El desempeño económico en la primera mitad del gobierno de Javier Milei evidencia marcadas diferencias entre los distintos sectores de la actividad productiva y comercial. Algunas ramas muestran mejoras, mientras otras mantienen sus niveles previos o han experimentado retrocesos, según el impacto desigual de la apertura al resto del mundo mediante menores retenciones a las exportaciones y reducción de aranceles a las importaciones.

Todo esto ha ocurrido junto a la apreciación del peso, a pesar de la activa intervención del Banco Central de la República Argentina como comprador de dólares para fortalecer las reservas en divisas.

Esta economía de “diferentes velocidades”, una expresión compartida por economistas del sector privado y del Gobierno, también se refleja en los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el Indec sobre la evolución del mercado laboral.

El ingreso promedio de la población ocupada en el trimestre octubre-diciembre de 2025 fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano alcanzó $800.000, cifra que corresponde al límite superior del decil cinco y por debajo del cual se ubica el 50% de las personas con empleo remunerado.

Para la población asalariada, el Indec estimó 9,5 millones en los 31 aglomerados urbanos (con una proyección al total del país de 15,1 millones). El ingreso promedio de asalariados fue de $1.082.635, que se desglosa en $1.321.353 para quienes están registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con descuento jubilatorio, y $651.484 para los informales, quienes trabajan sin aportes al sistema jubilatorio ni a la obra social.

La comparación entre estos dos promedios muestra que los asalariados registrados perciben poco más del doble que quienes están en la informalidad (102,8% más). En los datos ininterrumpidos de la serie de los últimos ocho años, en el segundo del gobierno de Mauricio Macri (2017), la brecha era 124,3%. Al finalizar su gestión en el cuarto trimestre de 2018 subió a 134,5%, y al concluir la presidencia de Alberto Fernández se acortó a 131,2 por ciento.

El descenso de la brecha de ingresos se atribuye, primero, a una mayor suba de los salarios de trabajadores no registrados respecto de los empleados formales. En segundo término, incide el crecimiento de la informalidad, en particular en los niveles de ingreso más altos.

Según los datos del Indec, los salarios registrados (tanto del sector público como privado) aumentaron 226,7% entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, mientras que los informales subieron 262,7%. Como referencia, la inflación acumulada en ese lapso fue de 234,3%, lo que implica que los primeros experimentaron una caída de 2,3% en valores reales, mientras que los trabajadores informales incrementaron su poder adquisitivo en 8,5 por ciento.

Esta diferencia se explica principalmente por el rezago en los ajustes salariales formales frente a la inflación y una recomposición más rápida en el segmento informal.

En el caso del total de la población ocupada -comprende además de los asalariados, los independientes Monotributistas, como los autónomos registrados e informales- la brecha promedio entre los ingresos de los trabajadores formales (con descuento jubilatorio) y no registrados fue en el último trimestre de 2025 de 124%: con $1.394.751 y $622.803, en cada uno de esas segmentos.

Según la serie del Indec sobre Distribución del Ingreso, la marginalidad laboral aumentó del 33,3% del total de trabajadores en relación de dependencia a fines de 2017 a 35,6% nueve años después.

Durante los primeros dos años del actual gobierno, el empleo no registrado en relación de dependencia creció 0,6 puntos porcentuales (pp) en el total, mientras que el análisis por deciles de ocupados muestra que el trabajo no declarado se contrajo en los segmentos de menores ingresos y se expandió en los más altos.

El incremento de la Asignación Universal por Hijo para desocupados y empleados con sueldo igual o inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil ($357.800 en abril de 2026), junto a mayores controles para que los pagos y de los que están adheridos a planes de incentivo laboral se acrediten en las cuentas bancarias de los beneficiarios, redujo la incidencia del empleo no declarado en los sectores más vulnerables.

Por el contrario, la continuidad de una legislación laboral que no ha recibido una reforma integral en más de 50 años (actualizado en 2026 pero todavía pendiente de reglamentación debido a amparos impulsados por sindicatos y sectores políticos opositores), así como las elevadas cargas patronales sobre la nómina salarial, provocaron que la informalidad aumente en las franjas de trabajadores con mayores ingresos, donde en algunos casos se agrega la retención por el Impuesto a las Ganancias.