El gobierno de Javier Milei denunció al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por “espionaje ilegal” tras haber difundido información sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia durante la sesión informativa del miércoles último. La denuncia, a la que accedió , hace alusión a los dichos del legislador en la Cámara de Diputados.

Durante el informe de gestión, sesión en la que Adorni respondió —entre otras— preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, el diputado del bloque Unión por la Patria (UP) había señalado el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de la esposa del portavoz, Bettina Angeletti, incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda. Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”, interrogó Tailhade en aquella oportunidad.

De esta forma, el Gobierno expresó su “preocupación” porque un miembro del Congreso “exponga públicamente los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional». “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del jefe de Gabinete y su familia”, añadieron.

En el mismo texto, apuntaron contra Tailhade y deslizaron que se habría valido de “medios ilegítimos” para conocer los movimientos de Adorni y su familia. “La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”, ratificaron.

“La información obtenida mediante actividades ilícitas de inteligencia configura una amenaza concreta al orden institucional cuando tiene por objeto a un alto funcionario con capacidad de incidir en políticas públicas y decisiones estratégicas», sumaron y remarcaron: “La manipulación o eventual utilización de la información obtenida de manera ilícita puede alterar procesos decisorios, generar inestabilidad política y comprometer los intereses del Estado Nacional“.

Luego de que se supiera que el Gobierno evaluaba denunciar al diputado por su accionar, Tailhade insistió con sus comentarios y a través de su cuenta oficial de X reposteó la publicación de un periodista que informaba sobre las intenciones del Gobierno: «Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, ‘la Primera Dama’ Bettina».

Luego de los comentarios de Tailhade, Adorni acusó al peronismo de haberlo “espiado” a él y a su familia como parte del embate de la oposición contra su figura por su crecimiento patrimonial, el cual es investigado por la Justicia.

“No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia», expresó durante su respuesta en la sesión en la Cámara baja.

Y continuó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Sé que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia”.

Al respecto, anticipó: “Sepan, no me van a intimidar con aprietes y no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”.

Luego de que la Red de Hospitales Universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtiera por la falta de capitales para el funcionamiento de los hospitales, el Gobierno salió a responder ante la advertencia de “inminente paralización” si no reciben fondos nacionales.

“Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la UBA, el Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N°27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento», expresó el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.

Y añadió: “El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ por un monto de $79.763.113.948″.

“La UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 95% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional”, acusó el texto que fue compartido por la ministra Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei.

Tras aclarar que desde la cartera de Capital Humano consideran “inadmisible” que, a través de “amenazas de medidas de fuerza”, la universidad pretenda “apropiarse del crédito presupuestario” destinado al conjunto de hospitales universitarios de todo el país e “imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

En una conferencia de prensa este martes, los directores de la Red de Hospitales Universitarios aseguraron que, “si la plata de funcionamiento hospitalario no llega, no pueden funcionar”. Según su denuncia, se trata de una partida de unos $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.

“De esos 80.000 millones no recibimos un peso. Ya estamos funcionando al 50%”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. “Ya achicamos el funcionamiento, ya empezamos a restringir los servicios de seguridad, limpieza, licitaciones para compras de medicamentos y honorarios para anestesistas. Todo eso es plata y esa plata no la tenemos”, detalló.

La mayoría de la partida de fondos nacionales para el funcionamiento de los hospitales va para la UBA, que tiene seis: además del Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

“Los gastos de funcionamiento de una institución son cuantiosos. Cuatro meses de no ingreso del presupuesto significa que al proveedor no le podes pagar. Tenés que recurrir a la buena voluntad, gestionar, conversar. Estás pasando de pago a 60, a 90, a 120 días, porque ya entramos en el quinto mes. ¿Hasta cuándo? Tiene un límite y es cuando no te entregan o te piden el cash previo a la entrega del insumo correspondiente”, añadió Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas.

Y siguió: “Los insumos están dolarizados, siguen aumentando. Los costos de medicamentos de atención son prácticamente inaccesibles. Llega un momento que nuestra responsabilidad nos lleva a decir basta: hasta dónde podemos llegar o hasta cuándo. El término de 45 días es un término relativo, pero que es más o menos lo que uno calcula que podemos llegar a funcionar con la calidad que lo estamos haciendo al día de hoy”.