Hubo tres hechos que cambiaron los movimientos de Máximo Kirchner en el tablero político de la Argentina. El primero fue la condena y la detención de su madre en San José 1111, donde está aislada de la vida de las mayorías hace poco más de un año. El segundo fue el final de su ciclo al frente del PJ Bonaerense. El tercero fue el veloz y profundo deterioro de su relación, y la de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof.

Ese encadenamiento de situaciones le abrió el camino a un mayor protagonismo en la discusión nacional del peronismo y en la organización política del kirchnerismo. Su discurso en Parque Lezama, cuando se conmemoró un año de la prisión de CFK, puede ser tomado como un quiebre en la lógica interna del mundo K. Ese día Kirchner terminó de erigirse como el líder de una línea del peronismo que tiene una jefa detenida y un jefe en la calle.

En las últimas semanas amontonó recorridas y actos en Entre Ríos, Santa Fe, Carmen de Areco y La Rioja, donde estuvo el fin de semana. En 48 horas tuvo tres actos y ocupó un rol protagónico en una cumbre de unidad armada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Kirchner no está jugando la partida nacional como el jefe de La Cámpora, sino como líder del kirchnerismo y dueño de un poder real que le fue delegado por su madre, imposibilitada de ejercerlo libremente. Es un escalón más arriba que el de la conducción de la organización que fundó pasado el 2003.

Nacido en La Plata y criado en El Calafate, Kirchner construye la imagen de un dirigente nacional con el suficiente peso para ser candidato en la provincia de Buenos Aires el año que viene o para jugar en un cargo a nivel país. Casi ninguna candidatura se puede anticipar con tanto tiempo. Lo seguro es que el legislador va a estar parado en la línea de largada para ser una opción en cualquier rol que el kirchnerismo quiera pelear en la batalla electoral.

Con CFK presa e inhabilitada para competir por cargos públicos, el sector que ella lidera necesita construir un perfil que pueda representar la identidad cristinista en la cancha electoral. Hasta aquí, ese segundo nombre siempre ha sido Eduardo “Wado” de Pedro, pero la salida de Kirchner al territorio federal modifica ese orden y lo coloca como el nombre capaz de representar con claridad el sentir cristinista.

El último fin de semana, Kirchner absorbió gran parte del protagonismo de la cumbre peronista en La Rioja. La ausencia de Kicillof, que estaba invitado pero no quiso quedar entrampado en lo que consideraba que era una foto de unidad forzada, le dio mayor peso a sus apariciones. Quintela le brindó un lugar preponderante en los actos y después aseguró que la unidad para enfrentar a Milei tiene que ser total. Para eso necesita, sí o sí, que haya algún tipo de acuerdo entre el gobernador bonaerense y los Kirchner. Por ahora, ese anhelo del riojano es muy difícil de cumplir. La relación está muy desgastada y lo político está enredado con lo personal.

Durante sus discursos en el norte, Kirchner planteó, implícitamente, sus diferencias con el gobernador bonaerense, la necesidad de una discusión profunda en el peronismo sin que los cuestionados se ofendan y una postura definida de la fuerza política respecto a la renegociación de la deuda que un eventual gobierno peronista debería hacer con el FMI. Se mostró dispuesto a negociar, pero con el cuchillo entre los dientes. Si el año que viene hay unidad en el peronismo, nadie llegará al final sin rayas en la piel. Son las consecuencias de una discusión nacional que es cada vez más horizontal.

El vínculo con el Fondo es un tema central para el cristinismo. La semana pasada Kirchner presentó un proyecto que busca colocar al Congreso como un filtro ineludible para aprobar una operación crediticia impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa le fija un techo legal a la deuda externa e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país. Es un tema que el legislador repite a menudo y está en la primera línea de temas a acordar. Sobre todo después del fracaso del Frente de Todos respecto a ese posicionamiento.

Para él y los dirigentes que lo rodean, la libertad de CFK es parte del proyecto político que se pone en discusión el año que viene. Y ahí residen gran parte de las diferencias con el resto de las vertientes, a las que no les interesa levantar con asiduidad el cartel de “Cristina Libre”. El sector K está apoyado sobre una postura que no negocia. Sin la ex presidenta libre, no hay legitimidad plena para un eventual gobierno peronista. En el resto de las tribus no creen que sea así, pero no confrontan. Cada cual atiende su juego.

