de ese Ministerio dijeron a Clarín que, para liberar la información que requiere la fiscalía, necesitan primero el aval de la SIDE por cuestiones legales. Y que el trámite está en esa etapa.
Parte del oficio enviado ahora al Presidente es para destrabar el acceso a esa información.
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La Ley de Inteligencia Nacional es la 25.520. En el apartado que habla sobre “Clasificación de la Información” establece que “el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad…”.
Allí apunta el pedido judicial.
Concretamente, los investigadores quieren desentrañar cómo era el funcionamiento de los espías “inorgánicos” -conocidos en la jerga como “buchones”– en la época en que mataron a Nisman y en los años anteriores.
El pedido abarca documentos de una década, desde que Nisman asumió en la UFI AMIA en 2004 hasta que lo hallaron muerto en su departamento, a comienzos de 2015.