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Por primera vez desde que asumió, Santilli participa de una reunión de Pro y busca aplacar las tensiones con LLA en Buenos Aires

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El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne con dirigentes de Pro de la provincia de Buenos Aires con la intención de limar asperezas entre el espacio macrista y La Libertad Avanza (LLA) y empezar a trabajar por la reedición de una alianza electoral en el distrito bonaerense en 2027. Es la primera vez desde que asumió en el gabinete de Javier Milei que comparte un encuentro con la filial partidaria que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo.

La reunión, convocada para esta tarde en la sede de Pro provincial, contará con la participación de legisladores nacionales y provinciales e intendentes amarillos. Aunque el objetivo central del encuentro es fortalecer el vínculo con el oficialismo nacional, está previsto que los jefes comunales lleven al funcionario demandas, entre otras cuestiones, por deudas pendientes e inversión en obra pública local.

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“Diego tiene la subsecretaría de Municipios, entonces el vínculo con los intendentes es parte de su gestión cotidiana. Hace tiempo que no veía a todos los intendentes juntos desde que asumió en el Gobierno y Cristian [Ritondo] también quería generar ese encuentro”, explicaron en el entorno del titular de Pro bonaerense a .

En la última reunión de Pro bonaerense, los intendentes amarillos reclamaron por la presión de los concejales libertariosPrensa Pro

En charlas previas del partido, los intendentes habían manifestado también su malestar por la “ingratitud de LLA” en los distritos que conducen por la oposición que ejercen los representantes libertarios en los Concejos Deliberantes. “Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, reclamaron.

Consideran que, a nivel distrital, los libertarios no replican la benevolencia de Pro, que en los últimos meses evitó confrontar directamente con el partido de Milei para garantizar la gobernabilidad a nivel nacional.

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En la última semana, de todos modos, el sello amarillo empezó a marcar mayor distancia de la Casa Rosada, por ejemplo, con su rechazo a la iniciativa del Presidente de eliminar las PASO para cargos nacionales. Respecto de la investigación judicial contra Manuel Adorni, un tema sensible para el gobierno nacional, se mueven con mayor reserva y evaden las críticas directas.

Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados y titular del partido macrista en la ProvinciaHernán Zenteno

En este contexto, Santilli buscará atenuar las discrepancias entre ambos espacios para avanzar en la construcción de un frente antiperonista en la provincia que pueda desplazar el Partido Justicialista (PJ) de la gobernación en 2027. En su entorno aseguran que detrás de la reunión de esta tarde está “la voluntad de encontrar puntos en común para poder ir todos juntos en la provincia de Buenos Aires”.

“Diego siempre pregonó, tanto en 2021 como en 2023 y también en 2025, que para derrotar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires ‘tenemos que ir todos juntos los que pensamos de la misma manera, con los mismos ideales que La Libertad Avanza’”, señalaron.

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El ministro del Interior había sido uno de los principales artífices de la confluencia entre LLA y Pro en los comicios del año pasado y fue quien encabezó la lista conjunta para diputados nacionales luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura, salpicado por sus nexos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Finalmente, no asumió en el Congreso para acompañar a Milei en el Ejecutivo.

Ahora, el nombre del funcionario es uno de los que se baraja como posible candidato a gobernador del sello violeta. Aunque continúa afiliado a Pro, ya se mostró en un acto partidaria junto a Karina Milei y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia y otro de los aspirantes que pujan por encabezar la boleta bonaerense. El aval de la secretaria general de la Presidencia es crucial para cualquier encumbramiento.

Diego Santilli se mostró junto a Karina Milei y Sebastián Pareja en un acto de una escuela de formación de LLA en SuipachaGentileza

Hace dos semanas, Pareja ya se había mostrado abierto a reeditar una alianza con Pro en la provincia cuando encabezó un encuentro de LLA en Suipacha para lanzar la tercera edición de una escuela de formación para dirigentes. “Yo estoy abierto al diálogo y a discutir las cosas que hay que discutir”, aseguró en relación a la posibilidad de cerrar acuerdos con Pro y partidos vecinales.

