Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.

Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.

“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.

Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.

El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.

“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.

Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.

“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.

Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.

El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.

La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.

La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.

En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.

El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.

Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.

Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.

Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.

El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.

La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.

Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.

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El Gobierno logró la semana pasada sobrevivir a la batalla legislativa por el quórum con un nuevo blindaje político que le dieron los gobernadores. Con la cuenta regresiva para el año electoral, Javier Milei enfrenta su propio dilema: cómo hacer coincidir temporalmente ese escudo protector que le dan las provincias con una bonanza económica esquiva.

La negociación de la sesión que proponía la caída del DNU 70 dejó luces de alarma para la Casa Rosada. La oposición consiguió su mejor número desde el triunfo libertario de 2025, que habilitó el recambio legislativo más favorable al oficialismo, y acercó a gobernadores que antes eran afines al Gobierno. Cristalizó la polarización. La discusión se extendió hasta la madrugada previa a la votación, cuando habían conseguido 126 voluntades para dar el presente. El Gobierno movió sus fichas en las horas finales y le alcanzó para ganar oxígeno. La Casa Rosada se llevó el triunfo legislativo y la oposición ganó la batalla política.

Para el oficialismo, 14 gobernadores terminaron colaborando para evitar la caída del DNU. Cuentan sobre todo a los aliados circunstanciales como la clave de la negociación. Los tres legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo; los dos santafecinos de Maximiliano Pullaro; otros dos del jujeño Carlos Sadir, que había amagado con desprenderse; una salteña que responde a Gustavo Sáenz; un misionero, resabio del poder que tuvo Carlos Rovira antes de la pelea con Hugo Passalacqua; y una cordobesa, a pesar del desmarque que empezó a mostrar Martín Llaryora. El resto de los gobernadores aliados jugaron como esperaban y aportaron todo lo que tenían. Este conteo es el que ilusiona al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con conseguir los votos para la reforma electoral. Creen que de esos 14 mandatarios, solo sería indispensable la ayuda de entre 10 y 11 para alcanzar el número que les habilite la eliminación de las primarias, objetivo central del Gobierno.

Para la oposición, la interpretación del resultado es bien distinta. Creen que lograron acercar a los diputados de Catamarca y de Misiones, antes esquivos, y que Córdoba y Salta fueron clave también para arrimar al número. “Sabíamos que no llegábamos, pero nos deja mejor parados”, amplifican en el bloque de Unión por la Patria sobre el devenir de la negociación. El dato más llamativo para ese espacio político fue la ausencia sorpresiva del representante de Tierra del Fuego, Agustín Tita, que avisó al mediodía. Responde al gobernador Gustavo Melella, que se acercó al Gobierno en los últimos días tras el giro malvinero que dio Milei. Tampoco estuvo la santiagueña Estela Mary Neder, con aviso de operación. “Es normal que en un bloque grande te falte alguno, como es este caso, lo de Melella no estaba previsto”, mastican bronca en el bloque mayoritario de la oposición. Sobre la hora se les cayó también María Inés Zigarán, que insólitamente había firmado el pedido de sesión especial. En la oposición denuncian la presión del gobernador. El otro diputado por esa provincia, Jorge Rizzotti, ya les había avisado que estaría de viaje.

El misionero que se bajó es Daniel Vancsik, que responde a Rovira y no al gobernador. También se cayó a último momento. La otra que tenía una operación programada fue Yolanda Vega, de Salta. La provincia aportó sus diputados incluso ante el anuncio del Gobierno, esa misma mañana, de que se comprometía a conseguir fondos para financiar las obras ferroviarias que estaba reclamando el gobernador. Y también pegó el faltazo la cordobesa Alejandra Torres, más zigzagueante en su relación entre la referencia a la provincia y al gobierno nacional. La Casa Rosada celebró su ausencia como un gesto de Llaryora. Los otros cinco diputados provinciales dieron quórum. La negociación fue quirúrgica. El gobernador cordobés levantó esta semana el perfil con una posición más dura contra Milei.

