Agosto comenzó con varios desafíos legislativos para La Libertad Avanza. En el Senado, el oficialismo busca retomar el debate por la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llegó al recinto luego de sufrir 15 modificaciones en su dictamen. En Diputados, en tanto, avanzan los preparativos para iniciar el tratamiento de la reforma del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Las diferencias entre el oficialismo y sus aliados quedaron expuestas durante la discusión del proyecto de propiedad privada, especialmente en el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.

Hubo cambios propuestos por los aliados dialoguistas que aceptó la senadora Patricia Bullrich y este martes los anunciará junto a los senadores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

“Nos oponemos a la venta de tierras a extranjeros sin restricciones ni controles y no queremos incluir a inquilinos en desalojos exprés. De todo eso y varios ítems polémicos más trata el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está en debate en el Senado”, señaló Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal.

En la misma línea, Alejandra Vigo, senadora cordobesa de Provincias Unidas, afirmó: “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia”.

La iniciativa, que también contempla desalojos exprés y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, llega al recinto con una última versión producto de las conversaciones que mantuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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El oficialismo espera contar con el respaldo de sus aliados del PRO, de la mayoría de los integrantes de la UCR y de distintos espacios provinciales. La sesión será presidida por el libertario Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje al exterior del presidente Javier Milei.

Los debates en Diputados

La Cámara baja definió los giros a las comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central anunciado por Javier Milei en cadena nacional.

La iniciativa será analizada por tres comisiones presididas por diputados libertarios: Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch; Legislación General, encabezada por Santiago Santurio; y Finanzas, presidida por el fueguino Santiago Pauli.

El plenario de las tres comisiones ya se fijó para este miércoles a las 15. Será una reunión informativa con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Este martes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirá a los jefes de bloques dialoguistas para definir la estrategia legislativa y establecer el cronograma de los plenarios de comisiones. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto durante las últimas semanas de agosto, con las fechas del 19 o el 26 como posibles alternativas.

Una de las primeras críticas sobre el funcionamiento del Banco Central fue expresada por Martín Menem: “El desastre que fue el Banco Central, manipulado por la política. Ha sido una constante meter la mano en el Banco Central. Con ese sistema de poner dinero en las manos de la gente llegamos al 57% de pobreza”, cuestionó el diputado.

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Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro planteó la necesidad de limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. “Cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”, sostuvo.

El proyecto impulsado por Milei busca establecer un régimen legal que garantice la independencia funcional y financiera del Banco Central, determine la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.

La reforma también apunta a revertir los cambios implementados en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad.

Además, la propuesta incluye el denominado “grillete fiscal”, una versión local del shutdown estadounidense, junto con reformas vinculadas al mercado de capitales y al mercado de seguros.

Inocencia Fiscal

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal fueron convocadas para este miércoles a las 10.30 con el objetivo de iniciar el debate sobre los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

La iniciativa contempla modificaciones vinculadas a la Modalidad Simplificada de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y a la prescripción tributaria.

El objetivo del Gobierno es incentivar la incorporación de más contribuyentes al sistema formal y promover el ingreso al circuito financiero de los denominados “dólares del colchón”, que, según estimaciones del equipo económico, alcanzan los 170.000 millones de dólares fuera del sistema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló durante la presentación del proyecto que, aunque los depósitos en dólares del sistema financiero se encuentran en niveles récord cercanos a los 40.000 millones de dólares, existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros mantenidos fuera del circuito bancario.

La intención de La Libertad Avanza es aprobar esta norma durante las sesiones previstas para agosto. La iniciativa se convirtió en una de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027.

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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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Chubut, Neuquén y Río Negro volvieron a mostrarse unidos. La firma de un convenio de gas entre Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, funcionó como excusa para una postal que resucita, aunque sea por un momento, el viejo armado federal patagónico: Weretilneck fue el anfitrión en Bariloche, mientras que Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) se sumaron de modo virtual.

El encuentro tuvo como excusa formal la ampliación de la red de gas en seis barrios barilochenses que beneficiará a más de 1.600 vecinos, aunque la inmediata lectura política fue otra: un trabajo conjunto entre las tres provincias que viene de antes.

Weretilneck resumió el espíritu del encuentro con una frase que apunta directo al vínculo regional: «Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico“.

Torres, por su parte, conectó la obra puntual con una lectura política más amplia sobre el vínculo entre las tres provincias, al calificar la ampliación de la red como una expresión de federalismo y anticipar que seguirán las iniciativas conjuntas con Río Negro y Neuquén.

El trabajo tripartito no es reciente. Los mismos tres mandatarios ya habían escenificado la unidad regional un mes atrás, cuando Torres y Weretilneck cerraron en El Bolsón un litigio judicial de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, con un acuerdo de obra eléctrica por $17.000 millones para la Comarca Andina. En esa oportunidad, Torres había anticipado que la sintonía entre las tres provincias seguiría dando frutos en obras conjuntas, y Weretilneck había apelado a la identidad patagónica compartida por encima de los límites provinciales.

A eso se suma la conexión, meses antes, entre el gasoducto San Martín y el Gasoducto Cordillerano, otra obra tripartita que permitió dar factibilidad de gas a más de 12.000 familias de la región.

Aunque desde el entorno de los mandatarios son más escépticos sobre la “foto” y arriesgan que son “cuestiones de gestión”, el rebranding del antiguo grito federal no pasó desapercibido en la gélida región patagónica.

Como dato accesorio, las tres provincias decidieron afrontar erogaciones millonarias para compensar la retracción del Estado Nacional en materia de obra pública.

En el caso de Río Negro, con fondos del erario provincial el gobierno afrontó la culminación de obras en una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y la finalización de la construcción de la terminal de ómnibus de la misma localidad cordillerana, entre otras obras.

“Nación abandonó absolutamente el interior del país en todo lo que son obras y acciones” dijo Weretilneck, y ejemplificó con “rutas abandonadas, universidades abandonadas y en todo tipo de acción federal en las provincias”.

Mencionó además que “las provincias encaramos acciones para no fallarle a nuestra gente en la resolución de temas”. Aseguró que debido a la falta de compromiso del gobierno nacional en la ampliación del gasoducto, localidades entre Esquel y Junín de los Andes, incluyendo las de Río Negro, no podían lograr conexiones por falta de disponibilidad”.

“Los tres gobernadores, principalmente Chubut y Neuquén, afrontaron el costo a través de sus bancos para culminar esas obras” dijo el mandatario, y agregó que “la foto de hoy (entre los tres mandatarios), es la unidad de las provincias patagónicas, a sabiendas de que no podemos contar con el apoyo federal”.

Figueroa, por su parte, mencionó que la cooperación entre las provincias “permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana”.

En términos políticos, los tres gobernadores están enfrentados al gobierno nacional y disputarán sus espacios con candidatos libertarios.

En el caso de Figueroa y Weretilneck, representan a partidos provinciales y Torres aún integra el PRO.

En las tres provincias, los armadores de Casa Rosada barajan nombres para disputar las conducciones provinciales y deberán compulsar con los mandatarios actuales quienes, a pesar de que aún no arriesgan confirmaciones, irán por sus reelecciones.

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