El crecimiento de la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires registró una nueva alza en mayo de 2026, según el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento detectó 117 puestos de venta ilegal en las áreas monitoreadas, lo que representa un incremento de 2,6% frente a abril y una suba de 6,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Las zonas más impactadas fueron la calle Perú, la avenida Corrientes y las estaciones 11 de Septiembre y Constitución, con un predominio del rubro Alimentos y bebidas, de acuerdo con la CAC. El rubro de Alimentos y bebidas encabezó la lista de productos comercializados irregularmente, según el relevamiento, que fue realizado entre el 1° y el 29 de mayo, de 10 a 20, incluyendo solo puestos fijos instalados en aceras, estaciones y plazas.

En la distribución territorial, 45 puestos se localizaron en avenidas y calles, cifra que se mantuvo estable en relación a abril, aunque implicó un crecimiento interanual del 2,3 por ciento. Por su parte, en estaciones y plazas se relevaron 72 stands, lo que significó un avance de 4,3% frente al mes anterior y de 9,1% respecto a igual periodo de 2025.

La concentración de la venta ilegal mostró una clara focalización en sectores específicos. Según la Cámara, “las diez cuadras más afectadas contienen el 91,1% del total de puestos en calles, avenidas y peatonales”. La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles. Destaca, dentro de esa arteria, Perú al 100 con 21 stands y Perú al 0 con otros 10.

La avenida Corrientes ubicó 4 puestos, mientras que otras zonas como el Microcentro, Pueyrredón, Córdoba, Rivadavia y Santa Fe presentaron cifras menores.

Entre las estaciones, los epicentros de la venta ilegal fueron la Estación 11 de Septiembre, con 38 puestos (52,7% del total en estaciones), y la Estación Constitución, donde se contaron 32 stands (44,4%). Retiro y Lacroze sumaron una presencia marginal.

La densidad promedio en la calle Perú fue notable, con 15,5 puestos por cuadra, muy superior a la de otras vías. Esta distribución evidencia una problemática localizada, que permite identificar fácilmente áreas prioritarias para el accionar de las autoridades y el sector formal.

El rubro Alimentos y bebidas dominó entre los productos ofrecidos en los puestos ilegales, con una participación del 64,8% sobre el total relevado, de acuerdo al relevamiento de la CAC. En la comparación intermensual, este segmento mostró un aumento de 0,9 puntos porcentuales.

En segundo lugar figuraron las Artesanías, con un 21,3% de presencia, pese a una leve baja respecto al mes anterior. Artículos domésticos e Indumentaria y calzado presentaron una participación de 3,3% cada uno, mientras que otros rubros como óptica, librerías y viveros exhibieron menor incidencia.

La ubicación de estos puestos y el tipo de productos ofertados variaron de manera significativa según el área. En estaciones y plazas, la venta ilegal de Alimentos y bebidas prevaleció, con un 91,9% en la Estación 11 de Septiembre, mientras que en la Estación Constitución sobresalieron los productos falsificados de Indumentaria y calzado, sobre todo marcas como Nike y Adidas. En las avenidas, la calle Perú se consolidó como punto central para la venta de Artesanías e Indumentaria y calzado.

En tanto, durante mayo, se detectaron dos casos de productos falsificados, ambos ubicados en la Estación Constitución.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios utiliza el Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP), que en mayo alcanzó 4,4 puntos, reflejando un avance del 3,9% en relación a abril y del 2% frente a igual mes de 2025. Este índice se elabora a partir de la cantidad de puestos ilegales identificados y los casos de productos falsificados en vías clave de la ciudad.

El financista Francisco Hauque fue a la TV como «una póliza de seguro de vida»: negó ser socio de Elías Picirillo y dijo que solo le prestó dinero

13/06/2026 – 20:51hs

El avance de la investigación en la Justicia Federal por presuntas maniobras ilícitas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) sumó un testimonio de alto impacto político y judicial que sacude a la anterior gestión de gobierno. Durante una entrevista televisiva el viernes por la noche en el programa ¿La Ves?, emitido por la señal TN, el financista Francisco Hauque rompió el silencio y lanzó graves denuncias que involucran de forma directa a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese período, asegurando que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de la red de cobro de coimas montada para agilizar los permisos de importación y el acceso a los dólares oficiales.