La perlita la protagonizó Jorge Loma Avila, diputado por Chubut, de origen sindical pero referenciado en el gobernador Ignacio Torres, aliado del Gobierno. Intentó jugar a dos puntas y dejó una escena memorable. Según relataron fuentes al tanto del debate interno, había negociado con Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, que se sentaría a dar quórum. Y lo hizo. Mientras estaba en su banca, se sacó una selfie y se la mandó al jefe sindical. Pero resultó que se sentó cuando ya Martín Menem había dado por levantada la sesión. Lo descubrieron desde el bloque de UP. La otra ausencia que derivó en un fuerte cruce interno fue la de Alvaro González, de terminal en Horacio Rodríguez Larreta. El diputado tuvo que salir a despegar al ex jefe de gobierno de su posición, que adjudicó a una decisión personal, pero ya era tarde. No solo él no dio quórum, sino que tampoco lo hicieron los aliados en la ciudad de Larreta como Oscar Zago y Eduardo Falcone. El tema lo instaló temprano Martín Lousteau cuando esa mañana dijo que tres legisladores aliados a Larreta no estaban aún definidos.

Con ese panorama, el peronismo, la izquierda, un sector del radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y el resto de los provinciales que pidieron la sesión dependieron hasta el final de Larreta y Jaldo. Con esos aportes podrían haber llegado. El tucumano ni siquiera amagó. El peronismo provincial va a darle pelea. Juan Manzur, su adversario interno, se reunió hace dos semanas con Cristina Kirchner y divulgó la foto del encuentro para darle un aviso de que esta vez no hay acuerdo posible. Con ese panorama, el gobernador se expone a perder si no logra cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza, que ve chances serias de quedarse con la provincia ante la dispersión del PJ. Karina Milei sigue apostando a Lisandro Catalán en el territorio. Desde San José 1111 advierten incluso que podrían quitarle a Jaldo el sello del PJ. También está complicado internamente Raúl Jalil, que avisó al peronismo que va a seguir acompañando al Gobierno hasta abril, pero lo cierto es que ya no controla a los diputados. Está de salida. Se perfila para sucederlo Gustavo Saadi, que tiene el apoyo de la ex gobernadora y titular del PJ, Lucía Corpacci.

Triunfo moral

A pesar de la derrota, para la oposición ir por el DNU 70 era el único camino. Sostienen que jugar solo para voltear el artículo 154, que derogaba la ley de tierras, hubiera extendido los plazos porque, sin dictamen, solo podrían haber emplazado a la comisión. Los tiempos parlamentarios se acortan. Se puede dictaminar hasta el 15 de noviembre. Menos de un mes. Los pases de factura internos, sobre todo en el peronismo, se hicieron sentir apenas cayó la sesión. “No había otra salida”, refiere una fuente del bloque que coordinó con los aliados la movida. Según esa mirada, la Corte Suprema sacó el fallo que restauró la ley después de la convocatoria a sesión por el DNU y el propio Gobierno aceptó reponer la normativa que limita la extranjerización de la tierra para evitar el mal mayor. “Les torcimos el brazo”, advierten.

En los despachos cercanos a Martín Menem hacen otra lectura. El oficialismo cree que con la movida logró revivir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en el que se incluyó mantener la ley de tierras de 2011, que había quedado cajoneada y sin chances de avanzar este año. La iniciativa contiene desalojos exprés o mayores restricciones para expropiaciones. Parecía que quedaba en la nada pero ahora resucitó y lo llevan a sesión esta semana.

Lo que no logró el Gobierno, y es su espada de Damocles para el año electoral, es aprobar el famoso DNU 70. El compromiso de los aliados fue evitarle el mal trago de la caída, pero no ratificarlo. El número está para bloquear, no para apoyar. Es una amenaza constante con la que deberá convivir la Casa Rosada. “Nosotros conseguimos un numerazo, más temprano que tarde se cae”, advierte una espada parlamentaria de la oposición.

