POLITICA
El cálculo de Javier Milei para sostener a Manuel Adorni y las nuevas preocupaciones que crecen en el Gabinete
Javier Milei mantiene la decisión de sostener a Manuel Adorni pese al impacto político, judicial y comunicacional que generó su explicación patrimonial. En el Gobierno sostienen que el Presidente cree que la proyección del jefe de Gabinete depende y puede variar exclusivamente por su respaldo. La apuesta es que el electorado libertario le asigne valor político por su cercanía y por seguir bajo su ala.
En el Ejecutivo ya reconocen, además, que la carga de presión quedó invertida. No es Adorni quien insiste en permanecer a cualquier costo, sino Javier y Karina Milei quienes le piden que no renuncie. En despachos oficiales atribuyen al jefe de Estado una frase que resume esa mirada: “Si caés, van a venir por nosotros”. La lectura interna es que la salida del ministro coordinador puede abrir una etapa de mayor ofensiva política, judicial y parlamentaria contra el núcleo libertario.
En la Casa Rosada sostienen que el primer mandatario no quiere entregar a uno de los funcionarios más identificados con su gestión, menos en medio de causas sensibles que también rodean al oficialismo, como $LIBRA y ANDIS. Sus cercanos creen que una renuncia bajo presión fortalecería a la oposición, a sectores del Poder Judicial y a los aliados que empezaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.
Ese razonamiento convive con un clima interno cada vez más incómodo. En distintos despachos oficiales admiten que la explicación de Adorni no ayudó a cerrar el caso y que, en algunos aspectos, abrió nuevas preguntas.
“Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata”, expresan en Nación. En la mesa chica sostienen que la defensa estuvo pensada más para la causa judicial que para ordenar el frente político.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita pidió nuevas medidas sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió información a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó datos sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin.
La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.
En Balcarce 50 insisten en que Adorni deberá responder en el expediente, pero en privado reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. “Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias”, agregan con suspicacia en un despacho oficial.
El caso se cruza con la nueva etapa de la política judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, se profundizó la disputa entre facciones internas por el manejo de los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo.
En esa disputa, la Procuración General de la Nación aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que discuten las distintas terminales del oficialismo. En despachos libertarios hablan de una pelea de influencia entre sectores referenciados en Lijo, Mahiques y otros actores de Comodoro Py. El Ejecutivo, en paralelo, avanza con nuevos pliegos judiciales, mira el Consejo de la Magistratura y prepara reformas como juicio por jurados y cambios en el Código Penal.
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El caso Adorni también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre eventuales mecanismos de compensación salarial en cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni una confirmación oficial sobre ese punto.
Al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre posibles compensaciones para cargos altos del Estado, aunque no aportan documentación que permita acreditar un mecanismo paralelo de pagos.
En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos y admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. “Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda”, sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo vincula con una discusión más amplia sobre la política salarial del Estado: “No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves”.
La preocupación interna no implica una sospecha generalizada sobre todos los ministros. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de ingresar a la gestión y a quienes no enfrentan cuestionamientos sobre su evolución patrimonial. Pero admiten que el caso Adorni instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia contra la “casta”.
La última vez que en una conferencia de prensa se preguntó si existía un plus salarial o mecanismos de compensación dentro de la gestión, no hubo una respuesta oficial de fondo. Ahora, el tema vuelve a aparecer en conversaciones reservadas del Gabinete y en sectores aliados, aunque no hay documentación pública que lo respalde. En Nación saben que una versión de esa naturaleza puede ser políticamente dañina si se combina con declaraciones juradas rectificadas, gastos bajo análisis y una causa por enriquecimiento ilícito en curso.
Milei, sin embargo, no planea modificar su decisión. Quiere que Adorni siga en el cargo, retome la vocería y vuelva a tener presencia pública. En la mesa chica admiten que el jefe de Gabinete ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión. “Es imposible. Ese Adorni ya murió”, expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo.
El Presidente cree que el jefe de gabinete sigue siendo un activo propio dentro del ecosistema libertario, aunque cada vez más funcionarios discuten esa lectura en privado. Sus cercanos admiten que Milei lo considera una figura de imagen del Gobierno y que no quiere reemplazarlo por otro vocero. La apuesta es encapsularlo bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad explosiva y correr la agenda hacia la economía.
