POLITICA
El cálculo de Javier Milei para sostener a Manuel Adorni y las nuevas preocupaciones que crecen en el Gabinete

Javier Milei mantiene la decisión de sostener a Manuel Adorni pese al impacto político, judicial y comunicacional que generó su explicación patrimonial. En el Gobierno sostienen que el Presidente cree que la proyección del jefe de Gabinete depende y puede variar exclusivamente por su respaldo. La apuesta es que el electorado libertario le asigne valor político por su cercanía y por seguir bajo su ala.
En el Ejecutivo ya reconocen, además, que la carga de presión quedó invertida. No es Adorni quien insiste en permanecer a cualquier costo, sino Javier y Karina Milei quienes le piden que no renuncie. En despachos oficiales atribuyen al jefe de Estado una frase que resume esa mirada: “Si caés, van a venir por nosotros”. La lectura interna es que la salida del ministro coordinador puede abrir una etapa de mayor ofensiva política, judicial y parlamentaria contra el núcleo libertario.
En la Casa Rosada sostienen que el primer mandatario no quiere entregar a uno de los funcionarios más identificados con su gestión, menos en medio de causas sensibles que también rodean al oficialismo, como $LIBRA y ANDIS. Sus cercanos creen que una renuncia bajo presión fortalecería a la oposición, a sectores del Poder Judicial y a los aliados que empezaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.
Ese razonamiento convive con un clima interno cada vez más incómodo. En distintos despachos oficiales admiten que la explicación de Adorni no ayudó a cerrar el caso y que, en algunos aspectos, abrió nuevas preguntas.
“Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata”, expresan en Nación. En la mesa chica sostienen que la defensa estuvo pensada más para la causa judicial que para ordenar el frente político.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita pidió nuevas medidas sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió información a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó datos sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin.
La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.
En Balcarce 50 insisten en que Adorni deberá responder en el expediente, pero en privado reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. “Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias”, agregan con suspicacia en un despacho oficial.
El caso se cruza con la nueva etapa de la política judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, se profundizó la disputa entre facciones internas por el manejo de los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo.
En esa disputa, la Procuración General de la Nación aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que discuten las distintas terminales del oficialismo. En despachos libertarios hablan de una pelea de influencia entre sectores referenciados en Lijo, Mahiques y otros actores de Comodoro Py. El Ejecutivo, en paralelo, avanza con nuevos pliegos judiciales, mira el Consejo de la Magistratura y prepara reformas como juicio por jurados y cambios en el Código Penal.
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El caso Adorni también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre eventuales mecanismos de compensación salarial en cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni una confirmación oficial sobre ese punto.
Al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre posibles compensaciones para cargos altos del Estado, aunque no aportan documentación que permita acreditar un mecanismo paralelo de pagos.
En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos y admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. “Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda”, sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo vincula con una discusión más amplia sobre la política salarial del Estado: “No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves”.
La preocupación interna no implica una sospecha generalizada sobre todos los ministros. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de ingresar a la gestión y a quienes no enfrentan cuestionamientos sobre su evolución patrimonial. Pero admiten que el caso Adorni instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia contra la “casta”.
La última vez que en una conferencia de prensa se preguntó si existía un plus salarial o mecanismos de compensación dentro de la gestión, no hubo una respuesta oficial de fondo. Ahora, el tema vuelve a aparecer en conversaciones reservadas del Gabinete y en sectores aliados, aunque no hay documentación pública que lo respalde. En Nación saben que una versión de esa naturaleza puede ser políticamente dañina si se combina con declaraciones juradas rectificadas, gastos bajo análisis y una causa por enriquecimiento ilícito en curso.
Milei, sin embargo, no planea modificar su decisión. Quiere que Adorni siga en el cargo, retome la vocería y vuelva a tener presencia pública. En la mesa chica admiten que el jefe de Gabinete ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión. “Es imposible. Ese Adorni ya murió”, expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo.
El Presidente cree que el jefe de gabinete sigue siendo un activo propio dentro del ecosistema libertario, aunque cada vez más funcionarios discuten esa lectura en privado. Sus cercanos admiten que Milei lo considera una figura de imagen del Gobierno y que no quiere reemplazarlo por otro vocero. La apuesta es encapsularlo bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad explosiva y correr la agenda hacia la economía.
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El Ejecutivo apuesta a que la mejora de indicadores económicos ayude a desplazar el caso del centro de la discusión pública. En el oficialismo buscan instalar la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los proyectos de infraestructura que dependen de privatizaciones y concesiones, como rutas nacionales, energía, transporte, logística y servicios públicos. También quieren acelerar anuncios de gestión para evitar la imagen de una administración paralizada por la crisis política.
La estrategia tiene límites. En la mesa política reconocen que el caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar la interpelación y la moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo da por cerrado. En la Casa Rosada saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.
La preocupación también alcanza a la discursiva anti-casta. En sectores técnicos de Balcarce 50 venían trabajando sobre una reforma a la Ley de Ética Pública, pero el caso Adorni debilitó el margen político para avanzar con ese tema sin recibir cuestionamientos. En Balcarce 50 admiten que cualquier discusión sobre ética, patrimonio, incompatibilidades o declaraciones juradas quedará ahora atravesada por la situación del propio jefe de Gabinete.
Javier Milei, Manuel Adorni, Gabinete
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Causa por los videos de los dólares: la Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido

