POLITICA
Propiedad privada: dudas y avales en el Senado a la ley libertaria en una nueva ronda de exposiciones
Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.
Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.
Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.
Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.
Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.
El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.
Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.
Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.
“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.
Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.
Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.
Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.
A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.
Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.
“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.
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Por primera vez desde que asumió la presidencia, Javier Milei analizó con frialdad el dato de inflación. El número de 3,4% de aumentos en marzo, con un acumulado del primer trimestre del 9,4% (casi el total de lo planteado por el Presupuesto para todo el 2026) provocó un mensaje en X: “El dato es malo”, reconoció. Se observa en la agenda que, desde que comenzó el escándalo de Manuel Adorni en Estados Unidos, el desorden oficialista -tanto en lo político como en lo económico- aceleró las reuniones y las fotos de la oposición. El ruido que persiste sobre el costo de sostener al jefe de Gabinete detuvo ciertas cuestiones de la gestión, a pesar de los dichos del ministro Diego Santilli sobre la orden del Presidente de “seguir para adelante” porque “la Argentina no puede detenerse”.
Algunos sectores del Gobierno tienen dos hipótesis, aunque la primera cuesta creerla. Esta dice que a Adorni es difícil encontrarle reemplazo. La segunda, más verosímil, señala que la furiosa interna de Karina Milei con Santiago Caputo hace que la secretaría general de la Presidencia no quiera soltar a su mano derecha en Balcarce 50. Mientras el desgaste sigue, hoy declararán en Comodoro Py las señoras financistas que le dieron 200 mil dólares en concepto de hipoteca para la compra del departamento de Caballito. “Esa pelea nos lleva a un agotamiento constante. Para un lado o para el otro, pero hay que frenar con esos ruidos”, reconoció un funcionario que intenta ordenar cuentas fiscales con gobernadores.
Los mandatarios provinciales se quejan de que las partidas que debe Nación llegan a cuentagotas. “No queremos una foto, queremos fondos”, explicó uno de ellos. El mayor ruido, por lo delicado del asunto, vino por la deuda del PAMI con prestadores. La Federación de Clínicas bonaerenses (Fecliba) estimó en $500.000 millones de pesos lo que resta pagar. Ayer, desde el organismo explicaron que hubo reuniones con el ministerio de Economía para comenzar a regularizar la emergencia. Según pudo saber Infobae, también hay demoras en pagos dentro del ministerio de Defensa y de Seguridad, entre otros. “Es importante volver a la normalidad, a los temas que le interesan a la Nación: recuperación económica, llegada de inversiones, estabilidad macro y creación de fuentes de empleo”, planteó directo Alberto Weretilneck, de Río Negro en diálogo con este medio. Sobre el sostenimiento de Adorni por parte del Presidente, si bien se excusó con que no podía opinar desde afuera, sentenció: “Tienen que ver si es un beneficio o un costo la permanencia, y eso solo lo pueden analizar en el Gobierno”.
Ese ruido, sumado a las últimas encuestas sobre la imagen del Gobierno y las expectativas a la baja de la sociedad por el andar económico, hicieron que la oposición peronista acelerara las conversaciones en cuestión de días. Primero fue Nicolas Massot, que se reunió con Axel Kicillof y dijo que lo notó “con los pies en la tierra” (sic). Horas más tarde los intendentes del PJ se encargaron de comunicar por todos los medios posibles el partido de fútbol con dirigentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Al día siguiente, el lunes, Massa y Kicillof se reunieron para hablar de la “importancia de la unidad”. No queda claro qué busca el tigrense, pero vio en los últimos meses posicionado al gobernador como el único opositor de Milei y volvió al ruedo. Y si bien aún no se sabe si habrá PASO o cómo serán las reglas de juego para 2027, la pelea por la sucesión en Buenos Aires ya empezó. Sobre todo por la intención de un sector del gobierno bonaerense que ve con buenos ojos adelantar las elecciones para mayo del próximo año. “Si eso se concreta, tenés que empezar a elegir candidatos potables en breve porque significa que estamos a un año de la elección”, dijeron a este medio.
En este momento preelectoral, aparecen más candidatos que militantes. A simple vista ya se lanzaron oficialmente pocos, pero muchos dejan correr sus intenciones. La Cámpora pone en el frente a Mayra Mendoza (Quilmes), aunque por detrás asoma Wado De Pedro. Los intendentes mostraron a Mariel Fernández, a Federico Otermín y a Federico Achával. Este último, de Pilar, con más banca empresarial que ninguno de los antes mencionados. ¿A quién quiere el gobernador? Su elegido podría ser “Carli” Bianco, pero también asoman en esa mesa, entre otros, Gabriel Katopodis. El armador nacional del MDF será Andrés “Cuervo” Larroque, obsesionado con tejer para su propia “orga” en distritos del conurbano. Por ahora sin tanto éxito.