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En Pro, en tanto, no descartan una alianza con LLA, pero algunos sectores prefieren no adelantar definiciones. Coinciden con el armador libertario en que hay que conformar una coalición amplia para desplazar al PJ de su tradicional bastión, pero aseguran que, primero, hay que garantizar la sintonía a nivel municipal y no cierran la puerta a otros acuerdos alternativos.

“Nuestro objetivo principal es fortalecer a Pro, pero sabemos que en 2027 solos no podemos ir. Para poder ganarle al populismo hay que hacer un gran equipo que nos incluya a todos. No alcanza con Pro y LLA, sino que hay que sumar a otros espacios”, sostuvo a Pablo Petrecca, legislador provincial y vicepresidente segundo del partido macrista en la Provincia.

Pablo Petrecca, legislador provincial y vicepresidente segundo de Pro bonaerense junto a Mauricio Macri

En este sentido, reivindicó la experiencia de Somos Buenos Aires para los comicios bonaerenses de septiembre pasado, que nucleó a dirigentes de Pro que decidieron romper con LLA, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica -todos exaliados de Juntos por el Cambio- y algunos peronistas no kirchneristas como Julio Zamora y Florencio Randazzo. El principal obstáculo recae en la voluntad de LLA de confluir con esas fuerzas, a pesar de los chispazos a nivel nacional, y viceversa.

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Alumnos tomaron el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario

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Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron en asambleas tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada este martes después de una serie de debates internos en los que participaron decenas de alumnos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Argumentan que la medida es una respuesta directa al ajuste del Gobierno nacional, que afecta tanto los salarios docentes como el mantenimiento de la infraestructura educativa.

La protesta comenzará en la noche, al finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de toma con presencia de los estudiantes en los edificios. Según lo resuelto en las asambleas, el dictado de clases no se interrumpirá completamente: cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida y, en reemplazo de la actividad habitual, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta. El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, precisó en diálogo con A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil “es visibilizar la crisis y defender la educación pública”, remarcando que cada jornada se evaluará en asambleas si la ocupación continúa.

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El reclamo central apunta a que el Gobierno nacional cumpla la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. Sin embargo, la norma se encuentra judicializada y su aplicación fue suspendida a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo apeló los fallos iniciales que ordenaban la puesta en marcha de los artículos vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento, mientras el oficialismo promueve un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.

La toma de los colegios preuniversitarios se inscribe en un contexto de conflicto por los recursos destinados a la educación superior. En paralelo a la protesta estudiantil, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes, con la consigna de exigir la convocatoria urgente a paritarias y la recomposición salarial. “Reclamamos la urgente convocatoria a paritarias, la recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló la organización en un comunicado. Se suma a los otros sindicatos de docentes universitarios, Conadu y Conadu Histórica.

Hubo clases públicas frente a Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires

La medida de fuerza de los docentes se suma a una serie de movilizaciones y jornadas de clases públicas impulsadas desde 2024 en todo el país. El gremio sostiene que los salarios perdieron un 52,1 % de poder adquisitivo desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada y denuncia que el atraso impacta de manera directa en la calidad educativa y en la permanencia del cuerpo docente en el sector público.

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“Los profesores del Nacional Buenos Aires están cobrando un 30 % menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad”, afirmó Pitrola en A24. Según el dirigente estudiantil, esta situación representa un perjuicio estructural y evidencia “un claro ataque directo a las universidades”. Sostuvo también que “históricamente, los docentes de los colegios preuniversitarios ganaban un 30 % más que sus pares de la ciudad”, y consideró que la reversión de esta relación salarial se produce en el marco de una política que busca “deteriorar la educación pública para eventualmente arancelarla”.

En la entrevista concedida a A24, Pitrola explicó que la ocupación de los establecimientos tiene carácter “indeterminado”, pero que la continuidad de la medida será evaluada de manera cotidiana en asambleas abiertas a toda la comunidad educativa. “La idea es visibilizar, la idea es informar a la sociedad lo que está pasando en el colegio, porque es realmente muy grave”, expresó el presidente del centro de estudiantes. Aseguró que “la situación es límite” y que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”.

