POLITICA
Por el “vacunatorio VIP” piden indagar a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Cinco años y medio después, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió indagar al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas por servirse del “vacunatorio VIP” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Ahora será la jueza federal María Eugenia Capuchetti la que decidirá si corresponde indagarlos a todos, a algunos de ellos o a ninguno.
El pedido del fiscal Taiano obedece a una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación VIP, saltándose la fila, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.
Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que tiene todos sus puestos vacantes.
Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.
También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.
Ahora serán juzgados Eduardo y Chiche Duhalde; el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata; Horacio Verbitsky, cuya confesión radial destapó el escándalo; el empresario Florencio Aldrey, del diario La Capital de Mar del Plata; su familares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille, integrante de la Secretaría Privada del Ministerio de Salud.
También pidieron que se indague al diputado Jorge Taiana, excanciller; al diputado Eduardo Valdés; a María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente; a Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
Integran la lista, además, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, el periodista Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial que era parte de “burbuja sanitaria” de Alberto Fernández), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor “Topo” Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.
Taiano pidió que sean citados a declaración indagatoria los 34 particulares que recibieron dosis de la Sputnik V por fuera de todo criterio sanitario.
El dictamen considera que “los elementos de prueba reunidos configuran el estado de sospecha” que precisa el Código Procesal y les atribuye a los vacunados el rol de partícipes necesarios del delito de peculado de bienes, que prevé penas de dos a diez años de prisión.
El peculado es un delito en el cual un funcionario público se apropia, usa de forma indebida o desvía dinero, bienes o servicios del Estado que están bajo su control, administración o custodia por razón de su cargo.
Para el fiscal, los vacunados no fueron beneficiarios pasivos de un favor, sino parte de la maniobra. “Contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”, sostuvo.
Nadie podía alegar ignorancia, agregó, porque las campañas de vacunación fueron públicas y masivas, y las reglas de priorización “resultaban razonablemente conocidas por la ciudadanía”.
En la causa hubo una orden de retirar diez dosis asignadas al Hospital Posadas y trasladarlas al Ministerio de Salud, donde el 18 de febrero de 2021 se montó un vacunatorio precario en la antesala del despacho de González García, en el segundo piso.
Allí se inocularon Seza Manukian, Verbitsky -consignado en los registros como “Verbinsky”-, Aldrey junto a Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, Félix Eulogio Guille, el traumatólogo Salomón Schachter, Taiana y Valdés. Nueve de los diez fueron cargados en el sistema NOMIVAC bajo la categoría “Personal Estratégico”, que no les correspondía; el restante, Guille, como mayor de 60 años, segmento que tampoco estaba habilitado para recibir dosis del hospital.
El segundo hecho ocurrió antes, el 1° de febrero, cuando un vial con cinco dosis del ministerio viajó hasta el domicilio de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. El entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, vacunó personalmente al expresidente, a su esposa, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
La vacunación domiciliaria estaba reservada a personas imposibilitadas de trasladarse y “no existe constancia alguna de que Duhalde padeciera impedimento físico”, dijo Taiano. Indicó que el régimen especial de los expresidentes no incluye “un régimen sanitario privilegiado” y que Duhalde no consiguiera turno en su jurisdicción “no autorizaba al ministro de Salud de la Nación a conceder dosis”.
El tercer hecho es por la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a 23 personas elegidas “por razones de índole personal, familiar o de afinidad política”.
Aparecen el periodista Michi, el fotógrafo Collazo, Alsua, esposa de Zannini, el dirigente peronista Lorenzo Pepe y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde.
Curto y su esposa, Filomena Burgos, figuraban como empleados del Instituto de Previsión Social bonaerense, y Jorge “Topo” Devoto, como asesor de la Legislatura provincial. Casi todos fueron registrados falsamente como “personal de salud”.
El propio personal sanitario del Posadas todavía no había completado su esquema de vacunación. “Cuando fuimos al Ministerio de Salud a aplicar las dosis todavía no habíamos terminado de vacunar al personal de salud del hospital; había personas que ni siquiera se dieron la primera dosis”, declaró Pedro Wayar, del vacunatorio del hospital.
Otra testigo, Mirtha Jaime, describió el clima interno: los trabajadores “se sintieron defraudados y estafados por las autoridades” por la exposición al riesgo que cargaban en la primera línea.
La causa nació el 22 de febrero de 2021, tras la confesión de Verbitsky en una entrevista radial. “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio”, afirmó. Fue luego de que periodistas del diario Clarín comenzaran a investigar la maniobra.
La confesión de Verbitsky y escándalo inmediato forzó la renuncia del ministro y su remplazo con Carla Vizzotti. En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de los vacunados por inexistencia de delito, pero tres años después, en julio de 2024, la jueza procesó a González García por abuso de autoridad y peculado.
