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Violencia de género: El recuerdo de Daniel Scioli que divide al gobierno de Milei

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La denuncia de Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento puso sobre el tapete un asunto que pareciera incomodar tanto al gobierno de Javier Milei como al conjunto de dirigentes de Unión por la Patria. Ciertamente, las posturas a uno y otro lado del espectro ideológico lejos están de mostrarse homogéneas.

Desde la oposición, se pudo observar un claro quiebre entre el grueso de los legisladores del bloque de UP y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En efecto, mientras la Cámara de Diputados publicó una carta expresando preocupación por el escándalo y asegurando que “la postura siempre es creerle a la víctima”, la ex ministra de Desarrollo Social decidió abstenerse de firmar la declaración.

Si bien provocó el repudio de propios y extraños, la postura de Tolosa Paz no sorprendió. En efecto, tanto ella como su marido Enrique “Pepe” Albistur tienen una amistad muy cercana con el ex presidente. Tanto, que Alberto Fernández vivió varios años en el departamento que el matrimonio tiene en Puerto Madero. Tras asumir la presidencia en diciembre de 2019, Fernández retribuyó la amistad con numerosos contratos millonarios en concepto de publicidad en vía pública para Albistur y varios puestos de relevancia -entre ellos el de ministra de Desarrollo Social de la Nación- para Tolosa Paz.

Del mismo modo, la denuncia de Yáñez despertó controversia en el seno del gobierno libertario. Es que, a pesar de la ansiedad por aprovechar la situación para golpear a un kirchnerismo que se cansó de envolverse en la bandera de los derechos de la mujer, el recuerdo de un episodio protagonizado por Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei, pareciera despertar las peores pesadillas.

El hecho ocurrió en 2019, cuando Scioli era candidato a presidente de la Nación del kirchnerismo. Fue entonces que su pareja, la modelo Gisela Berger, decidió denunciarlo públicamente por amenazas, hostigamiento y hasta dedicó unas cuantas horas a sembrar sospechas sobre la licitud del origen de su dinero.

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Daniel Scioli dice que se va por el brazo, mientras la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país?”, publicó Berger en sus redes sociales tras un viaje de la pareja que terminó en pelea. Junto al texto se veía una foto de ambos en un paradisíaco lugar. Cuando le preguntaron por qué publicó aquello, respondió: “Es simple, pienso que no lo puede pagar”.

“Estoy muy nerviosa, es un momento horroroso”, aseguró entre lágrimas. De acuerdo a la ex modelo, la amenazaron durante el viaje a Francia. “Desde hace un tiempo me vienen pidiendo cosas, y como son cosas que no comparto, la cosa se empezó a poner más tensa”, recordó. “La verdad es que tengo miedo. No es que me dijeron que me van a matar, pero cuando amenazan te dicen cosas como: ‘No te metas más con el apellido Scioli’”.

Angustiada, casi sin voz, la por entonces ex pareja de Daniel Scioli continuó: “Me amenazaron fuerte y grave. Las amenazas vinieron de alguien, pero estaba también él presente. Tuve miedo al punto de pensar que esto no lo iba a hacer público”. Momentos después, aseguró que, a pesar de aparecer sonriente en las fotografías junto a su nueva hija, el ahora funcionario de Javier Milei le había exigido que se haga un aborto y no la acompañó en el parto.

A pesar de no haber realizado una denuncia formal, la Justicia tomó enserio sus dichos. Tanto, que tiempo después Berger fue citada a declarar en los Tribunales de La Plata en la causa que investigaba al ex gobernador y candidato presidencial por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta en la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías

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El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

El polémico gasto de Axel Kicillof en tratamientos de hormonización para personas trans

Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.

El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.

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