La jueza Paula Petazzi ordenó un exhorto a Estados Unidos para conseguir información societaria y financiera de la firma TourProdEnter, de Javier Faroni, investigada por millonarios desvíos de fondos de la AFA. En el exhorto también requirió datos del presidente y del tesorero de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La medida la tomó apenas 24 horas después del fallo de la Corte Suprema que sepultó las maniobras de los acusados, quienes intentaban llevarse al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, la causa que investiga las transferencias de la empresa TourProdEnter.

El exhorto era impulsado por la fiscal Silvana Russi desde fines de septiembre.

Durante un mes y medio, la jueza se negó a avanzar con distintos argumentos. Entre otras cosas, sostuvo que el pedido no cumplía con los requisitos que prevé el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos de 1992.

En ese ida y vuelta intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas, pero lo hizo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). Velasco explicó que esa información “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por ese motivo, no se puede volcar en el expediente judicial; pero aclaró que está suficientemente justificado el pedido de un exhorto.

En el medio, los abogados de Faroni intentaron distintas maniobras dilatorias.

Todo cambió con el fallo de la Corte Suprema de este jueves, que zanjó una de las disputas de competencia por las causas de la AFA.

El viernes a la tarde, Pettazi ordenó avanzar con el pedido de colaboración en la causa por defraudación, el supuesto delito precedente del lavado. “El respaldo de la Corte sin duda aceleró los tiempos”, reaccionó uno de los abogados que tienen acceso al expediente.

El exhorto busca obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC, que también recaudó el dinero de los sponsors, y de otras dos empresas: Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC.

En el caso de la empresa de Faroni, la fiscal identificó cinco cuentas que ya habían trascendido (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no se conocían en los siguientes bancos: First Citizens Bank & Trust Co., Wells Fargo Bank, NA, y The Bank of New York Mellon.

En realidad, la información sobre las transferencias de TourProdEnter está en el expediente desde el primer día. Son más de 3000 páginas reveladas por el 28 de diciembre del año pasado. Ocurre que, en los últimos meses, la defensa de Faroni obtuvo dos resoluciones en Estados Unidos, técnicamente denominadas “órdenes de protección”, para impedir que el material se utilice en causas penales. Por eso, la fiscal busca obtener la prueba de manera directa.

“El trámite de la pesquisa exige acudir a la vía formal de la asistencia legal mutua como único cauce apto para incorporar al proceso la documentación societaria, bancaria y de antecedentes que permitirá reconstruir, con eficacia probatoria, la operatoria patrimonial internacional bajo examen”, expuso la fiscal en uno de los dictámenes.

Además de la información de las empresas, el exhorto finalmente pedirá datos de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Sobre ellos, se reclamará información de cuentas bancarias y sus antecedentes penales en Estados Unidos.

En el caso del presidente de la AFA, Russi destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”.

Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de octubre de 2025. En su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA. Ambos documentos fueron secuestrados por el juez federal Luis Armella en los primeros allanamientos.

Tras el fallo de la Corte, la jueza Petazzi decidió que se habían cumplido con todos los requisitos para pedir la información a Estados Unidos. “La medida requerida por la titular de la acción pública, en virtud de una evaluación completa de sus dictámenes, satisface los recaudos que distinguen rogatorias del estilo y, en esa línea, permite tener por comprobados los criterios de necesidad, de proporcionalidad y de especificidad propios del exhorto internacional en esta materia”, sostiene la resolución a la que accedió .

El envío del exhorto no será inmediato. Ahora la fiscal tiene cinco días hábiles para completar una serie de requisitos formales. Y luego habrá que esperar el tiempo que demanda la respuesta de las autoridades estadounidenses. Puede demorar varios meses. De hecho, en febrero, el juez Armella, que en ese momento tenía una de las causas vinculadas a la AFA, ya había ordenado un exhorto para reclamar información de TourProdEnter y todavía no hubo novedades.

La causa que tramita en el fuero penal ordinario arrancó el 29 de diciembre del año pasado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni tras la investigación de . En estos once meses, la investigación avanzó muy poco. De hecho, todavía no declararon ninguno de los involucrados en la maniobra.

El fallo de la Corte Suprema del jueves frenó una maniobra para llevarse esa causa a Campana, donde el juez Adrián González Charvay, el elegido por los jerarcas de la AFA, pretende quedarse con todos los expedientes. Advertidos de la derrota, Tapia y Toviggino salieron a mostrar una foto con Juan Pablo Beacon, que amagó varias veces con declarar ante la Justicia y finalmente volvió a la AFA.

El próximo round también depende de los tres jueces del Máximo Tribunal. En los próximos días deberán decidir si las causas en manos de González Charvay se quedan en Campana o vuelven a Comodoro Py.