En la región latinoamericana, el término “integración” ha sido prácticamente sinónimo de proyectos inviables, o incluso de verdaderos fracasos. Estos fracasos, a veces difíciles de explicar, tienen su origen en una razón fundamental: es imposible alcanzar un nivel de integración adecuado sin contar, previamente, con un nivel de desarrollo suficiente. La estructura sistémica que debería derivarse de la integración exige niveles de industrialización y de desarrollo científico y tecnológico que los países latinoamericanos aún no han logrado alcanzar. Las dificultades radican en problemas de diferenciación: para que la complementariedad necesaria en todo proceso de integración funcione correctamente, los países deben integrar capacidades en diversos ámbitos. A falta de capacidades diversificadas acompañadas de niveles tecnológicos elevados, las dinámicas de integración no pueden operar; del mismo modo, tampoco pueden funcionar en un contexto donde las realidades nacionales se limitan a niveles elementales. Este carácter elemental genera una precariedad que impide a los países alcanzar los grados de diferenciación requeridos para una integración sistémica, la cual exige, por definición, niveles de especialización distintos.

Por otra parte, la convergencia y la armonización de los intereses nacionales dependen del nivel de conocimientos compartidos. La insuficiencia de capacidades científicas y tecnológicas provoca una desintegración en ámbitos donde, en realidad, los niveles de conocimiento podrían reforzarse mutuamente. Lamentablemente, nuestra región adolece de graves carencias a este respecto: registra, a escala mundial, una de las cifras más bajas de patentes presentadas y uno de los índices más reducidos en materia de propiedad intelectual dentro del sector científico y tecnológico.

Un tercer aspecto fundamental reside en el hecho de que nuestras democracias no han logrado superar sus carencias ni su funcionamiento irregular. Se han visto constantemente afectadas por su propia ineficacia, por la corrupción y por excesos burocráticos que han golpeado duramente los procesos en curso, debilitando las instituciones hasta el punto de que su disfunción se ha convertido, en sí misma, en un problema mayor. En nuestra región, cuanto mejor funciona la democracia, mejores son las condiciones de acceso a los derechos y a la equidad, la seguridad y el desarrollo de los países. Existen, por supuesto, formas extremas de ausencia de democracia, como las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela; estas constituyen los ejemplos más profundos y graves de disfunciones sistémicas. Encarnan a la perfección el fracaso de la gobernanza, traduciéndose en las crisis humanitarias, migratorias y de derechos humanos más graves que ha conocido la región —tal como ocurrió, en el pasado, con los regímenes autoritarios del Cono Sur.

Por otra parte, existe un grave error conceptual, derivado de diversas ideologías, que reduce la libertad a un bien puramente individual. Sin embargo, la libertad es, por esencia, un bien colectivo que nos permite a todos actuar de manera concertada en el seno de la sociedad, e interactuar como individuos y grupos humanos. Constituye un bien colectivo indispensable para el buen funcionamiento sistémico, y no una herramienta sujeta a una lógica puramente individual y privativa, en la que las decisiones y acciones carecerían de cualquier objetivo común. La democracia es el sistema que mejor permite el ejercicio de las libertades fundamentales; a cambio, exige condiciones propicias para la plena realización de los derechos humanos.

En este sentido, nuestros países siguen presentando carencias en materia de derechos humanos. Las formas de discriminación —basadas en el género, la raza, la orientación sexual o la religión— persisten; las sociedades latinoamericanas parecen, de manera recurrente, propensas a la discriminación. En realidad, para que un sistema funcione, debe ser capaz de garantizar el ejercicio sistémico de los derechos humanos, favoreciendo así el desarrollo y los logros de los individuos y los grupos. El fracaso del sistema cubano es un ejemplo elocuente de ello: hoy en día, cerca del 98% de la población de Cuba vive en la pobreza extrema, careciendo de agua potable, energía y una alimentación suficiente; en resumen, privada del disfrute de los derechos humanos más elementales. La gente se pregunta por qué el sistema no funciona en el plano económico, por qué el país no es productivo; esto se debe, fundamentalmente, a que cuando los individuos no tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere.

