POLITICA
Propiedad privada: dudas y avales en el Senado a la ley libertaria en una nueva ronda de exposiciones
Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.
Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.
Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.
Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.
Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.
El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.
Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.
Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.
“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.
Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.
Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.
Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.
A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.
Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.
“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.
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Juicio por la causa Cuadernos: mostraron fotos de las cajas fuertes de Cristina Kirchner en su casa de El Calafate
En el juicio por la causa Cuadernos, mostraron fotos de las cajas fuertes de la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de El Calafate, Santa Cruz. Las imágenes se exhibieron por pedido de la fiscal, Fabiana León. Son del allanamiento a la finca de la expresidenta, que se hizo en 2018.
Se trata de imágenes presentadas por el Ministerio Público Fiscal por la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Argentina, Adrián Lotocki, que estuvo a cargo de esos operativos.
Los procedimientos se hicieron el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y del fiscal, Carlos Stornelli, por la causa Cuadernos.
En la audiencia se mostraron fotos de dos cajas fuertes abiertas, una en un estante arriba de un perchero con ropa, que estaba vacía, y otra en un estante a la altura de piso, con libros y cuadernos dentro.
Las fotos se exhibieron con la declaración de Lotocki, que en ese entonces era jefe de la delegación Río Gallegos de la PFA. El excomisario dijo que por pedido de Bonadio tenía la orden de “revisar todo el lugar”, que tiene tres plantas, un subsuelo y varios ambientes.
Lotocki declaró: “Había un ambiente antes de subir al primer piso que nos llamó la atención que era una puerta pequeña que tenía como un contramarco”. Se trata de la puerta de una bóveda que se ubicaba en la planta baja, cerca de la escalera que iba al primer piso.
Dijo que la puerta “era muy gruesa” y que de allí “se secuestraron elementos de interés para la causa. La puerta se abrió por orden del juzgado y había mucha documentación y cosas de valor”, declaró. Consultado sobre si en ese lugar había una puerta blindada, el excomisario dijo que “aparentemente sí”.
Mencionó que Gendarmería usó “herramientas especiales” para abrirla y que adentro encontraron varios elementos de valor como biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta que San Martín escribió a Bernardo O’Higgins, y que todo “se secuestró todo por orden del juzgado”.
Además, según el acta del operativo, detectaron que en un ambiente del subsuelo, en un lugar que funciona como “pequeño depósito que guarda objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación varia”, pudo haber tenido “un uso distinto al actual”.
El acta indicó que el ambiente habría tenido cambios “en su marco y puerta de acceso, tanto sea en dimensiones como en materiales, siendo los actuales madera aglomerada y puerta de madera tipo placa con apertura hacia el exterior del pasillo”. Gendarmería rompió un revestimiento que cubría el marco de una puerta diferente a la que cerraba el lugar.
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La Corte confirmó que un exdiputado kirchnerista irá a juicio por un “vacunatorio vip” en Chubut
Con el término “inadmisible”, la Corte rechazó el recurso que había presentado un exdiputado del kirchnerismo acusado en una causa similar a la del “vacunatorio VIP”. Se trata de Santiago Igón, de Chubut, quien había ofrecido una donación de $3 millones para evitar ir a juicio oral y público.
Fuentes judiciales señalaron que Igón supuestamente recibió dos vacunas contra el Covid en el Hospital Zonal de Esquel cuando aún no le correspondía, en febrero de 2021, durante la pandemia de coronavirus. En ese entonces, ocupaba una banca en el Congreso. Era diputado del peronismo alineado con la administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La causa de Igón tiene un paralelismo con la del “vacunatorio vip”, que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py. En ambas, se indaga si hubo vacunados que no debieron haber sido priorizados en ese momento por sobre otra población de riesgo.
Antes de que este recurso llegara a la Corte, donde los tres jueces rechazaron el planteo de la defensa que buscaba evitar el juicio donando $3 millones al hospital local, Igón ya había sido procesado por el magistrado federal de Esquel, Guido Otranto. Esa decisión había sido confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Según señalaron fuentes judiciales al tanto del caso, el exdiputado chubutense está acusado de supuesta aceptación de dádiva. Al igual que él, también había sido procesado el responsable de supervisión del operativo de vacunación en ese momento (febrero 2021).
De acuerdo con las mismas fuentes, Igón tenía 43 años cuando se anotó en la plataforma “Vacunate Chubut”. Ahí supuestamente informó dos condiciones de riesgo: obesidad y diabetes. Pero la denuncia sostiene que, al llegar al centro de vacunación, habría hecho valer su cargo de diputado.
Más de cuatro años después del hecho investigado, en septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del caso, aceptó un pedido de la defensa: que Igón reparara de forma integral el perjuicio con un pago de alrededor de $3 millones al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel.
No conforme con eso, la fiscalía apeló y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. Para revocar esa salida, que extinguía la acción penal, Casación se basó en los precedentes, en la oposición del Ministerio Público Fiscal y en los argumentos que había dado el tribunal oral. La defensa recurrió entonces en queja ante la Corte Suprema, que rechazó el planteo por inadmisible.
