Cristina Kirchner siguió esta semana presentando nuevos recursos para demorar más el fallo de la sala IV de la Casación Federal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que debe revisar su condena a 6 años en la causa Vialidad.

La ex presidenta ya logró, con una serie de artilugios, que Casación «no votara antes de la feria de invierno pasado como era el plazo original», dijo una fuente judicial a Clarín.

Luego usó una denuncia civil contra el juez Hornos -que no fue por abuso sexual- pero como quedó descartado por el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuan, recurrió a más inéditos recursos.

Sin embargo, el presidente de la sala IV Hornos convocó para el lunes a sus colegas para poner una fecha para emitir el voto en esta causa de tan alta sensibilidad política.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín se estima que por las nuevas jugadas de Cristina y su aparato de abogados, medios y espías que Casación “no podrá evitar su voto hasta después del 18 de octubre” si todo sale bien, aunque algunos de sus miembros quieren votar antes.

Se sabe que los tres camaristas están preparando, cada uno con su voto, una resolución que tendrá decenas de fojas para justificar su decisión que tiene la atención de la clase política y la sociedad en general.

Pero antes tienen que decidir sobre tres nuevas «chicanas» del abogado de la exvice, Carlos Beraldi, quien pidió revisar el rechazo a su pedido de no apartar a Hornos de la causa. Además, quiere que el planteo sea analizado por todas las partes, es decir de los más de trece imputados. Y la tercera presentación realizada por la ex presidente de la Nación refiere a las expresiones públicas Javier Milei en su acto de Parque Lezama, en las que ante el grito de sus seguidores de “Cristina, presa”, contestó “Señores jueces, teléfono”, como una supuesta presión.

Además, ahora puso en marcha, en forma paralela, otra jugada en el Consejo de la Magistratura y lanzó su candidatura a presidenta del Partido Justicialista, siempre para tratar de ganar más tiempo e intentar que Casación «no vote antes de que el 28 de diciembre cuando se jubile el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda».

En forma concatenada, organismos de Derechos Humanos K denunciaron a la jueza Agustina Díaz Cordero ante la Magistratura por estar mencionada en los chats investigados la causa por la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad.

La magistrada negó tener cualquier tipo de vínculo con esa visita a la cárcel de Ezeiza, pero reconoció que tiene relación con el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represores. Los K quieren apartar a Díaz Cordero de la comisión de Acusación de la Magistratura que debe decidir si desestima abrir un sumario al juez Hornos por el incidente civil, que quedó archivado en la justicia federal. En esa comisión, los K no tienen mayoría.

Como el presidente la Acusación, Miguel Piedecasas, los recibirá la semana pasada, la estrategia dilatoria de Cristina ganará una semana más. Con el cierre de la denuncia contra Hornos, el sumario debería haberse archivado en forma automática.

¿Por qué quiere seguir ganando tiempo con una condena que le fue dictada el 6 de diciembre de 2022?, se preguntan en tribunales.

«Porque sabe que Casación la confirmará la condena a 6 años y su mira está en la Corte que deberá pronunciarse, como última instancia, para que su sentencia se cumpla«, se contestan las fuentes. Cristina no irá a una cárcel porque cumplió 71 años, pero sí sufriría prisión domiciliaria.

La especulación K es que una Corte con la actual mayoría de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda rechazaría un recurso de la defensa y así debería ejecutarse la condena sin más dilaciones.

En cambio, en una Corte solo integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti creen que tienen más chances, apostando a que el último «quede atado al intento del gobierno de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro del máximo tribunal», dicen.

En el mundo judicial se observó que ayer en Mar del Plata en un acto de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que dirige el peronista histórico Julio Piumato, se vio en la misma mesa a la segunda del gremio Maia Volcovinskt, junto al juez Lijo. Y Volcovinskt elogió esta semana en radio Mitre a Santiago Caputo.

Al margen de estos detalles políticos, el temor del kirchnerismo son los votos de los cuatro miembros de la Corte que rechazaron, en los años pasados, recursos de, por ejemplo, el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone que los llevaron a cumplir su condena.

Y, sobre todo, cuando la Corte rechazó el mes pasado sendos recursos del ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando De la Rúa Enrique Mathov a 4 años y 3 meses de prisión efectiva y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos a 3 años y 6 meses por homicidio culposo de tres personas en la represión de diciembre de 2001. Despúes de ese rechazo del máximo tribunal, Mathov y Santos se presentaron en tribunales con bolsos con prendas personales para cumplir sus condenas.