La Justicia logró abrir el teléfono celular de Jesica Cirio y ya comenzó a analizar su contenido en el marco de la causa en la que la modelo es investigada junto a su exesposo, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que el dispositivo pudo ser desbloqueado y aclararon que recién ahora empezó el estudio de la información almacenada.
El acceso al celular representa una nueva medida de prueba. Entre otros puntos, los investigadores buscan determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor en el que aparecen fajos de dólares y que dio un nuevo impulso al expediente.
El análisis del dispositivo quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que también tiene la tarea de peritar el video para establecer si es auténtico o presenta algún tipo de manipulación. Además, el organismo deberá intentar determinar cuándo fue grabado el material y si fue registrado en la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.
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La investigación procura despejar varias incógnitas. Entre ellas, establecer la fecha de grabación del video, identificar el lugar dónde fue filmado el vestidor y determinar qué cantidad de dinero había en las bolsas herméticas que se observan en las imágenes.
En paralelo con el análisis del celular, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde en Fincas de San Vicente como en el actual departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. El objetivo de esos procedimientos fue tomar medidas, registrar imágenes y comparar ambos vestidores con el que aparece en el video.
Las primeras observaciones realizadas durante la inspección en el departamento de Cirio arrojaron un dato preliminar. Según un adelanto verbal de los peritos, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que se observa en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita arribar a una conclusión definitiva.
El ambiente inspeccionado en Las Cañitas era el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video. Sin embargo, esa hipótesis quedó ahora bajo revisión.
Mientras avanzan las pericias, la defensa de Insaurralde pidió que el video no sea utilizado como prueba. Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el exfuncionario sostiene que el material es de “origen ilícito”. Su planteo replica el presentado previamente por Cirio en el expediente.
Los abogados del exintendente argumentaron que el video se originó a partir de un hackeo y del desapoderamiento de los dispositivos personales de Cirio. También sostuvieron que existen sospechas de que las imágenes fueron editadas y alteradas después de esa sustracción, por lo que solicitaron que se aplique la regla de exclusión probatoria al considerar que no existe una cadena de custodia forense que permita certificar su autenticidad.
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La investigación integra el expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof y exintendente de Lomas de Zamora. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En ese expediente, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. También solicitó las detenciones de Insaurralde y Cirio, aunque el juez Armella rechazó ese planteo y dispuso la prohibición de salida del país para ambos.
Jesica Cirio, Martín Insaurralde
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Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión “arbitraria” como querellante y acusó al juez de recurir a “premisas falsas”

Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi tomó una decisión “arbitraria”, surgida de un planteo “extemporáneo” de uno de los acusados, el lobista Mauricio Novelli, “a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”.
Con el patrocinio de Nicolás Oszust, Romeo sostuvo que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, pero además “ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
En ese sentido, Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en premisas falsas. La primera, la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”, a lo que se sumó que el juez omitió “valorar la maniobra de ‘calidad simulada’” y las maniobras de “insider trading”.
El rol del Presidente
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de ese tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. Y que incluyó, sostuvo, “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”, precisó.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Romeo sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal, lo que, de consolidarse ese criterio, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A eso se sumó, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular de dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, que recordó que aportaron actas notariales para sostenerlo. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
En otro tramo del recurso, Romeo sostuvo que Martínez de Giorgi también incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”.
“El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta. Ese supuesto ‘pseudoanonimato’ de la red fue levantado y unido inescindiblemente a la identidad humana de Martín Romeo a través de las actas notariales referidas en el agravio anterior, donde una funcionaria pública dio fe de la tenencia y control de las billeteras”, remarcó. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema que, por su propia naturaleza, es descentralizado, constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores. La Excma. Cámara de Apelaciones ya había reconocido la legitimación de las querellas y dicha decisión quedó firme. El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”.
Por ese motivo, Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, además, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
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Senado: habrá sesión el jueves 16 para aprobar la ley de propiedad privada, aunque siguen las dudas por el número

A pesar de que continúan las dudas en varios despachos, los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron este mediodía sesionar el jueves 16 para intentar aprobar la ley de propiedad privada. La iniciativa del Ejecutivo fue dictaminada desde hace semanas, pero ya sufrió modificaciones extra que derivaron en 13 borradores nuevos.
La definición se consumó en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó en sus oficinas la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De hecho, la titular de la Cámara alta advirtió su desacuerdo en el capítulo de venta de tierras a extranjeros que incluye el proyecto que desea la Casa Rosada.
El convite de la semana próxima tendría el aval de un ramillete de pliegos judiciales que interesan a casi todos -ansiedades varias para acelerar esto- y, de ocurrir el milagro, ascensos diplomáticos frenados desde hace largos meses que generaron un problema no menor en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.
Como todavía hay legisladores que toman entre pinzas la convocatoria para sesionar en los próximos días y, para evitar una acusación de “vacaciones anticipadas”, las bancadas se adelantaron y ya dejaron un plan “b”: anunciaron que la idea es regresar al recinto el 6 de agosto.
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