Desde la perspectiva de los alumnos, el deterioro de los salarios y la falta de mantenimiento edilicio son síntomas de una crisis más profunda que afecta a toda la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al sistema universitario nacional. En este sentido, la movilización estudiantil se articula con las acciones de los gremios docentes y no docentes, que este martes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir una definición de la Corte Suprema sobre la ley.

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El conflicto por el financiamiento universitario no es nuevo: desde 2024, estudiantes y trabajadores han encabezado al menos cuatro movilizaciones federales y numerosas jornadas de protesta. La promulgación de la ley en octubre de 2025 no destrabó la situación, ya que su implementación quedó supeditada a la asignación de fondos en el Presupuesto. Mientras tanto, el Gobierno envió al Congreso una nueva iniciativa que no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.

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La Argentina ante los senderos que se bifurcan

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Estados Unidos quiere ganarle a China la carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cómo sabremos quién ganó o perdió? Kyle Chan, investigador de Brookings, planteó esta pregunta provocadora en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de EEUU hace unas semanas. Una primera respuesta posible: quién lleva la ventaja en los modelos más poderosos, que define quién llega primero a la anhelada y temida superinteligencia artificial. Otra manera de entender la disputa sería acerca de quién controla los insumos en la cadena de valor de la IA: el acceso a los minerales críticos, a los semiconductores o a la energía que demandan los centros de datos. Una tercera forma de abordarlo, argumentó Chan, sería en qué medida la IA logra mejorar la vida y el progreso de la mayor cantidad de personas. Estas formas de evaluar no son excluyentes, y requieren activar distintas palancas de política pública.

La competencia entre Washington y Pekín no tiene correlato con lo que ocurre en el resto del mundo, pero como en cada momento de disrupción tecnológica, todos los países están corriendo su propia carrera, incluida la Argentina. Y esa es la pregunta que quiero plantear: ¿qué significaría que a la Argentina le vaya bien en la carrera de la IA?

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El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofrece un punto de partida útil. Argentina ocupa el sexto lugar de 19 países evaluados, con 52 puntos sobre 100, clasificada como “adoptante”: ni entre los pioneros (Chile, Brasil, Uruguay) ni entre los más demorados. Pero la región en su conjunto viene corriendo de atrás. Toda la inversión privada en IA de América Latina representa apenas el 1,12% de la inversión global: una brecha de siete veces respecto al peso de la región en el PBI mundial. Argentina tiene hoy un rezago de adopción de IA en una región rezagada.

Descartemos primero lo que no está a nuestro alcance. Sería poco realista plantearnos que Argentina busque insertarse en la construcción de grandes modelos fundacionales (como Claude o ChatGPT), un camino que requiere inversiones de capital abismales, talento especializado en escala y acumulación de conocimiento durante años. Para dimensionar dónde estamos: Corea del Sur, que se ubica en un muy lejano tercer lugar detrás de Estados Unidos y China en el desarrollo de modelos de IA, es el país con más patentes de IA per cápita del mundo. Ese club tiene barreras de entrada que hoy no podemos franquear.

Eso no significa que países como Argentina queden automáticamente sin lugar en esta nueva geografía tecnológica. En las grandes transformaciones, buena parte del valor suele estar en la capacidad de adaptar y difundir tecnologías a lo largo de distintos sectores de la economía, más que en liderar necesariamente la invención original. Nuestro test tiene que ser otro.

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Una primera dimensión pasa por construir aplicaciones, servicios y plataformas sobre los grandes modelos existentes. Puede además aprovechar el acceso abierto a varios de ellos ya que la Argentina tiene la ventaja de ocupar el segundo lugar de la región en relevancia de su producción de código abierto. Tenemos un sector muy significativo en el que apalancarnos: las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento alcanzaron en 2025 un récord de 9.600 millones de dólares y fueron el tercer complejo exportador del país.