Cabe preguntarse por qué el sistema no funciona en el plano económico; el hecho de que el país no sea productivo tiene mucho que ver con ello. Cuando los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere. Del mismo modo, si la población no puede ejercer plenamente sus derechos sociales, el sistema social no puede ser eficaz ni generar resultados positivos. Cuba ha convertido lo que no es más que un “medio problema” —el embargo— en una realidad arraigada en esta lógica, y lo ha hecho mediante sus propias acciones: persecución política, menoscabo de la soberanía popular, violación de las libertades fundamentales, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Todos estos elementos constituyen, en sí mismos, los cimientos de su fracaso. Se habla de “medio problema” porque, dado que la economía estadounidense representa solo el 25% de la economía mundial, debería ser sencillo integrarse en el 75% restante; eso sí, siempre y cuando se produzcan bienes o servicios que resulten de interés para el mercado global.

En cuanto a los sistemas democráticos de la región —ya sean relativamente funcionales o, por el contrario, altamente disfuncionales—, todos tienen dificultades para articular políticas de derechos humanos adecuadas que sean transversales a todas las dinámicas sociales, económicas y políticas. Cuanto mejor sea la situación de los derechos humanos en un país, mejores serán las condiciones en los ámbitos de la educación, la salud, la producción económica, la seguridad y el funcionamiento del sistema político.

Por regla general, los países de la región cuentan con instituciones frágiles; intentar integrarlas con otras instituciones igualmente frágiles no hace más que perpetuar dichas debilidades. El día en que las instituciones de los países latinoamericanos sean capaces de resolver los problemas propios de su región, su integración mutua permitirá multiplicar los resultados concretos y las soluciones.

Las polarizaciones ideológicas, la transformación del adversario político en enemigo, así como las oscilaciones pendulares que caracterizan la vida política regional, constituyen también un obstáculo importante para la integración. Lamentablemente, en la actualidad no es posible una alternancia normal en el poder; por el contrario, asistimos a una sucesión permanente de procesos “fundacionales” acompañados de retrocesos institucionales duraderos. Las instituciones supranacionales han sufrido especialmente por ello.

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la integración reside en las desigualdades estructurales —y socialmente violentas— que afectan a nuestros países. La integración regional es imposible entre países que están, a su vez, desintegrados y caracterizados por modelos sistémicos fragmentados. No ha sido posible constituir una inteligencia colectiva, ya que las inteligencias individuales —que, sin duda, existen en la región— no logran integrarse lo suficiente como para permitir un funcionamiento sistémico adecuado. La culpa de los fracasos de la integración están más en los países que en los procesos en sí mismos, más que en el Mercosur o en el SICA o en la Comunidad Andina.

La región cuenta con diversos mecanismos subregionales que pueden servir como catalizadores técnicos para la gobernanza y fortalecer las capacidades de elaboración de estrategias. Compartimos un idioma (el español y el portugués son lo suficientemente cercanos como para funcionar, a escala regional, como un conjunto único), así como un profundo legado social e histórico común; sin embargo, nada de esto dará frutos si no resolvemos los problemas mencionados anteriormente.

Luis Almagro / Instituto CASLA

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It was a week of legal turmoil for one of America’s most recognizable members of Congress.

Early Monday morning, federal agents with Homeland Security Investigations (HSI), the chief investigative arm of the Department of Homeland Security (DHS), executed a search warrant on Washington, D.C. home of Rep. Ilhan Omar, D-Minn.

The raid was part of an ongoing criminal probe into Omar’s immigration status, with sources telling Digital that authorities are scrutinizing whether she or her father committed fraud when filling out paperwork for her to become a U.S. citizen.

A day later, U.S. Attorney for the District of Washington, D.C., Jeannine Pirro, announced her office was investigating Omar’s financial disclosures, which had previously been subject to public scrutiny and congressional oversight, but never by authorities.

FEDERAL AGENTS RAID ILHAN OMAR’S DC HOME AMID IMMIGRATION FRAUD INVESTIGATION

Digital breaks down what we know so far about each investigation:

In May 2025, Omar filed financial disclosure forms for the year 2024, a required for every member of Congress to complete every year. I showed that she had between $6 million and $30 million in assets connected to two businesses run by her husband, Tim Mynett. One was was a venture capital firm, and the other a California winery.