“La proscripción no opera sobre una persona, opera sobre lo que muchos y muchas queremos votar”, dijo la semana pasada durante una entrevista con C5N. Sin CFK en condiciones reales de competir, el kirchnerismo debe moldear un nombre propio que pueda representar esas ideas con claridad y que sea una carta para cualquier negociación que asome en el futuro con el resto de las vertientes. Ese camino conduce al apellido Kirchner.

El legislador no habla de candidaturas, sino de un armado político que tenga un programa consistente con la línea que el kirchnerismo está dispuesto a negociar. Por eso cree que puede haber un debate con otras tribus sobre el contenido de la unidad, pero que ese consenso tiene un límite y son aquellos peronistas que apoyaron las políticas libertarias en el Congreso. El pragmatismo tiene condiciones.

Kirchner está teniendo cada vez más incidencia en los vínculos políticos y territoriales del ecosistema peronista. Es el representante de un espacio político que tiene una conductora con limitaciones muy marcadas para aceitar las negociaciones cruzadas entre los dirigentes y hacer crecer el clamor de sus seguidores, pero es también la cara más visible de la discusión política en la que se cruzan la calle con las redes sociales. El rostro de un esquema político vertical y que juega al límite dentro de la compleja reorganización del peronismo.

En los meses que le restan al año va a viajar a distintas provincias. Seguirá tallando un perfil con matices electorales y un rostro que adapta la conducción política de Cristina Kirchner a una realidad que a ella la supera. El soporte logístico de esas visitas seguirá siendo, como hasta ahora, La Cámpora. Son sus dirigentes los que arman la bajada al territorio. En esos menesteres estuvo inmiscuido este fin de semana Pablo “Tato” Giles, secretario de Organización de La Cámpora, que acompañó a Kirchner en La Rioja y que es uno de los dirigentes en ascenso dentro de la agrupación.

A su lado también estuvieron las dos caras de las puntas generacionales de La Cámpora. La actual secretaria general, Lucía Cámpora, y el senador “Wado” de Pedro, de la línea fundadora del espacio político. Cuando estuvo en María Teresa, Santa Fe, lo acompañó Florencia Carignano, cuando viajó a Entre Ríos, se encontró con Tomás Ledesma y, cuando estuvo en Carmen de Areco, lo esperó el intendente Iván Villagrán, que lo pidió como candidato a la presidencia de la nación. Los nombres de la agrupación que conduce son el nexo con las localidades a las que va y las caras reconocidas de una primera línea política que se ha ido modificando en el tiempo.

Kirchner va a viajar por distintas provincias como lo podría hacer CFK si estuviera libre. Va a suplir a su madre en ese aspecto y va a llevar el mensaje de ella a cada lugar que vaya. Va a mantener la idea de que tiene que ser la candidata del peronismo en el 2027. Pero si eso no ocurre, será él el que esté sentado en la mesa chica donde la voz de su madre tenga peso en la definición.

Tal vez sea candidato, tal vez no. Las circunstancias serán las que contextualicen la definición de ese armado que lideran junto a su madre. Mientras tanto, se constituirá al frente de un espacio que necesita una conducción terrenal y un rostro visible para discutir el entramado político y económico de un nuevo dispositivo electoral con eje en el peronismo.

Máximo Kirchner

El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.

La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso a Infobae. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo – documento que acompaña el texto oficial – a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

El texto cita el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave”, y el artículo 194, que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por agua”. La PNA argumentó que la interrupción del practicaje podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos, ya que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.

Los profesionales del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. Esto repercute directamente en las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea obligatoria en buena parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.

Impacto de la medida de fuerza

Las consecuencias del paro se hicieron sentir de inmediato. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, según alertó el Centro de Navegación (CNAV), la cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones ya programadas fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales a través de las cuales se distribuye nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.

Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.

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Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.

“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.

“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.

Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.

El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.

A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.

En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

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