El desafío es que este terreno se mueve rápido. Cada nuevo anuncio de los grandes modelos de IA redefine en cuestión de semanas modelos de negocio y barreras de entrada para millones de start-ups en todo el mundo. La capacidad de innovar es clave y para ello hacen falta recursos humanos especializados y acceso a financiamiento para escalar rápido. La brecha de talento en IA entre América Latina y el promedio mundial se viene ampliando desde 2022, impulsada por una pérdida acelerada de profesionales especializados. Y el problema es doble: no retenemos el talento existente y nuestros indicadores de calidad educativa revelan cuán endeble es la base sobre la que formamos a quienes vienen. Sin reformas e inversión en el sistema educativo y tecnológico, la IA es un simple anhelo de deseo.

Una segunda dimensión es horizontal: que la IA no quede confinada a los sectores de vanguardia o start-ups sino que impregne al conjunto de la economía, de manera que potencie la productividad. América Latina arrastra un problema severo de productividad —su crecimiento promedió apenas un 0,4% anual en los últimos 25 años y fue negativo en la última década— y los grandes saltos tecnológicos abren oportunidades para acelerar transformaciones. Esta puede ser una de ellas.

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Como ocurrió con internet o la electricidad, hay países que lideran la invención y los primeros desarrollos comerciales, pero eso no impide que otros se vuelvan especialmente eficaces en difundir esa tecnología a lo largo de toda su economía. No conocemos una revolución tecnológica de esta escala y velocidad, pero sí sabemos que los procesos de difusión tecnológica son muy relevantes para el desarrollo de los países.

¿Podemos convertir esta disrupción en una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía? ¿Cómo incentivamos usos de IA que potencien el trabajo humano y no lo reemplacen? Según el ILIA, Argentina registraba a inicios de 2025 casi 8 millones de usuarios activos de aplicaciones de IA generativa. Somos adoptantes tempranos. Pero ese uso individual no se traduce todavía en impacto productivo. Como suele ocurrir en los procesos de difusión tecnológica, las compañías más grandes y dinámicas llevan la delantera y para las pymes es más cuesta arriba.

Según una encuesta de usos de IA en pymes argentinas realizada por NADIA (Nodo argentino de IA), existe un crecimiento acelerado de uso pero aún incipiente. Entre las pymes de manufactura, el 36% reporta usar al menos un tipo de IA y su principal uso es para marketing y ventas. Aún no se observa un uso sistemático y con rediseño de procesos. La brecha entre uso individual e impacto productivo es, por ahora, un fenómeno extendido en el mundo. Pero el potencial es grande, especialmente en los sectores más rezagados. A lo largo del país, empresas de distintos sectores están experimentando con IA de formas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que podrían convertirse en referencia para otras organizaciones y, además, contribuir a dinámicas de ecosistema que han demostrado acelerar la difusión de innovaciones tecnológicas.

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El sector público no es ajeno a esta promesa de adopción transversal, desde un algoritmo que detecta irregularidades en licitaciones antes de que se firmen, a un hospital que agiliza diagnósticos (ni hablar del desafío que implica para el sistema educativo). Pero una incorporación de IA en el Estado que no sea solo cosmética para un reel de Instagram tiene prerrequisitos: datos públicos de calidad y con estándares de ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas e inversión en profesionales especializados capaces de conducir una adopción que hoy avanza a distintas velocidades. A su vez, el sector público expone, sin atenuantes, el desafío que la IA plantea a toda la economía: cómo se van a reconfigurar los trabajos con la automatización creciente.

Una tercera dimensión opera en una capa más basal: la infraestructura física que hace posible la IA y que condiciona también la capacidad de usarla y de innovar del resto de la economía. La infraestructura digital global tiene un costo material enorme y la inteligencia artificial lo está multiplicando: centros de datos que consumen cantidades crecientes de energía, semiconductores que requieren minerales críticos y redes que demandan conectividad de alta capacidad.

