Un año después de su asunción, el Gobierno de Javier Milei gasta en términos reales la mitad de los fondos que destinaba el kirchnerismo para pagar planes sociales. Sin embargo, sigue erogando a razón de US$ 10 millones diarios en concepto de asistencia social y prevé un aumento del gasto en el Presupuesto 2025, medido en dólares, de US$ 595 millones.

La principal diferencia en la gestión del área, a cargo del Ministerio de Capital Humano, pasó por la decisión de quitar la intermediación de los beneficios a las organizaciones sociales, tal como se hizo en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Y, a la vez, por el final de los piquetes y cortes de tránsito que se logró desde el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires.

Sin el peso de en años anteriores, los principales grupos piqueteros casi no tuvieron presencia activa en las calles, aun en un contexto de reclamos por actualizaciones en los montos de los principales planes que paga el Estado. Hubo algunas manifestaciones aisladas a principios de año, pero de menor relevancia de las que organizaban movimientos de izquierda como el Polo Obrero hasta 2023, cuando el control del extinto Ministerio de Desarrollo Social se lo repartían entre el Movimiento Evita y la Cámpora.

La estrategia en materia social estuvo siempre bajo la órbita de Sandra Pettovello, que priorizó darle mayor preponderancia a la Tarjeta Alimentar por encima de otros planes como el ex Potenciar Trabajo, que fueron desarticulados y divididos en distintas áreas estatales.

La Alimentar mantuvo su padrón de más de 2,3 millones de beneficiarios y subió los montos de un año a otro hasta en un 100%, pero también quedó debajo de la inflación.

A falta de 15 días exactos para el final del año, el Ministerio de Capital Humano destinó al pago de planes sociales exactamente $ 2,97 billones. La cifra, en términos nominales, representa un 56% más que los $ 1,9 billones que la administración anterior había pagado, aunque tomado en términos reales representa una enorme disminución del gasto del Estado de un año a otro.

La inflación de enero a diciembre, se estima, terminará en torno al 117%, es decir, más del doble del aumento de fondos que hubo para planes en ese mismo período.

Trasladado a dólares, devaluación mediante de hace un año atrás, el impacto es más notorio: mientras en 2023 se habían gastado US$ 5.928 millones en asistencia social (no se incluye el pago de jubilaciones, pensiones y AUH por ser universales); en 2024, en total, se llevan gastados US$ 3.262 millones, a un dólar promedio de $ 912. Es decir, hubo una reducción del gasto del 45%.

En el despiece de gasto, la Tarjeta Alimentar se llevó la mayor parte. En 2024 se le destinaron $ 1.787 millones, exactamente US$ 1.960 millones. El ex Potenciar Trabajo, dividido en dos áreas, fue mucho menos influyente en términos presupuestarios que años anteriores: por «Acciones de Inclusión Social» se pagaron $ 556 millones y por «Acciones de Empleo» unos $ 632 millones. Sumados, equivalen a $ 1.188 millones o, US$ 1.302 millones.

La situación cambia para 2025, año electoral en el que el Gobierno le inyectará más fondos al presupuesto de asistencia social, según el proyecto que envió y que todavía espera aprobación en el Congreso. También medido en dólares, se espera que se gasten en los programas que atienden el tema en Capital Humano unos US$ 3.857 millones, exactamente US$ 595 millones más que este año pero sideralmente menos que lo que se gastó en 2023.

Desde lo presupuestario, pero también desde lo discursivo, uno de los grandes éxitos del gobierno de Javier Milei pasa por haber terminado con el sistema de intermediación de los planes sociales y por el posterior fin de los piquetes que provocaban cortes de tránsito especialmente en la ciudad de Buenos Aires.

Sin los piqueteros como punteros e intermediarios, el beneficio lo cobra cada persona, sobre todo la tarjeta Alimentar, que se paga a través de ANSeS y como la Asignación Universal por Hijo. La medida generó resquemores en las organizaciones sociales, pero se terminó llevando a cabo en el tiempo. Así, por caso, se terminaron maniobras de los propios grupos piqueteros, como el Polo Obrero, que le cobraban un 2% de su asignación a cada beneficiario en concepto de aporte a la organización.

Aun en ese contexto, el Gobierno se las ingenió para mantener la calma en un panorama social bien álgido, sobre todo porque las organizaciones reclamaban ajustes alineados a la inflación, que se fueron dando de manera esporádica al principio, pero que luego terminaron ubicándose más cerca de la suba de precios. El ejemplo más claro se dio en la Tarjeta Alimentar, el principal plan social del Estado, que el Gobierno reforzó, aunque no alcanzó para igualar el crecimiento de la inflación.

Con impacto directo en más de cuatro millones de personas y 2,3 millones de beneficiarias, la Tarjeta Alimentar paga en la actualidad $ 52.250 mensuales por hijo, $ 81.936 por dos hijos y $ 108.062 por tres hijos. La reciben aquellas personas que cobran AUH (Asignación por hijo) y AUE (Asignación por Embarazo). Hace un año, esos montos se ubicaban en $ 28.600, $ 44.850 $ 59.150, respectivamente. Significa que subieron entre el 83% y el 100% los montos, pero no le empataron a la inflación del 117%.