POLITICA
Periodismo en llamas, con el gobierno agitando el fuego
Por “obra y gracia” del gobierno de Javier Milei, el periodismo dejó de ser discutido como oficio para pasar a ser tratado como actor político dentro de una disputa abierta con la Casa Rosada.
El clima en redes sociales sobre la prensa se endureció, con una negatividad que ya no se expresa sólo en términos de crítica o desconfianza, sino con un lenguaje de impugnación directa contra la profesión.
En ese marco, el periodismo aparece más asociado al conflicto que a la información.
La agenda temática confirma esa colonización política del debate sobre la comunicación en la Argentina.
Lo político, la gestión, la agenda internacional y la Justicia dominan la conversación sobre periodistas, una charla que se desplegó aceleradamente gracias a la difusión de la presunta red rusa de desinformación en medios locales y a la reacción posterior del oficialismo.
Ese intercambio, por momentos de alta virulencia por parte del Gobierno, agravó un escenario ya tenso, mientras FOPEA y ADEPA advirtieron sobre la escalada verbal y la necesidad de evitar acusaciones indiscriminadas.
En definitiva, en el mundo digital argentino, el periodismo atraviesa una fase de sobreexposición, polarización e impugnación pública.
Y abril dejó una marca inequívoca: más que un sector observado, el periodismo pasó a ser uno de los grandes campos de combate simbólico del país.
Periodismo, bajo fuego político
De más de un millón 800 mil menciones analizadas durante el último mes en las redes sociales argentinas, en las que se debatió sobre el periodismo, el 92 % de negatividad refleja un nivel de hostilidad extraordinariamente alto.
Sin embargo, lo más importante no es sólo el rechazo, sino las palabras que ordenan la conversación: “medios”, “gobierno”, “Milei”, “Adorni”, “Estado”, “verdad”, “Justicia”, “investigación”, “Rusia”, “Estados Unidos”, “vuelo privado”.
El periodismo no está siendo discutido como profesión informativa, sino como actor político metido en una guerra de legitimidad con el poder.
En cuanto al sentimiento del diálogo en redes sobre el periodismo argentino, las palabras dominantes del clima emocional son “error”, “escándalo”, “operar”, “mal”, “guerra”, “denuncia”.
La palabra “operar” aparece casi tan central como el propio eje del escándalo desatado tras conocerse la influencia de intereses rusos en el país. Se trata de un debate que busca la deslegitimación del periodismo como actor, acusado de intervenir, manipular o “jugar para alguien”.
En cuanto a las temáticas de la conversación digital sobre la prensa local, se despliega un escenario narrativo que describe ese diálogo como un debate abierto sobre el poder.
No dominan términos propios del oficio periodístico, sino Gobierno, Justicia, investigación, Rusia, dólares o escándalo.
La presencia alta de la categoría internacional no parece accesoria: encaja con el ruido generado por la difusión de la presunta operación rusa de desinformación en medios locales.
Fue el propio Javier Milei quien prometió ir “hasta las últimas consecuencias”, mientras la embajada rusa rechazó las acusaciones.
El periodismo fue la profesión más expuesta del mes
Abril revela un dato contundente sobre el rol del periodismo como profesión para los argentinos: los periodistas concentran el 17,8 % de las menciones sobre profesiones, por encima de docentes, trabajadores, militares y políticos.
El número confirma que la profesión gana centralidad de manera abrupta en las últimas semanas y vuelve a ubicarse en uno de los picos más altos de toda la serie anual.
Ese protagonismo digital del periodismo, sin embargo, viene acompañado de una evaluación críptica de la profesión.
El sentimiento hacia los periodistas viene siendo persistentemente pésimo durante todo el último año, casi siempre en la franja de -70 a -85 puntos NSR (Net Sentiment Ratio, por sus siglas en inglés).
Ese comportamiento revela, en primer lugar, que las hostilidades sobre la prensa no son nuevas, sino estructurales.
En segundo lugar, abril vuelve a hundir el indicador hacia la zona más baja de la serie, después de un pequeño alivio previo.
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Es decir, el conflicto reciente entre el Gobierno y el periodismo no inventa la mala reputación digital de la profesión, pero sí la recalienta y la lleva otra vez a niveles extremos.
Finalmente, el promedio de sentimiento del último año sobre los periodistas registra -77 puntos NSR, ubicándose entre las profesiones con peor saldo emocional del ranking.
Sólo aparecen peor posicionados sectores como sindicalistas, policías, jueces y piqueteros.
Ese dato resulta relevante porque confirma que el problema no es sólo coyuntural: el periodismo ya cargaba una penalidad reputacional muy alta y abril la empuja todavía más abajo.
Javier Milei, Redes Sociales, periodismo
POLITICA
Los docentes anunciaron un plan de lucha desde el lunes próximo: qué medidas incluirá además del paro de 24 horas
Los sindicatos docentes reanudarán las protestas desde la semana que viene y durante todo el mes de agosto: el lunes 3 habrá un paro nacional de 24 horas en todas las escuelas dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), mientras que los gremios educativos de la CGT comenzarán ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistirá en trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
El conflicto no es nuevo, pero se agudizó luego de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol a partir de la negativa del Gobierno en convocar a la Paritaria Nacional Docente, lo que mantiene el sueldo mínimo del sector en 500 mil pesos desde hace un año.