Her financial disclosures from the year prior, covering 2023, said those assets were only valued at between $15,000 and $51,000 total.

The now-defunct winery, eStCru LLC, saw its reported valuation jump from between $15,000 and $50,000 in 2023 to between $1 million and $5 million in 2024. Rose Lake Capital LLC showed an even sharper increase, rising from a reported value of between $1 and $1,000 in 2023 to between $5 million and $25 million the following year.

The massive reported spike in net worth over the one-year span raised eyebrows, leading a watchdog group called the National Legal and Policy Center to file a complaint with the Office of Congressional Conduct in February of this year.

‘SQUAD’ DEM DISMISSES FRAUD PROBE SPECULATION AFTER $29M NET-WORTH DROP

Less than a month after the complaint was filed, Omar amended her 2025 disclosure form. The new filing reduced the couple’s combined reported assets to between $18,004 and $95,000, and said the businesses had zero value after accounting for liabilities.

ILHAN OMAR’S OFFICE SAYS SHE’S ‘NOT A MILLIONAIRE’ AFTER $30M FILING REVISED DOWN TO UNDER $100K: REPORT

Omar blamed an accounting error, and has since repeatedly insisted that she is not a millionaire.

In September, the Office of Congressional Conduct voted 5-1 to recommend that the House Ethics Committee dismiss misconduct allegations stemming from the financial disclosures.

But the hubbub caught the eye of Pirro, who confirmed on Fox News’ «America Reports» Tuesday that her office is investigating the discrepancies.

Further details about the investigation have not yet been released.

Monday’s judicially authorized raid of Omar’s Washington, D.C. home sent shockwaves through the political world, with many critics calling it politically motivated because it occurred three weeks before November’s general elections.

The Trump administration has denied those accusations.

DEMOCRATS’ FURY OVER ILHAN OMAR RAID DRAWS STINGING GOP REMINDER ABOUT RAID FROM THE PAST: ‘SET THE PRECEDENT’

HSI agents spent several hours at Omar’s home, and the Wall Street Journal reported that the lawmaker’s personal cell phone, computers and passport were seized during the search. She has not been seen publicly since before the raid.

Sources told Digital that investigators are scrutinizing whether Omar or her father fraudulently filled out immigration paperwork when Omar was become a U.S. citizen decades ago. The Journal also reported that the goal of the probe is to strip Omar of her citizenship.

A dozen people, including family members, were subpoenaed in relation to the investigation.

FEDERAL AGENTS SEIZE PHONE OF REP ILHAN OMAR IN RAID TIED TO IMMIGRATION FRAUD PROBE

«Well, I understand they’re looking at her very carefully,» President Donald Trump said Monday of the raid. «I’ve always found her to be totally crooked, personally, but that has nothing to do with me.»

«I think she’s a terrible person. Just a complainer. She comes from a country that is … a non-country, and then she comes over here and she complains about our Constitution,» he continued. «I think she’s a terrible person, but that’s really up to the DOJ. I have nothing to do with it.»

On Tuesday in an exclusive interview with Digital after rallying for Republican U.S. Senate candidate Ken Paxton in Tyler, Texas, Vice President JD Vance echoed a similar sentiment.

«We don’t want to be like the Biden administration. We never want to be like that — where they would allow the law to go after their political opponents,» Vance said. «We really want to let the law, the facts drive this. And if justice requires something else be done, then, of course, we’ll take a step when we have to.»

ILHAN OMAR’S EMBATTLED HUSBAND APPEARS AT SCENE OF HSI RAID IN MIDST OF CRIMINAL FRAUD INVESTIGATION

Vance made it clear taking that unprecedented step of denaturalizing a sitting member of Congress is possible, but only if the law requires it based on the facts of the case.

«And to the question of it being unprecedented, I mean, what I’d say is that Ilhan Omar herself is a very unprecedented person,» Vance said.

