Independientemente de lo que ocurra con la Ley de Bases en el Congreso y las 11 empresas públicas que el Gobierno de Javier Milei quiere dejar sujetas a privatización, la Casa Rosada inició un proceso de saneamiento de estas compañías que por estos días tienen números en rojo que tal como ya adelantó TN en algunos casos llegan hasta los $700 mil millones anuales de déficit.

Más de estas deficiencias financieras, las compañías del Estado presentan defectos en su funcionamiento e irregularidades diversas que fueron advertidas en los informes que la Sindicatura General de la Nación realizó sobre cada una de estas en los últimos años. Este medio accedió a buena parte de las revisiones publicadas en 2023 (correspondientes a 2022) en las que se detallan anomalías como empleados asignados a tareas improductivas; dependencia financiera del Tesoro para sostener la actividad de la compañía, equipamiento con antigüedad superior a los 20 años y demoras en las aprobaciones de estados contables.

Estas anomalías están siendo analizadas por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado a cargo de Mauricio González Botto, que suele repetir que para vender una compañía del Estado “primero hay que sanearla”.

Las lapidarias conclusiones sobre las empresas públicas

Dentro del universo de irregularidades que se encontraron en las compañías de capital estatal, la SIGEN marcó en su último informe sobre la Fábrica Argentina de Aviones S.A. con asiento en la provincia de Córdoba la aparición de “horas subutilizadas” debido a que la planta tenía un nivel de actividad mucho menor a su capacidad total. En otras palabras, se estimó en $1.576.412.008 millones las pérdidas en ventas por el costo laboral que representó esta falta de órdenes productivas.

Lee también: El Gobierno busca contrarrestar la baja tasa de los plazos fijos: cómo planea que mejore el rendimiento

Además el informe de la Sigen marcó una falta de política de ventas a privados y como consecuencia de esta situación, una dependencia de la compañía del presupuesto nacional, además de demoras en el cierre de contratos.

Algo parecido se detectó en Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). Allí la auditoría de la Sigen determinó que la compañía encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense presenta una dependencia financiera del Estado nacional para ejecutar sus planes de obras, mejoras y servicios. El trabajo del órgano de control marca que “los ingresos por tarifas no cubren el equilibrio económico y financiero”.

De las 11 empresas que el Gobierno quiere dejar sujetas a privatización total o parcial y/o concesionar, 10 son deficitarias. Sin la asistencia del Estado nacional no podrían sostener la estructura para funcionar. La gestión de Milei busca reducir estos aportes del Tesoro en el marco del plan para lograr déficit cero y, a su vez, convertir a estas compañías en una oferta más atractiva para eventuales inversores. “Quién va a querer poner plata en una empresa en rojo”, repiten en la Casa Rosada.

Lee también: La Casa Rosada ratifica la llegada de Sturzenegger al Gabinete, pero aclara que aún no tiene un cargo definido

Otra de las firmas en las que se detectaron anomalías es en Contenidos Públicos S.E., la firma estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar. La auditoría de la SIGEN que data del 2022 (publicada en 2023) determinó que la sociedad no aprobaba sus estados contables lo que impedía ver en detalle la gestión llevada a cabo en esos ejercicios. Además se detectaron libros societarios desactualizados y la empresa en cuestión nunca constituyó el Comité de Auditoría ni de Integridad y Transparencia, al menos hasta el último de los informes de publicados por la Sigen.

En el informe que la Sigen publicó en 2023 sobre la empresa Intercargo se advierte que esta firma que brinda el servicio de rampa y escalera para que los pasajeros puedan bajar de los aviones de manera segura en los aeropuertos, cuenta con equipamiento que tiene más de 20 años de antigüedad y que presenta falencias en sus condiciones de seguridad. Si bien es cierto que en la compañía luego informó que desarrollaría durante el año pasado un sistema de actualización de estos materiales, durante todo 2020 y 2021 los pasajeros utilizaron elementos que no estaban en las mejores condiciones.

Lee también: Por la ola de frío, restringen el gas a industrias para que no haya faltantes ni cortes de luz en hogares

El informe habla de equipamiento de rampa que no reúne las medidas de seguridad y confiabilidad apropiada. Ante esto la Unidad de Auditoría Interna de la firma recomendó desarrollar un Plan Integral de equipamiento en escalas y solicitó confeccionar una especie de inventario para conocer el estado de material, costos de reparación y mano de obra necesaria.

En la auditoría se encontraron algunos datos curiosos. Como que el edificio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado tiene un valor de unos $6.355.000.000, según una estimación que hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación en septiembre de 2020.

En 2024 estas compañías ya comenzaron a recibir fuertes inyecciones de dinero. En al menos nueve de estas ya colocó más de $620.000 millones. Es parte del déficit que la Casa Rosada busca recortar. Para que estas compañías puedan ser privatizadas de manera total o parcial aún resta la aprobación del Senado de la Nación. Recién ahí, Gonzalo Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, podría comenzar a analizar cuál es el panorama para una eventual pase a manos privadas.

Gobierno, empresas, Javier Milei