El 17 de octubre de ese año, la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó los procesamientos del exministro, de Guille, Costa y Maceira.
La Cámara también instruyó avanzar sobre los vacunados para “aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.
“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dice el fiscal.
En noviembre de 2025, Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, requirieron la elevación a juicio de los funcionarios, y en abril pasado Capuchetti lo elevó.
Según los informes del Renaper incorporados a la causa, cuatro beneficiarios murieron: Schachter, Mao, Pepe y Miguel Ángel González, empleado del Ministerio de Desarrollo Social. Para ellos, el fiscal pidió que se declare la extinción de la acción penal por muerte.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Diputados: la oposición no consiguió quórum y se cayó la sesión en la que buscaba rechazar el DNU de Milei sobre desregulación económica

Finalmente, como anticipó TN, se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados impulsada por la oposición dura, el kirchnerismo y aliados, en la que iban a tratar de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, de desregulación de la economía, considerado estratégico para el Gobierno. No lograron sentar a los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.
Con negociaciones, los libertarios lograron blindar el DNU, al bloquear un debate en que la oposición además apuntaba a tratar dos temas muy incómodos para el Gobierno, como los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró el titular de la cámara baja, Martín Menem, tras la caída de la sesión. El propio Javier Milei hizo eco de sus palabras y festejó en sus redes con las siglas “MAGA” y “VLLC!”, en alusión a “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez” (en inglés) y “Viva La Libertad Carajo”.
Además de los 95 legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Gabriel Bornoroni; no bajaron al recinto para bloquear la sesión los 12 del PRO de Cristian Ritondo; y los seis de la UCR de Pamela Verasay. Tampoco asistieron los dos del MID de Oscar Zago; los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego -que tiene esta tarde una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli-; Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa); y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.
Tras la caída de la sesión, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que habilitaran el sistema para ver quiénes son los diputados presentes en el recinto y quiénes decidieron acompañar al oficialismo.
La convocatoria había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. No hubo firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.
En los días previos, Martín Menem ideó una estrategia para bloquear la sesión que incluyó el llamado a otra sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, donde el oficialismo incluyó en el temario sus propias iniciativas en materia de discapacidad y endeudamiento familiar.
POLITICA
Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

Mientras en Buenos Aires el oficialismo lograba este jueves desactivar la sesión en el Congreso en la que la oposición buscaba derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente Javier Milei se encontraba en Washington exponiendo en eventos con dirigentes de derecha y ratificando su apoyo a Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones en Brasil. Esta semana, cuando en la Cámara de Diputados se realice lo que el propio Gobierno considera que va a ser “la sesión más larga de la historia de la Cámara de Diputados”, el líder libertario estará en España, justo en la antesala de los comicios adelantados en los que se definirá al próximo mandatario de ese país.
El jefe de Estado argentino estará poco menos de 96 horas en territorio nacional antes de volver a partir al exterior, en el marco de las giras que viene encabezado para posicionarse como uno de los referentes políticos de la región en medio de los cambios de signo político que se están registrando en todo el mundo.
Si bien la agenda todavía se estaba terminando, Milei tiene previsto despegar rumbo a Madrid el lunes por la noche, después de participar durante la mañana en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La Casa Rosada todavía no terminó de confirmar la agenda en la capital española, aunque en el Gobierno daban por muy probable un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes europeas con las que el jefe de Estado mantiene una relación más fluida.

También había expectativa por una posible reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien competirá por la Presidencia del gobierno español en las elecciones adelantadas del 29 de noviembre.
La visita del libertario a Madrid se da en un momento de máxima tensión para la administración de Pedro Sánchez, quien tuvo que llamar a comicios antes de tiempo tras una serie de protestas masivas.
Abascal encabezará el martes a las 19:00 un acto partidario en Ponferrada, en la plaza Mayor y frente al ayuntamiento de ese municipio del norte español, pero Milei no tenía previsto trasladarse para participar de esa actividad.
El dirigente de Vox continuará entre el miércoles y el jueves con una serie de conferencias de prensa, de las que tampoco estaba prevista la presencia del Presidente argentino.
La expectativa oficial estaba puesta, en cambio, en los contactos que Milei pueda mantener en Madrid con dirigentes y empresarios, luego de una nueva visita a los Estados Unidos que incluyó actividades políticas y reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano.
En Washington, el mandatario volvió a mostrarse en un evento junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en una señal más de respaldo a los espacios de derecha de América Latina.
“Vamos a sacar a patadas al dictador comunista”, exclamó en esa oportunidad el libertario, que se involucra cada vez de manera más directa en los procesos de la región, al referirse a Lula da Silva.
La Casa Rosada considera que esos apoyos, que en algunos casos derivaron posteriormente en victorias electorales, forman parte de una estrategia que fortalece la proyección internacional del libertario.