En la ciudad de Buenos Aires, la campaña nunca se detuvo. Las ideas, algunas más improbables que otras, surgen de todos lados y podrían ser una columna aparte. Lo concreto, en la gestión, es el ruido que está generando el negocio de la basura y su control. Semanas atrás Daniel Angelici le pidió a Matías Lanusse que se hiciera cargo de la secretaría de Higiene. El pasado jueves sonaron las alarmas en las seis empresas que prestan servicio de limpieza al gobierno porteño (AESA, CLIBA, Solbaires, Nittida, Ashira y Urbasur) porque Hacienda no había pagado el servicio. El acuerdo de palabra era que se pagaba cada 45 días. Sin embargo, el contrato plantea que el pago se puede hacer “hasta 30 días hábiles de presentada la factura”.
En la práctica, frenaron los pagos para sentarse a analizar los contratos. Es que el gobierno porteño sospecha que las empresas no realizan el trabajo que les corresponde. Ante eso, como novedad, comenzó una auditoría “en la calle”. Los contratos vencen entre 2027 y 2028. “Todavía no están planteando la caída de contratos, pero entre todas ya se mandaron mensajes para ver como reaccionar ante la presión”, contó un empresario del rubro al tanto de la situación. Para entender la magnitud del negocio, la Ciudad paga entre 55 y 60 mil millones de pesos por mes para la limpieza. De ahí el nerviosismo de los poseedores de los contratos.
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POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Stornelli presentó un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnuda una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
En 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según consta en el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El titular del Grupo Insud y de empresas como Elea Phoenix y mAbxience fue el ganador de los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La fiscalía dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
Por su parte, con respecto a la exministra Vizzotti, Stornelli detalló que prestó funciones profesionales para la Fundación Huésped y para la empresa Vacunar SA entre 2017 y 2020.
Fue la Fundación Huésped −fundada por el entonces asesor presidencial Pedro Cahn− subcontratada por el laboratorio Elea Phoenix (de Sigman) para realizar los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en Argentina. Además, Huésped subcontrató para estas tareas a Vacunar SA, sostuvo Stornelli.
Otro de los “socios locales” beneficiados fue Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para fabricar el componente de la Sputnik V.
El fiscal señaló que la celeridad administrativa para aprobar los contratos de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm contrasta con el letargo burocrático aplicado a Pfizer.
El documento incluye una mención al exministro de Salud Ginés González García, a quien Stornelli señala en relación con las graves denuncias públicas realizadas en su momento por Patricia Bullrich, quien lo acusó de frenar a Pfizer porque pretendía utilizar un intermediario nacional para obtener un “retorno” financiero.
Sin embargo, debido al fallecimiento de González García el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.
Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal) para una larga lista de implicados.
Las personas incluidas en el pedido de declaración indagatoria son Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas.
Del lado del sector privado y los laboratorios, los acusados son Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Richmond), los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Cahn.
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POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por la compra de vacunas contra el coronavirus
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este miércoles citar a indagatoria a la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a un grupo de empresarios acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid19 a Estados Unidos en 2020. Se los investiga por presuntamente haber favorecido negocios locales en la fabricación de las dosis.
En el requerimiento de instrucción que presentó al juez federal Ariel Lijo, el fiscal acusó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.
Con esos argumentos, Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública para una larga lista de implicados que incluyó a Vizzotti, un grupo de empresarios y asesores.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal, el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
“Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en su solicitud ante el juez.
“Intento de beneficiar a socios locales”: la hipótesis del fiscal
En agosto de 2020, en los primeros meses de la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis. De esa cifra, tres millones iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento clave para vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández declinó la propuesta y avanzó con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Las demoras relacionadas con Pfizer, según el fiscal, “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
En aquel entonces, el Ministerio de Salud argumentó trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que, de acuerdo a Stornelli, eran inéditas.
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Para Stornelli, este proceder “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”.
En paralelo, el fiscal abordó las relaciones interpersonales y comerciales entre los funcionarios públicos involucrados y los laboratorios beneficiados, en un esquema donde ubicó como eje central al empresario farmacéutico Hugo Sigman, cuyas empresas ganaron los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La lista de involucrados citados por el fiscal
En ese contexto, Stornelli pidió citar para brindar declaración indagatoria a Carla Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini.
Tarragona fue quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, mientras que Nicolini fue la asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas de AstraZeneca y Sinopharm.
Del lado del sector privado y los laboratorios, fueron acusados Sigman; el apoderado de Laboratorios Richmond, Juan Manuel Artola; los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Pedro Cahn.
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