«We have very rarely had a person in Congress who seems to have such disdain and such rage at the country that gave her a better life,» Vance said. «Now, that’s not a crime.»

«But we’re going to see whether she did commit a crime. And if she did, we’re obviously going to follow the law.»

A spokesperson for Omar did not return multiple requests for comment throughout the week.

However, Omar has responded on social media.

«This raid by Trump’s DHS is an outrageous abuse of power and an unprecedented escalation in the weaponization of federal law enforcement to target political enemies,» she said.

«For a decade, Donald Trump has relentlessly targeted Congresswoman Ilhan Omar with inflammatory rhetoric, repeatedly putting a target on her back. Now, those attacks have escalated to a pointless federal raid. The Congresswoman has done nothing wrong. No president should be able to use the power of the federal government to intimidate his political enemies.»

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Hace 23 años, el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003 inició la destrucción de Bolivia, de la República, de la democracia, de la moral social, de la economía, la instalación del narcoestado y la confrontación entre bolivianos para liquidar la “Nación Boliviana”. Las acciones para destruir Bolivia fueron anunciadas públicamente en la “agenda de octubre” que estableció como objetivos centrales: “constituyente, nacionalización de hidrocarburos, libre cultivo de la coca y la persecución de los líderes y partidos políticos democráticos”.

Ejecutando la agenda de octubre con más delitos perpetraron la constituyente expresamente prohibida por los artículos 230 al 233 de la Constitución Política del Estado (1967/94), con falsificaciones en la ley 2410 de 8 de agosto de 2002, la ley 2631 de 24 de febrero de 2004 y la ley 3941 de 21 de octubre de 2008, a las que sumaron las masacres de La Calancha en Sucre, de Cochabamba, del Provenir en Pando y del Hotel las Américas en Santa Cruz, con asesinatos, persecución, presos y exiliados políticos.

Impusieron con violencia y sostienen con el miedo la “constitución del estado plurinacional” que es NULA por mandato del artículo 31 de la Constitución de la República: “Son nulos los actos de los usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”; y por el artículo 229 que manda: “Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento”.

Para tratar de justificar los crímenes con que derrocaron al Presidente Constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada, llamaron “guerra del gas” a la sedición y conspiración con intervención internacional, y ejecutaron la denominada “nacionalización de hidrocarburos” que solo consistió en liquidar la capacidad productiva, y resultó que “la guerra del gas fue para dejar a Bolivia sin gas”.

El libre cultivo de la coca ilegal base de la cocaína, pactado en la agenda de octubre se aplicó desconociendo acuerdos internacionales antinarcóticos, expulsando la DEA junto con las dictaduras de Venezuela y Ecuador, eliminando la Ley 1008 y con la constitución plurinacional hicieron de Bolivia un narcoestado. Narcoestado es “el país cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos funcionarios gubernamentales, amparados por sus facultades e influencias, son además miembros de las redes ilegales de tráfico de drogas y cuyas fuerzas de seguridad no son efectivas en el combate al narcotráfico….”.

Con asesinatos, persecución, acusaciones falsas, presos y exilio de líderes de la democracia, reemplazaron el estado de derecho por el terrorismo de Estado y con “leyes infames” basadas en la constitución plurinacional institucionalizaron la violación de derechos humanos y la “situación de indefensión” que sufrimos los bolivianos.

Falsificando la existencia de 36 naciones en Bolivia impusieron el plurinacional-aplicado en Venezuela por Chávez, Ecuador por Correa y rechazado en Chile- para destruir la “Nación Boliviana” que fue forjada como resultado histórico de la Guerra del Chaco. Bolivia no es plurinacional, es PLURICULTURAL. Los bolivianos somos una sola nación fundada en la unidad en la diversidad, que resiste la intervención trasnacional del socialismo del siglo 21 que convirtió a Bolivia en una dictadura satélite del castrochavismo.

La realidad objetiva prueba que el narcoestado plurinacional agrede todos los días a los bolivianos. No hay solución a la crisis económica con la constitución del narcoestado; no habrá seguridad ciudadana con el país ocupado por organizaciones criminales nacionales y trasnacionales; no tendremos seguridad jurídica con fiscales y jueces que deben sus posiciones al sistema del naroestado; no hay soberanía con la “republiqueta del narco” en el trópico de Cochabamba bajo mando del jefazo narco Evo Morales, donde el gobierno no existe; no es posible luchar contra la corrupción desde la corrupción.