Hauque, quien se encuentra investigado en el expediente judicial, utilizó su aparición en los medios de comunicación como una herramienta de protección personal. Al respecto, el financista dejó una fuerte definición sobre los motivos de su exposición pública al afirmar que estar en ese programa era «una póliza de seguro de vida». A lo largo de su relato, el denunciante buscó desmarcarse de las acusaciones y negó rotundamente tener una relación comercial o ser socio de Elías Picirillo, el financista conocido en el ambiente como el «rey del blue». Sobre el vínculo que los unía, aclaró de manera taxativa que solo le prestó dinero, precisando que la suma entregada se ubicó en torno a los 3.000.000 de dólares.

Al profundizar sobre el conocimiento que las autoridades políticas de la gestión del Frente de Todos tenían acerca del esquema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA, Hauque fue contundente en sus declaraciones televisivas. «Él participaba como en todos los negocios», sentenció en referencia a Alberto Fernández, y sumó a las acusaciones al exsecretario de Comercio de ese mandato al indicar que también sabía Matías Tombolini. No obstante, el financista evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía, Sergio Massa, como así también a los funcionarios directamente vinculados con su conducción ministerial.

De acuerdo con el testimonio brindado por Hauque, el engranaje de la supuesta organización delictiva se habría iniciado a través de Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central, que actualmente se encuentra imputada en la causa. Según su versión, fue ella quien le acercó el denominado modelo de negocio a Juan Pablo Biondi, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación entre 2019 y 2021. Posteriormente, Biondi se lo llevó a Miguel Ángel Pesce, que «estaba al tanto de todo», sostuvo el financista apuntando contra el expresidente de la máxima entidad bancaria del país, aunque luego minimizó su propio rol y el de Picirillo al considerar que en el fondo ambos son perejiles.

El financista aprovechó la entrevista para desligarse de las sospechas que indican que él participaba activamente de las maniobras ilícitas mediante el uso de casas de cambio. Si bien reconoció que tuvo una agencia cambiaria en el año 2019, aclaró que tiempo después procedió a cerrarla y se defendió alegando que de la operatoria en sí no tiene los conocimientos de cómo funcionaba esa trama. En contraposición, relató que en varias ocasiones estuvo sentado en mesas donde compartió mucho con Picirillo, y que en esas reuniones pudo presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción, las cuales hoy forman parte del expediente penal.

Hacia el final de su intervención, Hauque manifestó una profunda preocupación por su integridad física y la de su entorno familiar, revelando detalles de las intimidaciones que viene sufriendo. «Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar», advirtió con temor. El financista denunció que Picirillo junto a otros sectores oscuros del poder le metieron la droga y confirmó que actualmente se encuentra amenazado y cuenta con custodia de la policía. Al respecto, detalló que sufrió una de las advertencias en un restaurante de Puerto Madero, describiéndolas como «amenazas sofisticadas ejecutadas por personas que trabajan con servicios de inteligencia y te hablan de tu familia».

La causa judicial, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo, investiga el acceso preferencial al dólar oficial durante el último cepo cambiario, las ventas millonarias de divisas al mercado paralelo y las autorizaciones para importar otorgadas durante los años 2022 y 2023, manteniendo bajo la mira de la Justicia a más de 50 personas y empresas. El avance del caso logró un punto de inflexión tras el peritaje oficial sobre uno de los teléfonos celulares secuestrados a Martín Migueles, exsocio y amigo de Picirillo. El análisis de los chats de Migueles, un joven que comenzó como ladero en las oficinas del «rey del blue», reveló la existencia de este sistema paralelo y la participación de cómplices que operaban bajo los sobrenombres de «la vieja del Central», «la señora» y «Pato» para facilitar el ingreso de mercaderías y la obtención de dólares baratos.

El riesgo país sigue en baja y esta semana marcó un nuevo piso: 437 puntos básicos, el nivel más reducido desde mayo de 2018. El dato no solo es relevante en términos históricos sino también en clave regional: permite ubicar a la Argentina en el mapa del riesgo soberano latinoamericano y ver con precisión a qué distancia se encuentran los países con mejor y peor desempeño.

