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POLITICA

Un intendente rescindió el contrato de un local que alquilaba Máximo y Florencia Kirchner

El inmueble, que fue sede de la inmobiliaria y bunker político de Máximo Kirchner, había sido alquilado al municipio en 2022 como oficina pública.

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El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, tomó la decisión de rescindir el contrato de alquiler de un inmueble que pertenece a Máximo y Florencia Kirchner en Río Gallegos. Este local, que anteriormente había funcionado como la inmobiliaria y bunker político de Máximo Kirchner, fue alquilado al municipio en 2022 y utilizado como una oficina pública.

El contrato de tres años, firmado por el exintendente Fernando Cotillo, fue rescindido por Carrizo a través de una carta documento dirigida a los hermanos Kirchner y a Matías Bezzi, exfuncionario en YPF y apoderado del contrato. La decisión se fundamentó en considerar el gasto como “innecesario e inmoral” para el municipio.

Carrizo explicó en la carta documento dirigida al diputado Máximo Kirchner que la actual administración provincial está comprometida en una “lucha por el federalismo” de la provincia, y asegura: “toda vez que padecemos hace décadas un centralismo perverso que, entre muchas cosas, somete permanentemente al interior a realizar gestiones en Río Gallegos, cuando debería ser la capital la que traslade al interior sus dependencias”.

Intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto a Juan Acuña Kunz, en Río Gallegos.

El local, denominado “Casa de Caleta Olivia” durante la gestión de Cotillo, fue inaugurado en marzo de 2023 y utilizado tanto para tareas administrativas de la ciudad, como para actividades proselitistas del kirchnerismo. Allí, Unión por la Patria presentó una de las fórmulas para la gobernación que luego perdería con el actual gobernador Claudio Vidal: Javier Belloni–Fernando Cotillo.

El contrato de alquiler, firmado por el municipio a favor de los Kirchner, ascendía a un total de $6.7 millones a pagarse en tres años, y se estableció un pago mensual de $100 mil los primeros seis meses, monto que luego se iría actualizando con los meses. Finalmente, fue rescindido aproximadamente a mitad del periodo acordado. 

El intendente Carrizo, que asumió en octubre pasado, expresó la intención de “descentralizar Río Gallegos” y resolver los asuntos en la localidad que representa. Por este motivo, el contrato rescindido fue parte de la estrategia para lograrlo.

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La propiedad fue adquirida por Néstor Kirchner en 2006. Meses después, la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho & Asociados” se mudó a este local y Máximo Kirchner mantuvo allí sus tareas vinculadas a la administración de las propiedades de la familia Kirchner, que incluía el cobro de alquileres a las empresas de Lázaro Báez.

En este mismo inmueble, Máximo Kirchner supo armar su búnker político local, donde recibía las cartas y pedidos de favores que recibía a diario, algunas escritas y que quedaron allí entremezcladas y abandonadas entre papeles viejos e informes de consultoras con encuestas sobre antiguas campañas electorales.

La inmobiliaria funcionó hasta noviembre de 2017, cuando tuvo que cerrar las puertas luego de que las propiedades y las sociedades comerciales de los Kirchner quedaran bajo administración judicial. Durante los allanamientos en el interior de la inmobiliaria, ordenados por la Justicia federal en el marco de las causas de los Kirchner, encontraron una bóveda de doble puerta: la primera puerta era común, la segunda blindada y conectaba con la bóveda. El hallazgo valió una denuncia en la justicia federal de la abogada Silvina Martínez. 

Las oficinas estuvieron cerradas cinco años pese a encontrarse en pleno centro comercial, sobre la avenida “Presidente Néstor Kirchner” de Río Gallegos hasta que en agosto del 2022 fue alquilada al municipio de Caleta Olivia.

POLITICA

La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías

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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.

Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.

La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025

En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.

El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.

Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.

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