POLITICA
Por qué Milei pidió “paciencia” a los argentinos y el conflicto salarial que preocupa a la Casa Rosada

Javier Milei mostró el jueves una brisa de aquel tono de la campaña de 2025, cuando les hablaba a los rezagados por el ajuste. El Presidente matizó entre sus ataques a la prensa un pedido de paciencia a los argentinos. Aceptó que sería “intelectualmente deshonesto” decir que todos están mejor con su plan económico. Pero insistió con que el rumbo es el correcto y con que cambiarlo implicaría “dinamitar lo logrado”.
El estilo prolijo y sin los tres puntos suspensivos que caracterizan sus explosiones virtuales denotaron la planificación del mensaje.
El texto, delineado junto a su estratega Santiago Caputo, fue la expresión más importante del Gobierno en las últimas semanas.
Un conocedor de los movimientos de la Casa Rosada libertaria traduce así lo que quiso decir el Presidente: “Te entiendo que la estás pasando mal, pero no podemos volver atrás”. Debajo, coinciden distintas fuentes de esta administración consultadas por , intentaron reforzar dos conceptos: la intención de mostrar un Milei con “empatía” frente a los argentinos que no la están pasando bien y, al mismo tiempo, un Presidente que busca renovar la “esperanza” de un futuro mejor bajo su ala.
El Gobierno, entienden una serie de voces que hablaron con , esperaba un primer trimestre difícil en términos económicos. Enero fue de vacaciones; febrero estuvo copado por el exitismo oficialista de las extraordinarias; pero en marzo la administración libertaria se quedó sin nafta de gestión e irrumpió el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“El ataque financiero hasta octubre de 2025 fue muy violento, con la dolarización de cartera; eso atrasó el envión que traíamos hasta marzo de 2025; ya se está remontando. La economía siguió creciendo en sectores diversos. En enero, diez indicadores de 15 dentro del EMAE [por el estimador mensual de actividad económica] dieron positivo. Lleva tiempo. Hay tormenta, hay viento, pero el rumbo es el correcto”, planteó uno de los actores oficialistas más importantes para desglosar la línea que marcó el Presidente en su cuenta de X.
“Si la política no jodiera, estaríamos mucho mejor. Pero, ahí vamos. Lo que hacemos es lo que corresponde, es lo moralmente correcto”, añadió esa misma fuente, que estimó que marzo será el último mes con inflación alrededor de 3% y que se confió con que en abril comenzará a “desplomarse fuerte”.
En el mismo sentido se manifestó otro integrante del Gabinete al referirse a las intenciones de Milei. “El Presidente internamente lo viene diciendo desde diciembre, que tras el ataque especulativo de 2025 iba a ser muy duro en enero, febrero y marzo… un poco también en abril. Pero capaz nadie terminó de explicar bien que estos meses iban a ser difíciles. Entonces él salió y lo explicó. No sé si es tarde, pero hace docencia”, comentó este funcionario. “Desde abril pareciera que va caminando”, se entusiasmó y refirió sobre el mensaje del Presidente: “Es una nota de empatía junto con un pedido de aguante”.
En las últimas semanas, a la Casa Rosada también llegaron sondeos que mostraron al Gobierno en baja. “El clima se enrareció”, describió otro actor del oficialismo.
Como en el cuento del huevo y la gallina, en el que no se sabe quién está primero, tampoco está claro si el Presidente envalentona a su círculo de funcionarios más cercano o al revés, pero todos están seguros -por convencimiento o tal vez por conveniencia para no admitir sus propios errores- que hay una mala intención de la prensa contra la gestión nacional. Al mejor estilo K.
“Hay una distorsión entre lo que indican los datos de la economía versus los medios. Los datos dicen que la mayoría de los argentinos llega a fin de mes. Entonces, el Presidente no quiere que la sociedad se deje engañar por versiones malintencionadas”, dijo un actor oficialista de los más importantes para describir el pedido de paciencia de Milei.
“Los medios están empujando con que la plata no alcanza, como cuando gobernaba Macri y empujaban con los movimientos del dólar”, comentó otro personaje libertario.
Al igual que un coro, el discurso se replica en las terminales más importantes del oficialismo. “A 91% de los periodistas la gente no les cree. Que los miren no quiere decir que les crean”, deslizó un funcionario de llegada directa a los hermanos Milei.
El Presidente -ataque tras ataque a periodistas- escucha a los suyos y se regodean entre sí.
Por fuera de los fuegos de artificio, no a viva voz, en el Gobierno reconocen que hay sectores -sobre todo en el AMBA- que todavía no se sienten tocados por las supuestas bondades del plan económico libertario. “Veníamos de una situación trágica. La percepción tarda en llegar, en algunos sectores no se percibe la recomposición de la actividad económica”, comentó una de las voces más encumbradas de Balcarce 50.
Ante esta cuestión, también reconocen en el oficialismo, permean más escándalos como el Adorni gate o el conflicto con los colectivos. No pasó desapercibido en la Casa Rosada el video de Lourdes, de 28 años, de Quilmes y profesional que, a la espera de un micro que no llegaba, repitió seis veces en menos de dos minutos que estaba “cansada” de la situación económica de su familia ante un móvil de TV.
Sin embargo, en el Gobierno nadie vislumbra que el clima social vaya a recrudecer y le bajan el tono a los piquetes del martes pasado tras el fin del plan Volver al Trabajo. Por qué se preocuparían si dicen que Santiago Caputo suele caminar la Plaza de Mayo con la tranquilidad y el anonimato de cualquier monotributista como él. Incluso cuentan que el viernes anduvo por ahí a pie y que ninguno de los que protestaba por los salarios del Conicet ese mismo día, en el mismo lugar, si quiera lo reconoció.
En tanto, sí hay un conflicto salarial que las más altas esferas del Gobierno observan con detenimiento: las quejas por los sueldos en las fuerzas federales, con intentos de protestas (pese a estar prohibidas por ley) de momento inconclusas.
En Balcarce 50 saben que se necesita una inyección de fondos ahí. Ya se debatió en la última reunión de Gabinete, según pudo confirmar de tres fuentes independientes, y también formó parte de charlas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con Milei y con el equipo económico que comanda Luis Caputo. “Es prioridad número uno. Están trabajando Seguridad y Economía en lograr una recomposición”, afirmaron fuentes del Gobierno. En abril ya se entregó un bono a los agentes federales, parte esencial del discurso libertario de mano dura.
Sobresaltado mediática y judicialmente, Adorni sigue respaldado por el Presidente, por Karina Milei y por Santiago Caputo. El resto se resigna a aceptar las directrices de la cúpula. La gente le pasa factura al jefe de Gabinete, con la imagen más baja de su carrera política.
El ingreso a la vida pública de su escribana Adriana Nevechenko fue también objeto de comentarios en Balcarce 50. “Es un personaje de Netflix”, se escuchó, entre otros murmullos.
Cambiar el eje por fuera de Adorni todavía es un pendiente para el Gobierno. En los despachos ultiman la reforma política como próximo tema que pueda torcer la agenda.
En un año en que todo podrá medirse en un antes y un después de la Copa del Mundo, prevén altas chances de que el texto llegue al Congreso en la previa del evento internacional, pero pocas de que prospere hasta después de que la Selección intente conseguir la cuarta estrella de la mano de Leo Messi.
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POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”

La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.

El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.

La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.

La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
POLITICA
Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
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