Según el índice elaborado por JP Morgan, la Argentina ocupa el puesto 19 entre 21 países de América Latina y el Caribe relevados, con 437 puntos básicos. El podio de la región lo lidera Uruguay, con apenas 63 puntos, seguido por Chile (83) y Paraguay (103). Los tres países del tope del ranking son los que mayor confianza generan en los mercados financieros internacionales.

En el extremo opuesto, Venezuela registra el nivel más alto de la región con 5.884 puntos, lo que la ubica en una categoría distante del resto. Le sigue Belice con 1.207 puntos, y en tercer lugar desde el fondo aparece Bolivia con 539 puntos. La Argentina, con 437 puntos, se sitúa un escalón por encima de Bolivia y cuatro posiciones antes del último lugar.

El promedio de riesgo país para América Latina se ubica en 248 puntos básicos. La Argentina supera ese umbral por 189 puntos, lo que indica que, a pesar de la mejora reciente, el país todavía opera con una prima de riesgo sensiblemente por encima de la media de la región.

Para quedar en línea con ese promedio, el riesgo país argentino debería recortar casi 190 puntos adicionales desde los niveles actuales. Para alcanzar al país inmediatamente por encima en el ranking —Ecuador, con 387 puntos— la brecha es de 50 puntos.

Los 21 países del ranking, de menor a mayor riesgo:

1. Uruguay: 63 puntos
2. Chile: 83 puntos
3. Paraguay: 103 puntos
4. Perú: 106 puntos
5. Guatemala: 109 puntos
6. Jamaica: 111 puntos
7. Panamá: 112 puntos
8. Costa Rica: 126 puntos
9. Trinidad y Tobago: 144 puntos
10. República Dominicana: 167 puntos
11. Honduras: 174 puntos
12. Brasil: 180 puntos
13. Colombia: 189 puntos
14. México: 196 puntos
15. Barbados: 230 puntos
16. Promedio América Latina: 248 puntos
17. El Salvador: 300 puntos
18. Ecuador: 387 puntos
19. Argentina: 437 puntos
20. Bolivia: 539 puntos
21. Belice: 1.207 puntos
22. Venezuela: 5.884 puntos

La tendencia a la baja del riesgo país de Argentina se sostiene sobre una combinación de factores que los analistas del mercado identifican con claridad. La mejora en la calificación crediticia otorgada por Standard & Poor’s —que elevó la nota de la deuda soberana argentina a “B-” desde “CCC+”, igualando así la calificación ya otorgada por Fitch— es uno de los elementos más recientes y de mayor impacto. Según los analistas de Rava Bursátil, la decisión de S&P responde a la acumulación de reservas, la mejora en las cuentas fiscales y la agenda de reformas implementada por el Gobierno.

Marcos Montero, Sales Trader en Balanz, señaló que la mejora se sostiene sobre tres pilares: el equilibrio fiscal sostenido, la mayor capacidad del Gobierno para refinanciar vencimientos y el nivel de acumulación de reservas internacionales. Según precisó, “el Banco Central lleva más de 10.200 millones de dólares en compras netas en lo que va de 2026″.

El upgrade también tiene implicancias concretas sobre los flujos de inversión. Con dos de las tres principales agencias calificadoras ubicando a la Argentina en “B-”, el país queda técnicamente posicionado en esa categoría por convención de mercado, lo que puede habilitar el ingreso de fondos institucionales con mandatos que exigen determinado piso de calificación crediticia.

La brecha entre la Argentina y Uruguay —el país de la región con menor riesgo soberano— es de 374 puntos. Respecto de Chile, el segundo del ranking, la diferencia es de 354 puntos. Frente a Paraguay, que ocupa el tercer lugar con 103 puntos, la distancia es de 334 puntos.

En enero de este año, cuando el indicador argentino se ubicaba en torno a los 527 puntos, la Argentina ocupaba también la misma zona del ranking regional. La reducción de casi 90 puntos desde entonces no alcanzó para modificar la posición relativa del país, pero sí achicó la distancia con los países que se ubican inmediatamente por encima.