Sesión que viene, interna caliente

La discusión se traslada a esta semana que comienza, con la sesión convocada por el oficialismo pero con temario opositor. Hay ruido interno. Uno de los temas a debatir es el nuevo proyecto de discapacidad que presentó el Gobierno, para evitar que la oposición consiguiera prorrogar la emergencia, que vence el 31 de diciembre. Para lograr dictamen, el bloque libertario negoció con los aliados que eliminaría del presupuesto para el año que viene los recortes para el área con los que se despachó Luis Caputo sin aviso previo, que había generado la crisis con Patricia Bullrich. Nada de lo prometido se cumplió. Es más, el ministro de Economía todavía resiste. “Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa, el bloque tiene una posición distinta a la del Ejecutivo, será cuestión de que decida el Congreso”, expuso las diferencias Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, cuando le preguntaron la semana pasada insistentemente si el Gobierno sacaría los recortes del presupuesto. Se negó a admitirlo. Todavía ese paso, reclamado incluso por Bullrich, no se concretó.

El presupuesto incluía la eliminación del nomenclador, la desindexación de las pensiones y la imposibilidad de mantener la ayuda social en caso de tener un trabajo registrado. Todo eso debía quitarse del presupuesto pero en su exposición, Guberman blanqueó el debate interno. Será el tema más candente de la sesión del miércoles próximo. La oposición hará pie en la fuente de financiamiento del proyecto libertario, el eje de la discusión del Gobierno, que vetó lo aprobado el año pasado con la excusa de que no decía de dónde saldrían los fondos. A eso se suma que según el análisis del presupuesto que hizo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa Incluir Salud tiene un recorte del 13,9% respecto de 2026 y la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral queda un 26,5% por debajo de 2023. El Foro de Discapacidad envió cartas a Martín Menem y a Gabriel Bornoroni el 2 de octubre para ser escuchados, pero no recibieron respuesta. La discusión vuelve a estar abierta. Hacia afuera pero también hacia adentro. Nadie en el oficialismo parlamentario y sus aliados podía dar garantías para evitar un veto posterior o incluso de incumplimiento por parte del Ejecutivo de la nueva ley.

Sin cambios

En medio de la interna entre la política y la economía, Milei no da señales de cambio. Inició la semana ratificando a Caputo después de que desde algunos sectores internos leyeran como un condicionamiento al ministro de Economía la presencia de Alberto Ades en la última reunión de gabinete. Milei se mostró telepático con su funcionario. Sin cambio de timón, al Gobierno solo le queda esperar que funcione el plan.

La semana pasada se conoció el dato de inflación minorista de septiembre, de 1,9%, otra vez con un leve repunte, y la mayorista sacudió el fin de semana con una suba del 3,2%. Es la misma que había usado de ejemplo el Presidente para sostener que a mitad de año la inflación iba a comenzar con cero y prometió hace 30 días nada más un nuevo recital para celebrarlo. La fiesta se posterga.

La capacidad instalada de la industria muestra números de pandemia. En agosto utilizó solo el 58,5%. Es el segundo valor más bajo de la última década para un mes de agosto, solo superado por 0,1% en el 2020. El riesgo país no le da respiro a Caputo. Hace dos semanas había subido, según Milei, porque Axel Kicillof viajó a Nueva York. Esta vez no hay excusas internas. El Gobierno no logra hacer pie en tranquilizar sobre el programa financiero. La inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,7% interanual, lejos de la meta del 2% de la Reserva Federal, lo que presagia altas tasas de política monetaria. Así, una salida al mercado internacional se ve complicada, pero también aparecen dificultades para el acceso a financiamiento en el mercado local, donde los bonos rendían 11,7%, insostenible para emitir, según advierte la consultora Suramericana.