Milei ya expresó públicamente su acompañamiento a candidatos y dirigentes de ese sector en Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región. El vínculo con Abascal y con Ayuso se inscribe en esa misma línea, en momentos en que España se encamina hacia una campaña electoral anticipada.
El viaje del Presidente coincidirá con la sesión convocada en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre, que en el oficialismo anticipan que podría ser una de las más extensas de la historia reciente del cuerpo, con una duración cercana a las 24 horas.
Después de conseguir que la oposición no lograra quórum para debatir este jueves la derogación del DNU 70/2023, La Libertad Avanza buscará ordenar su propia agenda legislativa con iniciativas que apuntan a responder a los reclamos de los bloques aliados.
Una vez más, si bien seguirá los acontecimientos desde Europa, el mandatario dejará las negociaciones políticas en manos de los integrantes de la cúpula libertaria que ya vienen conversando con los otros espacios.
“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, escribió el titular de la Cámara baja, Martín Menem cuando se confirmó que la oposición no había alcanzado el quórum.
Entre los proyectos previstos para el miércoles, en tanto, figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina.
Además, el oficialismo pretende llevar al recinto el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros como concesión para los aliados.
La medida, que fue autorizada por Menem luego de varias presiones, apunta a preservar el DNU 70, después de que la Corte Suprema reabriera la discusión sobre la Ley de Tierras.
La agenda también incluiría las propuestas oficiales sobre discapacidad y morosidad o endeudamiento familiar, que el Gobierno elaboró como alternativa a los proyectos impulsados por la oposición.
La intención del oficialismo al convocar esa sesión fue, entre otros puntos, ofrecerles a los aliados una vía para acompañar las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros sin tener que votar la derogación completa del mega decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión.
Con Milei fuera del país, la negociación política quedará nuevamente en manos de Santilli, los Menem y el resto de la mesa política, que se reuniría el martes nuevamente.
El jefe de Gabinete recibió este jueves al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una ronda de contactos con mandatarios provinciales que busca asegurar apoyos para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.
Ambas iniciativas dependen de los mismos bloques dialoguistas que resultaron determinantes para impedir que la oposición reuniera el número necesario para abrir la sesión de este jueves.
En paralelo, el martes también se retomarán las conversaciones con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con quienes el Gobierno no se reúne desde el 24 de septiembre.
El encuentro se da después de casi un mes de diferencias por la discusión sobre discapacidad, la falta de coordinación parlamentaria y las negociaciones electorales de cara a 2027.
A pesar de esas tensiones, el PRO decidió no participar de la sesión opositora de la semana pasada y fue uno de los factores que le permitió al oficialismo proteger el DNU 70.
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POLITICA
La Casa Rosada enviará la reforma del Código Penal al Congreso antes de fin de año y la convertirá en eje de campaña

La Casa Rosada planea enviar al Congreso antes de fin de año la reforma del Código Penal y busca convertir la agenda de seguridad en uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027. El Ejecutivo retomó las negociaciones internas sobre el alcance del texto y sostiene que la iniciativa se presentará como una reforma conjunta, y no dividida en una serie de proyectos.
En Balcarce 50 aseguran que el proyecto presentado en Diputados por Virginia Gallardo para modificar penas y reglas de prescripción no altera esa hoja de ruta. Cerca de la conducción legislativa explican que la iniciativa buscó instalar algunos de los temas de la agenda penal, pero que no forma parte de una estrategia para reemplazar ni fragmentar la reforma que prepara el Ejecutivo.
El punto central sigue siendo cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y los equipos que intervienen en la revisión jurídica del proyecto. Entre ambas áreas circularon varios borradores durante los últimos meses y en el Gobierno reconocen que todavía existen discusiones sobre la extensión definitiva del articulado.
Una de las alternativas que gana terreno es recortar aproximadamente la mitad de la reforma original para alcanzar un texto intermedio. La primera versión superaba los 900 artículos y planteaba una modificación mucho más amplia del Código vigente, mientras que Justicia propuso después una intervención más acotada sobre su estructura actual.
En el Ejecutivo sostienen que las diferencias se redujeron y que todavía existe margen para un acuerdo antes de diciembre. La definición marcará también qué cambios ingresarán finalmente al Congreso y cuáles quedarán afuera de una iniciativa que atravesó distintas revisiones desde fines de 2025.
La decisión política es que no se envíen por separado los principales capítulos de la reforma. Esto marca una diferencia con la posibilidad que se había analizado de avanzar primero con un paquete puntual de endurecimiento de penas mientras continuaba la discusión sobre una modificación más amplia del Código Penal.
El borrador que circula dentro del Gobierno incluye un aumento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto, entre ellas los delitos cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. El uso de un vehículo para facilitar el robo o la fuga aparece como agravante y puede llevar la pena hasta los 15 años.
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