El paro nacional de CTERA, que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel, fue votado este miércoles por un congreso del gremio para protestar contra “el ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”.
Además de la negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, que CTERA definió como “el ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, el sindicato denunció “el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el incumplimiento en la restitución del FONID y de fondos nacionales destinados a educación”.
Entre sus reclamos, exigió la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del FONID y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo. Además, rechazó una eventual reforma jubilatoria y el proyecto de ley de Libertad Educativa que promueve el Gobierno, y reclamó más inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), avanzará desde el lunes con un plan de lucha que no incluirá paros y que contemplará medidas de fuerza “distintas”.
Entre las protestas previstas para todo el mes de agosto por UDA y CEA (Confederación de Educadores Argentinos), entre otros gremios, figuran el trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa a los alumnos, “semaforazos” en las esquinas para visibilizar sus reclamos, volanteadas en distintos puntos del país y, como cierre, una movilización ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.
El detalle de las acciones de los sindicatos docentes agrupados en la CGT se anunciará en una conferencia de prensa que tendrá lugar el próximo lunes, a las 14, en la sede cegetista de Azopardo 802, donde Sergio Romero explicará los motivos que llevaron al plan de lucha.
De todas formas, trascendió que los gremios docentes de la CGT evaluaron que sería un riesgo para los maestros ir a un paro nacional ya que rige la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que obliga a la educación, como servicio esencial, a mantener un 75% de actividades mínimos en caso de huelga y desobedecer la norma permitiría a las autoridades aplicar duras sanciones.
Si bien la aplicación de esa disposición respecto del sector docente fue frenada cautelarmente por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, que suspendió la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita el proceso judicial promovido por sindicatos docentes, la apelación efectuada por el gobierno nacional mantuvo la vigencia del límite al derecho de huelga.
POLITICA
Falleció Oscar Lorenzo Reinhold, siete veces condenado por delitos de lesa humanidad y exponente de la represión en la Patagonia
SAN CARLOS DE BARILOCHE.− A los 91 años, falleció Oscar Lorenzo Reinhold, exjefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén durante la última dictadura militar y responsable del centro clandestino de detención “La Escuelita”.
Reinhold cumplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Belgrano, aunque sus últimos días los pasó en un geriátrico debido a un avanzado deterioro cognitivo. Murió el 7 de julio, debido a una insuficiencia respiratoria aguda mientras.
Reinhold, quien ostentaba el grado de coronel retirado, fue una figura central del terrorismo de Estado en la Subzona 52. Esa división territorial y represiva abarcaba toda la provincia de Neuquén y gran parte del oeste y sur de Río Negro, incluyendo San Carlos de Bariloche. Dependía del Comando de la Zona V y su centro de operaciones principal era la VI Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén.
Las investigaciones judiciales determinaron que Reinhold tuvo un rol clave en la fijación de “blancos”, la identificación de víctimas, los interrogatorios bajo tortura y la decisión final sobre el destino de los secuestrados. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes lo recordarán por su mirada “fría e intimidante” y por recibir a familiares de desaparecidos con un arma sobre su escritorio para negarles información.
A lo largo de casi dos décadas de juicios tras la reapertura de las causas de lesa humanidad, Reinhold acumuló siete condenas, incluidas tres sentencias a prisión perpetua. En 2008, fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Se lo halló responsable de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos en 17 hechos, además de asociación ilícita, robo y coacción contra la sobreviviente Islanda Becerra.
En 2012, Reinhold recibió una pena de 21 años de prisión por el secuestro y las torturas sufridas por otras 39 víctimas de la región. Ese mismo año, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca le impuso su primera prisión perpetua por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército, del cual dependía operativamente la zona neuquina.
En 2016, fue sentenciado nuevamente a prisión perpetua como máximo responsable regional de 20 secuestros, 13 casos de tormentos y 11 homicidios calificados de personas desaparecidas. En una revisión posterior en 2023, se le sumó una condena por violencia sexual (violación agravada) contra una víctima cautiva.
En 2019, se le impuso una condena de 11 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y desaparición forzada de Juan Marcos Herman, mientras que en 2021, recibió su tercera prisión perpetua. El tribunal lo consideró coautor de homicidio calificado por alevosía en ocho hechos, privación ilegal de la libertad, abuso deshonesto y violación.
A pesar de la gravedad de sus crímenes y de haber pasado un breve tiempo en cárceles federales tras su primera condena, Reinhold gozó la mayor parte del tiempo del beneficio de la prisión domiciliaria. Siguió gran parte de los debates orales mediante videoconferencias, pero nunca prestó declaración ni aportó información sobre el paradero de las víctimas que continúan desaparecidas, como Oscar Ragni.