El empleo formal volvió a caer y acumuló 14 meses de baja. En julio se perdieron 9.085 puestos de trabajo y comparado con noviembre de 2023 son 370.343 asalariados registrados menos, según los datos del SIPA. Es un tobogán. En el último año se destruyeron más puestos de trabajo que en el primer año y medio de gobierno libertario. El monotributo amortigua cada vez menos el impacto de la caída. Según datos de Ficonomics, si se compara la baja en asalariados registrados con altas de monotributo el reemplazo pasó de representar el 67% a 35%. Ya ni siquiera crece tanto el monotributo, sino el trabajo informal. Hay datos aún más complejos. Por cada desocupado, hay 2,1 ocupados buscando otro trabajo. Eso representa 4,5 millones de personas presionando sobre el mercado laboral y los datos arrojan un tema preocupante: el 30,9% de los desocupados lleva más de un año sin conseguir trabajo.

Es la principal preocupación de todas las encuestas. El último sondeo de la Universidad de San Andrés marca la demanda laboral como la principal preocupación con 39%, seguida de los bajos salarios, en 35%. Lo mismo muestra AtlasIntel. La consultora preguntó por aciertos y errores de la gestión libertaria. El desempleo, los bajos salarios y la reforma laboral alcanzan más de 55% entre los errores. El peor lugar se lo lleva la política de quita de cobertura de medicamentos del PAMI, que ahora se agrava con la reducción a sólo 6 medicamentos del plan Remediar, otro problema que le traslada la Nación a los gobernadores. Le siguen el desafinamiento para discapacidad y universidades, la desregulación de la medicina privada, jubilaciones y obra pública. Rescatan como positivo la falta de intermediación en los planes sociales, la salida parcial del cepo y el protocolo antipiquetes. La represión en la plaza del Congreso, en plena marcha universitaria, le sirve al Gobierno para desincentivar la protesta y aglomerar a su núcleo de apoyo. También para la última medición de Management & Fit el empleo es el problema más importante de los argentinos. La desocupación alcanza el 19,8% de las preocupaciones, con una suba de 2,2 puntos respecto al mes anterior.

La polarización se alza como la variable a tener en cuenta. Para San Andrés, se sostiene un empate técnico entre La Libertad Avanza, con 26% y el peronismo, con 24%. Pero entran al podio los indecisos o quienes no encuentran opciones, ya como la fuerza determinante, con el 26%. El dato más preocupante para el gobierno es que su espacio retiene el 64% de sus votantes de primera vuelta, pero solo al 41% de los votantes de Patricia Bullrich, cuyos apoyos muestran una mayor dispersión. La evaluación económica vuelve a caer 4 puntos y la ley de Tierras es la política con mayor rechazo explícito de la sociedad, con el 68% en desacuerdo. El brusco giro del Gobierno fue por necesidad. Este miércoles lo tendrá que argumentar en la sesión en la que repondrá una ley de Cristina Kirchner.

Mientras tanto, el peronismo no logra encauzar el diálogo. Sergio Massa se reunió el miércoles con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su oficina de Libertador. Quintela intenta una nueva cumbre de gobernadores y dirigentes, como fue el encuentro posterior al triunfo por la caída de la ley de tierras. Pero aquel acercamiento quedó en la nada. Ahora quieren sumar a Sergio Uñac, recién lanzado a la carrera presidencial y a Jorge Capitanich. Por ahora no están dadas las condiciones.

Para Cristina Kirchner son tiempos de definiciones. Desde mañana y hasta el 6 de noviembre, empieza a deliberar el comité de derechos humanos de la ONU, donde llevó el reclamo por su condena. El organismo puede tomar el caso, rechazarlo o postergar el tratamiento para su próximo encuentro, en marzo. El escenario deseado en San José 1111 es que lo tomen y creen una relatoría para seguirlo. Eso ya la pone en la cancha, sostienen sus allegados. Si no lo toma y deben esperar a marzo, se le complica el panorama. La encuesta de Atlas la ubica en el primer lugar de imagen, pero en empate con el pelotón que integran Bregman, Milei, Bullrich y Kicillof, todos entre 39 y 37%. Salvo el pie encima que le pone Bullrich, Milei corre solo en la cancha. El antimileismo se dispersa y necesita la unidad para evitar la reelección libertaria. La sesión fallida mostró esa foto, pero queda lejos, muy lejos, de la elección.

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