El destino de Bolivia como narcoestado plurinacional es el que sufren los pueblos de Cuba y Venezuela, es la miseria y la desagregación familiar, social, política y territorial. La pobreza y miseria actuales de los bolivianos, que se agravan sin cesar, lo demuestran.

El mandato del pueblo boliviano en las elecciones 2025 es el cambio que es acabar el narcoestado plurinacional restituyendo la República y la democracia para afrontar y terminar la crisis. El mandatario actual tiene solo dos opciones: la de continuar siendo el jefe del narcoestado plurinacional con su constitución, leyes infames, sistema de impunidad y ausencia de todos los elementos de la democracia; o ser el Presidente de la República de Bolivia defendiendo la Nación Boliviana con República y democracia. Hasta ahora todo indica que ha optado por el continuismo del régimen que agrede a la Nación Boliviana.

El cambio geopolítico en las Américas señala el retiro de la delincuencia de la política. Quitar el poder dictatorial que oprime a los pueblos, con el que sostienen los narcoestados que han establecido y amenazan la seguridad de las democracias. Sin seguridad no hay libertades ni progreso. Este es el elemento internacional favorable, pero se necesita una estrategia nacional con acciones oportunas y decisivas, muy difíciles e insuficientes en las condiciones actuales en Bolivia donde el Ejecutivo solo tiene parte del gobierno, pero el poder sigue en manos del narcoestado plurinacional.

La estrategia que Bolivia necesita es la movilización de la Nación Boliviana y terminar el narcoestado. Vamos a generar un proceso de unidad y movilización nacional en torno al objetivo urgente de recuperar la Patria. La “alianza de clases” que fue la base para la formación de la Nación Boliviana es fundamental pero insuficiente porque los creadores y sostenedores del narcoestado han multiplicado los ejes de confrontación. Organizaremos una “Gran Alianza Boliviana”, de la Nación Boliviana, que además de clases sociales realice la unidad a las regiones, culturas, generaciones, colores, géneros, políticos, partidos, líderes, campesinos, empresarios, vecinos, organizaciones lícitas y toda expresión nacional frente al intervencionismo fascista que con falsos movimientos sociales, grupos de choque, seudo sindicalismo y crimen han dividido y someten a los bolivianos.

Unir y movilizar la Nación en una Gran Alianza Boliviana para terminar con el país fracturado que es hoy Bolivia. La confrontación entre bolivianos que es la base del narcoestado debe terminar. Los grupos oligárquicos, racistas y discriminatorios que son parte del narcoestado terminarán con él. Se trata de derrotar al crimen que detenta el poder político para vencer la pobreza y el subdesarrollo que son sus herramientas de dominación.

El objetivo es recuperar la Patria restituyendo la República, la democracia y la normalidad en la vida de los bolivianos, terminar el narcoestado plurinacional, y para eso hay por lo menos cuatro acciones imprescindibles:

1.- Recuperar principios y valores de la Nación Boliviana, de la civilización y la democracia, la moral social. La libertad, el estado de derecho, la libre asociación, la separación e independencia de poderes públicos, elecciones libres y limpias fundadas en el voto universal como expresión de la soberanía popular, la propiedad privada, la libre iniciativa, la educación, el derecho a expresar libremente las ideas…recuperar el futuro.

2.- Cesar las leyes del narcoestado. La constitución del narcoestado plurinacional es nula, pero además hay leyes infames que violan los derechos humanos, violan la soberanía nacional, serán acabadas con normas fundadas en la libertad y el interés nacional.

3.- No puede haber impunidad. Todos los bolivianos debemos recordar que es el esfuerzo, el estudio, el trabajo los que produce el éxito, no el crimen.

4.- Sacar al crimen organizado de la política. No más política para tener impunidad.

En una gran alianza boliviana, unidos y en movimiento como Nación Boliviana lo haremos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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