Al momento de su muerte, Reinhold había sido apartado del noveno juicio de la serie “La Escuelita” iniciado este año por padecer un cuadro de demencia compatible con Alzheimer. Tras confirmarse su deceso, el Juzgado Federal N°2 de Neuquén declaró extinguida la acción penal y dictó su sobreseimiento en las causas que aún tenía pendientes, incluyendo el robo de departamentos de una cooperativa de periodistas durante la dictadura.
Paz García Pastormerlo,Lesa Humanidad,Neuquén,Conforme a
POLITICA
El Gobierno relativiza el reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU y evalúa su impacto en la estrategia electoral
El Gobierno le baja el tono a la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa Vialidad y analiza el efecto que puede tener sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza. En el Ejecutivo descartan impulsar gestiones internacionales para responder al planteo y aseguran que no prevén nuevas declaraciones institucionales por el momento.
“Es libre de hacer lo que crea que tiene que hacer”, expresan en Nación. En la Casa Rosada sostienen que Cristina Kirchner está habilitada para recurrir a los mecanismos internacionales que considere correspondientes y que el Estado responderá únicamente si el organismo de la ONU formula un requerimiento dentro del procedimiento previsto.
La postura oficial es no intervenir anticipadamente en foros internacionales ni desplegar una estrategia diplomática contra el reclamo. En Balcarce 50 remarcan que no existe una instrucción para que Cancillería realice presentaciones por fuera del expediente ni para que los funcionarios conviertan el caso en un nuevo eje de la comunicación cotidiana.
La única definición pública oficial fue la del canciller Pablo Quirno, que vinculó además el movimiento de la expresidenta con la discusión electoral dentro del peronismo. “Ha sido juzgada y condenada. Hay un armado en el que, mientras ellos no definen candidatos, quieren volver al poder para seguir haciendo lo que hicieron y, encima, indultar a Cristina”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.
En el Ejecutivo sostienen que esas declaraciones expresan una posición política, pero no anticipan una ofensiva institucional contra el trámite ante la ONU. El Gobierno prefiere esperar a que el Comité determine si la comunicación es admisible y, eventualmente, solicite al Estado argentino información sobre el proceso judicial.
Cristina Kirchner presentó una comunicación individual en la que cuestiona la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Su defensa sostiene que el proceso vulneró garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que la sentencia busca excluirla de la competencia política.
El planteo incluye pedidos vinculados con la suspensión de la inhabilitación a ejecer cargos públicos, las condiciones de la prisión domiciliaria y la integración de la Corte Suprema. El Comité, sin embargo, no funciona como una instancia judicial superior capaz de anular directamente una sentencia dictada por los tribunales argentinos.
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El organismo puede evaluar si el Estado incumplió compromisos internacionales, requerir una respuesta y emitir observaciones o recomendaciones. En la Casa Rosada remarcan que el proceso puede extenderse durante años y que una eventual resolución favorable a la expresidenta no dejaría automáticamente sin efecto su condena.
En Nación tampoco asignan una relevancia especial a la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim, que integró la defensa internacional de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato. Consultados sobre ese punto, sostienen que no “repararon” en su contratación y descartan por ahora interpretarla como un movimiento coordinado con el gobierno brasileño.
Valim comparó ambos expedientes y señaló similitudes en la elección del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En 2022, ese organismo concluyó que se habían vulnerado garantías de Lula, aunque la anulación de sus condenas no fue dispuesta por Naciones Unidas, sino por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Más allá de la dimensión jurídica, la mesa política sigue el impacto que la presentación puede tener dentro de la oposición. En distintos despachos reconocen que una mayor centralidad de Cristina Kirchner podría facilitar la estrategia de polarización que el oficialismo prepara para la campaña presidencial de 2027.
“Gran candidata”, expresan en Nación. La definición no implica que el Gobierno considere actualmente viable una postulación formal de la expresidenta, que se encuentra inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Refleja, en cambio, la conveniencia política que le asignan a que conserve protagonismo en el armado opositor.
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En la Casa Rosada consideran que Milei obtiene mejores condiciones para ordenar su discurso cuando puede contrastar directamente su programa con el kirchnerismo. En ese esquema, el oficialismo buscará confrontar la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y las reformas económicas con el déficit, la emisión monetaria, la corrupción y la intervención estatal que atribuye a las gestiones anteriores.
La evaluación interna es que Cristina Kirchner todavía conserva capacidad para condicionar las candidaturas, el armado territorial y el tono del peronismo. Su centralidad, según la lectura oficial, podría dificultar la aparición de una oferta opositora renovada y limitar el crecimiento de figuras que intenten ocupar una posición más moderada.
La Casa Rosada evita expresar públicamente una preferencia sobre las candidaturas de la oposición. La instrucción es concentrar la comunicación en las reformas del segundo semestre, los indicadores económicos y la agenda de seguridad, sin sobredimensionar una presentación que todavía atraviesa su etapa inicial ante la ONU.
Gobierno, cristina kirchner
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