Aprobados la Ley Bases y el paquete fiscal, y expectante por la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno ahora va por otras grandes apuestas. El propio Javier Milei adelantó públicamente que se viene un nuevo megaproyecto para desregular la economía, pincelado otra vez por Federico Sturzenegger. Pero la cosa no acaba ahí.

El presidente quiere impulsar una reforma política para modificar tres de los pilares del sistema electoral argentino. Es por ello que le encargó a su jefe de Gabinete la tarea de producir una idea y enviarla al Congreso de la Nación. Pues claro: la Constitución Argentina le impide al presidente dictar decretos en materia electoral (artículo 99, inciso 3). No tiene otra que pasar por el Parlamento.

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La persona a cargo de semejante tarea es el vicejefe de gabinete de ministros, Lisandro Catalán, mano derecha de Francos. Secundó eficaz y eficientemente a su jefe durante el armado y la negociación política que permitieron aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal. Ahora tiene la responsabilidad de preparar un proyecto que ancla en tres ambiciosos objetivos.

En primer lugar: eliminar las PASO. Para ello, trabaja en dos direcciones. Por un lado, la posibilidad de convertirlas en “PAS” (Primarias Abiertas Simultáneas), es decir, quitándole a la herramienta la cuota de obligatoriedad. Sería para el Gobierno un gran avance pero no resolvería del todo algo que para Milei es un problema: las PASO cuestan dinero, y mucho.

Solo para tener en cuenta: las PASO 2023 le costaron al Estado más de 8000 millones de pesos. Para peor, muchos de los espacios políticos presentan un solo candidato. Eso significa que, en esos casos, las PASO solo sirven para demostrar capacidad electoral y se convierten en una encuesta pagada por el pueblo. Es por eso que dentro del Gobierno hay quienes consideran que directamente habría que eliminarlas, hasta tanto la Argentina no resuelva su crisis socioeconómica.

En segundo lugar: el financiamiento de las campañas políticas. Un lugar oscuro del sistema. Si bien es cierto que la ley impulsada por el exministro del Interior Florencio Randazzo durante su gestión en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner produjo grandes avances, lo cierto que es aun persiste lo que suele llamarse “campaña en negro”, es decir, aportes no declarados.

Lo que el Gobierno plantea es la necesidad de sincerar. Es decir, terminar con la hipocresía de no poner el tema sobre la mesa. Considera que es el momento de hacerlo, de liberar el financiamiento de las campañas, pero con un sistema de control y auditoría para prevenir la comisión de delitos o el encubrimiento (narcotráfico, por ejemplo). Fiel a su estilo liberal, el presidente considera que -como el resto de las actividades- hay que desregular el sistema de financiamiento de las campañas.

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Por último: el sistema de boleta única. En este caso, hay un camino allanado. Hay una media sanción lista para ser tratada en el Senado de la Nación. Pero, según el Gobierno, hay un pequeño tema a resolver. Al parecer, algunos senadores objetan el proyecto aprobado en Diputados porque promueve el “modelo cordobés”. Es decir que propone el modelo de boleta con un casillero que dice “vota todo”, “vota completo” o “vota todas las categorías”. Según algunos creen, esa opción destruye el espíritu “reflexivo” que el sistema de boleta única promueve, beneficiando a los partidos políticos grandes que tienen capacidad de movilizar el aparato, escondiendo dentro de un sistema progresista el engaño “conservador” de fomentar el voto de la boleta completa. El Gobierno entiende que puede impulsar una nueva iniciativa que subsane este inconveniente.

Como sea, se trata de un proyecto ambicioso para un gobierno que, cerrado el capítulo de la Ley Bases, necesita de nuevas iniciativas que cautiven a la opinión pública.

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