Esta causa es diferente a la popularmente conocida como el “vacunatorio vip” que tramita en los juzgados de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última registró novedades en agosto, cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas acusadas de haberse beneficiado con vacunas que aún no les correspondía recibir, en el llamado “vacunatorio vip” que durante la pandemia funcionó en el Ministerio de Salud, bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Las citaciones habían sido pedidas por el fiscal Eduardo Taiano, tras una decisión de la Cámara Federal que resolvió hace dos años profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación, sino sobre los que pusieron el brazo para ser vacunados.
Esa primera parte del expediente contra los funcionarios que autorizaron la vacunación ya fue elevada a juicio oral y público. Hay solo tres imputados que llegaron a juicio por abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.
También se investigaba el papel de Ginés González García, quien falleció a los 79 años, a poco de que su procesamiento fuera confirmado. El ministro, que estaba a cargo de Salud, renunció en febrero de 2021 tras revelarse el escándalo.
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La Libertad Avanza Misiones impulsa la boleta única y la eliminación de la ley de lemas para las elecciones locales de 2027
El proyecto que presentó La Libertad Avanza Misiones en las últimas horas en la Legislatura unicameral se sustenta en tres ejes. Por un lado, instituye a la boleta única de papel como instrumento para la votación de cargos provinciales y municipales. Además, elimina el mecanismo de lemas en la elección de intendentes. Por último, incorpora la figura de “ficha limpia”, una idea que el oficialismo provincial había impulsado antes de su fragmentación.
El debut de esta reforma electoral sería en los comicios del año próximo, en los que el actual mandatario, Hugo Passalacqua, buscará la reelección. LLA, a través de su presidente, Adrián Núñez, o del diputado nacional Diego Hartfield, intentará dar la sorpresa y quedarse con la gobernación.
La propuesta de una Boleta Única Misionera (BUM) establece que el instrumento de votación sea una papeleta donde se reúna toda la oferta electoral tanto provincial como municipal y de ambos poderes: ejecutivos y legislativos.
“Queremos que haya fila para cada cargo y columna de cada partido. Que sea del mismo tamaño y con igual trato gráfico. Y que tengamos una boleta en color”, detalló Nuñez en declaraciones a Infobae.
Cómo funciona la BUM
El esquema prohíbe la doble candidatura y las colectoras. “En ningún caso se permitirá que una misma lista de candidatos se encuentre en más de una columna de la Boleta Única Misionera”, indica. Además, prohíbe que una agrupación política adhiera sus candidatos a los de otra.
Por otro lado, el elector deberá marcar con una cruz su opción en cada categoría. No existe, como en otros distritos que recurrieron a este mecanismo, una alternativa de “lista completa”.
Con el sistema BUM, “se terminan las boletas que faltan y las robadas. Y también la ventaja del que tiene aparato para imprimir y repartir (papeletas) por toda la provincia”, señaló Núñez.
Para la elección de gobernador, vicegobernador e intendentes, la boleta deberá contener los nombres, apodos y apellidos de los candidatos con sus respectivas fotografías en color con fondo blanco. En los cuerpos de diputados provinciales y concejales municipales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cuatro primeros candidatos de la lista.
“Estamos llamados a hacer historia. Esta no es una demanda política, es una demanda ciudadana de transparencia, de agilidad”, consignó Núñez.
El presidente de LLA Misiones remarcó a su vez: “La propuesta busca garantizar igualdad de condiciones entre partidos grandes y chicos. La boleta será impresa por el Estado bajo el control del Tribunal Electoral”.
Fin de la ley de lemas y ficha limpia
La propuesta que presentó la fuerza libertaria incorpora dos transformaciones importantes para el sistema político de la tierra colorada. Por un lado, termina con la ley de lemas para las elecciones municipales. Por otro, incorpora el requisito de que las candidaturas superen el tamiz de la “ficha limpia”.
El primer artículo del proyecto propone la derogación del sistema de acumulación de votos por lema o sublema. Mediante esta herramienta, vigente sólo para la votación de intendentes, el candidato con más votos de un frente electoral suma los de los demás de su espacio. Así, la multiplicación de sublemas, sobre todo en los distritos importantes como Posadas u Oberá, es una maniobra para aspirar votos hacia la candidatura principal.
En tanto, la propuesta de ficha limpia impide ser candidato a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia. La veda alcanza a aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual y la administración pública. También a quienes hayan cometido homicidio o lesionado a una persona, secuestradores o quienes tengan condenas por calumnias e injurias, entre otros casos.
Antes del quiebre entre Passalacqua y Carlos Rovira que terminó con la fuerza que gobernó la provincia por 20 años, el Frente Renovador había propuesto su propio modelo de “ficha limpia”. Su alcance era mucho más amplio. Restringía la participación a quienes incurrían en crueldad animal, no pagaran impuestos o no superaran un test antidrogas.
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