ROSARIO. La causa por el “vivero narco” que funcionaba sobre la ruta N°1, a la altura de Arroyo Leyes, al norte de la ciudad de Santa Fe, será elevada a juicio y siete personas serán juzgadas por tráfico de estupefacientes y cultivo de plantas para producirlos.

Los acusados fueron detenidos en el marco de una investigación que en febrero de 2024 logró desarticular dos predios con plantaciones de marihuana: uno de cuatro hectáreas en aquella localidad ubicada a 23 kilómetros de la capital provincial, y otro en una vivienda, bajo la modalidad indoor.

El caso del vivero en Arroyo Leyes provocó un efecto en la producción legal de marihuana con fines medicinales, porque luego de que se detectara este predio, que funcionaba con autorización oficial, el Poder Ejecutivo Nacional decidió dar de baja las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

El argumento que dio la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, fue que en muchos emprendimientos se “desvía la marihuana hacia el mercado ilegal”. “Vamos a dar todo de baja y vamos a empezar de cero”, apuntó.

El vivero intervenido por la Policía Federal en 2024 funcionaba en una zona rural ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y de noche quedaba iluminado con potentes lámparas que servían para darle calor a las plantas de cannabis.

El emprendimiento era manejado por Gabriel Nudel, barrabrava de Colón que fue detenido y está entre quienes serán juzgados. El predio era custodiado por hombres armados, y a sus propietarios no les importaba el importante consumo de energía necesario para el crecimiento de las plantas de Cannabis sativa porque estaban enganchados de los cables de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

En las imágenes que registraron los investigadores de la Policía Federal se veía que en medio de la oscuridad el vivero, que tenía una superficie de cuatro hectáreas, estaba repleto de lámparas que se utilizan para darle calor en las noches a las plantas.

El fiscal federal Walter Rodríguez, a cargo de la investigación, pidió un informe a la EPE para determinar si había algún tipo de complicidad en la empresa, en la que no habrían sido advertidas estas maniobras para robar energía, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

Con permiso

El vivero narco funcionaba con una pantalla legal. Es la primera maniobra de este tipo que se descubre desde que se autorizó la producción de cannabis para uso medicinal. Ese predio estaba a nombre de otra persona, pero –según la investigación que hizo la Policía Federal- era manejado por Nudel, un barrabrava de Colón con fuertes vinculaciones con otros narcos pesados de Santa Fe, entre ellos, Vicente Pignata, quien actualmente se encuentra prófugo.

En la puerta del predio donde estaban los cultivos de cannabis había un cartel con un código QR; si alguien lo registraba con su teléfono lo conectaba con los datos de un representante que aparece inscripto en el Instituto Nacional de Semillas.

Para los investigadores esa era una pantalla para la producción en grandes cantidades de marihuana en cuatro hectáreas que servían para proveer de manera ilegal a las principales ciudades santafesinas y a las de otras provincias, entre ellas, Córdoba.

Según señalaron a LA NACION fuentes de la investigación, el primer capítulo de esta historia que tiene como protagonista a Nudel se escribió en enero de 2023, cuando en un puesto de Gendarmería en la ruta 19, que conecta Santa Fe con Córdoba, se secuestraron 500 kilos de marihuana en dos vehículos en cuya documentación figuraba el nombre de un primo hermano de Nudel.

Ese cargamento que tenía como destino la provincia de Córdoba se presume que provenía de la chacra de cannabis que el barrabrava de Colón, del sector de La Negrada, había montado en Arroyo Leyes, donde los agentes de la PFA secuestraron varias armas que usaban para custodiar el lugar.

Según los investigadores, si la documentación fuera legítima solo podrían haber producido nueve plantas, con la posibilidad de duplicar ese número de manera solidaria con otra persona inscripta en el Reprocann.

Los seguimientos que hicieron los agentes de la Policía Federal ubicaron a Nudel en ese vivero varias veces a la semana. En el predio había gran cantidad de plantas; en dos parcelas alcanzaban casi dos metros de altura.

Nudel tiene una extensa historia ligada al narcotráfico en Santa Fe, vinculado a un personaje misterioso: el prófugo Vicente Pignata, un hombre de clase media que se transformó en uno de los principales proveedores de droga en Santa Fe y luego desapareció. Actualmente tiene pedido de captura de Interpol, pero también hay fuertes versiones de que podría estar muerto.

El nombre de Pignata trascendió a los medios de manera masiva cuando se conoció que había alquilado una casa en un country que estaba a nombre del basquetbolista Carlos Delfino, exjugador de la Generación Dorada y de la NBA, quien en 2019 fue procesado por supuesto lavado de activos del narcotráfico.

El caso del vivero fue elevado a juicio oral y tiene la particularidad de que las personas acusadas habían tramitado un certificado del Instituto Nacional de Semillas (Inase) en el marco de la ley 27.350, que regula la investigación médica y científica para el uso medicinal y terapéutico del cannabis. La intención era darle apariencia legal a su actividad ilícita.

En la primera de las piezas acusatorias, la fiscalía imputó por organización de actividades de narcotráfico a Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel, de 35 años, detenido con prisión preventiva efectiva desde febrero de 2024, cuando el juzgado ordenó los allanamientos durante los cuales se desarticularon los dos establecimientos de cultivo de marihuana a gran escala.

El segundo dictamen amplía la acusación respecto de Nudel por el delito de cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada; tenencia simple de arma de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización legal, y hurto de energía, en concurso real con la figura de narcotráfico.

En el mismo escrito los fiscales solicitaron el juicio oral y público para Osvaldo Ernesto Ceresole, Mauricio José Zambón, Adrián Cesar Poncio Nerbutti, Tomás Benítez, Napoleón Cardo y Gastón Persoglia, a quienes la fiscalía sindicó con diferentes roles en la organización, y los acusó también por los delitos de cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada; simple tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, y hurto de energía, en concurso real.