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El Ejecutivo apuesta a que la mejora de indicadores económicos ayude a desplazar el caso del centro de la discusión pública. En el oficialismo buscan instalar la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los proyectos de infraestructura que dependen de privatizaciones y concesiones, como rutas nacionales, energía, transporte, logística y servicios públicos. También quieren acelerar anuncios de gestión para evitar la imagen de una administración paralizada por la crisis política.
La estrategia tiene límites. En la mesa política reconocen que el caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar la interpelación y la moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo da por cerrado. En la Casa Rosada saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.
La preocupación también alcanza a la discursiva anti-casta. En sectores técnicos de Balcarce 50 venían trabajando sobre una reforma a la Ley de Ética Pública, pero el caso Adorni debilitó el margen político para avanzar con ese tema sin recibir cuestionamientos. En Balcarce 50 admiten que cualquier discusión sobre ética, patrimonio, incompatibilidades o declaraciones juradas quedará ahora atravesada por la situación del propio jefe de Gabinete.
Javier Milei, Manuel Adorni, Gabinete
POLITICA
Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias
Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.
Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.
Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.
Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.
La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.
El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.
La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.
El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.
La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.
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POLITICA
El Gobierno porteño redobla la presión para enjuiciar a la jueza de Marinis: “Hay un serio incumplimiento de sus funciones”
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reitero su respaldo al inicio de un jury contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, en el ojo de la tormenta por haber fallado esta última semana contra la baja en la edad de imputabilidad en el caso de un varón menor de 14 años acusado de tentativa de robo.
En declaraciones a Radio Splendid, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, manifestó que la posición del Ejecutivo local es que la magistrada resulte destituida del cargo tras el eventual enjuiciamiento político sobre su actuación en el caso y en relación a la ley vigente.
El funcionario dijo que “trabajamos para el cumplimiento de la ley, que quien no la cumpla tenga consecuencias. La baja en la edad de imputabilidad representa que a partir de los 14 años, los menores que cometan delitos sean juzgados por eso”.
Jorge Macri pedirá el juicio político a la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil
Tapia agregó que el Gobierno inició un pedido de enjuiciamiento de la jueza, “para que un jurado que conforma el Consejo de la Magistratura de CABA evalúe si cumplió o no la norma. Y si no la cumplió, que tenga consecuencias que van desde el apercibimiento, la suspensión o destitución por no haber cumplido sus tareas. Para nosotros este tipo de fallos representan un incumplimiento de la función”.
En aras de justificar la posición del Ejecutivo porteño, el ministro resaltó que “la jueza declaró inconstitucional la ley para un caso puntual, sin argumentos” y que espera que “el jurado de enjuiciamiento entienda que hay serio incumplimiento de sus funciones y que sea destituida”.
Por último, Gabino Tapia apunto contra los magistrados con una posición garantista que se contraponen, con sus fallos tendientes a priorizar a los victimarios en situación de vulnerabilidad social, al objetivo del Gobierno porteño de bajar los índices delictivos en CABA.
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El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV, en el marco de una gira apostólica que se extenderá del 8 al 11 de ese mes en el territorio nacional y abarcará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, también establece días no laborables diferenciados para Córdoba y la provincia de Buenos Aires el 10 y el 11, respectivamente.
De acuerdo con lo dispuesto, el lunes, fecha en la que se realizará la multitudinaria misa en Palermo, será feriado en todo el territorio nacional. El martes 10 regirá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 será no laborable exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. El instrumento invoca razones de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, y señala que la magnitud de los eventos previstos haría imposible compatibilizarlos con una jornada hábil.
A su vez, se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para planificar, articular y conducir todas las acciones necesarias. La unidad estará encabezada por un funcionario con rango de secretario, con carácter ad honorem, y tendrá vigencia de hasta doce meses.
Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.
A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
Para el operativo, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios. “Hasta el día de hoy hay registrados aproximadamente catorce mil, así que bienvenidos los que puedan incorporarse”, dijo. A su vez, informó que quienes participen contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita. El financiamiento será compartido: cada jurisdicción afrontará los gastos de los eventos en su territorio, mientras que los costos de la Unidad Ejecutora se imputarán al presupuesto de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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