Argentina tiene ventajas concretas en ese ecosistema. Produce carbonato de litio, tiene reservas de cobre y un sector energético en crecimiento, además de un territorio extenso y subutilizado para infraestructura digital. Los casos de referencia no están tan lejos. En el Nordeste de Brasil, Porto Digital reúne casi 500 empresas tecnológicas y ayudó a convertir a Recife en uno de los polos de innovación más dinámicos de América Latina. El desafío para Argentina es atraer inversiones y lograr sinergias que redunden en mejoras en conectividad, empleo y condiciones para acelerar la incorporación tecnológica en el resto de la economía.

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Aplicaciones y servicios sobre IA, difusión productiva e infraestructura digital. Son dimensiones distintas de una misma transformación y se potencian mutuamente. Hay una tentación simétrica en los senderos del debate actual en nuestro país sobre la inteligencia artificial. La del entusiasmo fácil: creer que la IA va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina sin que cambie nada de lo demás. Y la del rechazo defensivo: resistir la infraestructura y la adopción en nombre de una soberanía digital que, en la práctica, equivale a aislarnos y perder oportunidades concretas. La apuesta más difícil y más valiosa es construir márgenes de acción: articular capacidades de innovación, uso e infraestructura que traduzcan la expansión de la IA en mejoras concretas de productividad, competitividad y bienestar. Argentina puede seguir acumulando usuarios de IA generativa y quedarse, al mismo tiempo, fuera de los beneficios reales de esta revolución. En el jardín de Borges, todos los futuros permanecen abiertos. El de la Argentina en la IA también, todavía.

*La autora es directora regional The Global Initiative for Digital Empowerment (GIDE) y profesora invitada Universidad Di Tella




Julia Pomares,Conforme a

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Después del pedido judicial, el Gobierno transfirió $590 millones al Banco de Datos Genéticos

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El juez federal Alejo Ramos Padilla dejó sin efecto la medida cautelar que había ordenado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar de inmediato las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para asegurar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La decisión se tomó después de que el Gobierno transfirió una partida de 590 millones de pesos, lo que evitó la paralización de los estudios de ADN clave en causas por apropiación de niños durante la última dictadura.

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La cautelar había sido solicitada por los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). También se sumó como querellante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por el “carácter irremplazable” de las muestras biológicas y genéticas que custodia el banco.

En la resolución, a la que tuvo acceso TN, Ramos Padilla explicó que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias“.

Por ese motivo, profundizó el juez, “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar —en esta instancia— la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional».

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Alejo Ramos Padilla dijo que no conoce a Alberto Fernández y que vio tres veces a Cristina Kirchner, en comisión de juicio político en Diputados (Foto: NA – Mariano Sánchez).

El juez aseguró también que las medidas adoptadas hasta el momento resultan propicias “para alcanzar una solución de común acuerdo”. En esa línea, Ramos Padilla remarcó que el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año.

Sobre el final del fallo, el juez remarcó que “cualquier asunto que se vincule con el adecuado servicio de justicia, mucho más cuando éste puede verse comprometido o resentido en áreas claves como la investigación de crímenes de lesa humanidad –que no son otra cosa que crímenes cometidos por el propio Estado– o la reparación del derecho a la identidad de aquellos centenares de niños que fueron apropiados con la participación y/o aquiescencia del Estado, es competencia ineludible de la cartera de justicia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como una de sus funciones reparar esos hechos y, en particular, asistir y advertir a las otras áreas ejecutivas acerca de las obligaciones a nivel nacional e internacional que se podrían ver afectadas».

El origen del conflicto

Cuando presentaron la denuncia, los fiscales destacaron que para 2026, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96 % del monto requerido, lo que impide cubrir gastos fijos, variables y compromisos asumidos.

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La directora del banco advirtió entonces que se encuentraban en riesgo inminente los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, recolección y disposición de residuos patogénicos, entre otros.

Tras analizar la demanda, Ramos Padilla aseguró que el Banco de Datos “reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

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Por lo tanto, “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.

La decisión recayó directamente contra Adorni, ya que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos quedaron bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.

Banco Nacional de Datos Genéticos, Alejo Ramos Padilla, Gobierno

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