POLITICA
El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.
La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.
El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.
El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.
Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.
Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.
Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.
Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.
Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.
La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.
La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.
Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.
Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.
Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.
El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.
Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
un pedido,Hernán Cappiello,Conforme a
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Por orden de Leal: un testigo aseguró entregar “fajos de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte en febrero

Por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).
En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.
El 22 de enero fue anunciada su salida y su reemplazo por Fernando Herrmann quien, a su vez, dejó Transporte en abril para reemplazar a Carlos Frugoni, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que fue apartado luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar.
Según surge de la declaración testimonial, Leal le ordenó trasladar un sobre hasta un domicilio ubicado en Posadas 1429, en la Ciudad de Buenos Aires. El envío debía ser recibido por una mujer que trabajaba en la Secretaría de Transporte.
La revelación se produjo en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre Arsat y ALS y que, en las últimas semanas, derivó en el hallazgo de casi 2,6 millones de dólares y altas cantidades de droga durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal.
Para los fiscales, el episodio del sobre no constituye un hecho aislado. Las sospechas sobre el movimiento de dinero se apoyan además en las declaraciones del chofer del exfuncionario, quien trabajó junto a él durante más de seis años y describió una serie de conductas que calificó como “raras”.
El conductor explicó que Leal llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que en numerosas oportunidades manejaba una segunda mochila que permanecía guardada en el baúl del vehículo durante dos o tres días. Según recordó, esos movimientos se repetían después de determinadas reuniones.
La descripción de esa mecánica coincidió con los testimonios de otros empleados de Arsat. Una trabajadora que se desempeñaba como secretaria del entonces gerente general declaró que era habitual ver uno o dos sobres marrones tamaño A4 apoyados sobre la mesa de reuniones del despacho. Según precisó, esos sobres carecían de cualquier identificación.
La misma empleada señaló además que quienes acudían a reunirse con Leal solían hacerlo con mochilas propias. Entre los visitantes frecuentes figuraba uno de los hombres señalados en la investigación como intermediario entre Arsat y ALS, Santiago Pando.
Los investigadores consideran que la reiteración de estos elementos permite reconstruir una metodología para el traslado de dinero en efectivo. En la hipótesis de la investigación, la circulación de sobres, mochilas y valijas habría sido parte de un posible sistema utilizado para mover los retornos ilícitos que, según sospechan, se pagaban en dólares estadounidenses.
Además, el chofer de Leal aseguró que en febrero, en el mismo mes que se dio la entrega a la funcionaria de Transporte, identificada como “Belén”, recibió una instrucción específica de su jefe para trasladar una valija desde la ciudad de Buenos Aires hasta un domicilio vinculado al entonces funcionario en la provincia de Mendoza. Meses después, cuando la policía realizó los allanamientos, los investigadores encontraron en ese equipaje una parte sustancial de los casi US$2,6 millones secuestrados durante los allanamientos al exfuncionario.
Durante su testimonio, el conductor reconoció formalmente la valija exhibida por los fiscales y confirmó que era la misma que había llevado por orden de Leal. En su interior había alrededor de US$1,7 millones.
reemplazar a Carlos Frugoni,secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía,Camila Dolabjian,Conforme a
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Diputados argentinos denunciaron que el gobierno de Bolivia les prohibió el ingreso al país

Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.
La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.
El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.
Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.
Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.
De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.
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Avanza en Paraguay el juicio contra el exsenador Kueider por contrabando de US$ 200.000

El juicio oral y público contra el exsenador entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel por contrabandear 200.000 dólares se reanudará mañana en Paraguay con una audiencia en la que la fiscalía podría ampliar la acusación contra ambos.
Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.
La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.
Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.
Una vez concluido el juicio en Paraguay y que cumpla allí su pena, Kueider debería ser extraditado a la Argentina.
Después de la apertura del juicio el martes pasado, el proceso contra Kueider y su exsecretaria Guinsel Costa se reanudará mañana, martes 16 de junio, a las 10.30 hora local, en la sala 10 del sexto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.
Será la segunda audiencia del debate oral y por lo ocurrido la semana pasada es posible que mañana continúe la recepción de pruebas, que quedó en marcha al cierre de la primera jornada, por lo que el tribunal indicó que retomaría esa tarea.
Asimismo se espera que haya una definición sobre el planteo fiscal de ampliar la acusación. La fiscalía a cargo de Ysrael Villalba ya advirtió que podría formalizar un pedido para incorporar nuevas modalidades de contrabando.
El tribunal deberá decidir si lo admite o no, o si posterga para una audiencia posterior la decisión con un plazo para que la defensa responda. También existe la posibilidad de que Kueider o Guinsel decidan declarar en esta segunda audiencia, algo que ambas defensas dejaron planteado cuando dijeron la semana pasada que iban a hacerlo “más adelante en el proceso”, sin precisar cuándo.
El juicio arrancó la semana pasada después de varias postergaciones. El tribunal está integrado por la jueza Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Ni el fiscal Ysrael Villalba, ni la defensa a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo plantearon asuntos previos que dilataran el comienzo del debate.
Kueider escuchó la acusación junto a Guinsel y sus abogados. Cuando la presidenta del tribunal les ofreció la posibilidad de declarar, tanto Kueider como Guinsel se abstuvieron, aunque dijeron que iban a hacerlo con el avance del proceso. El tribunal dio inicio a la recepción de pruebas y, al concluir la jornada, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana.
El fiscal Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.
Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.
El abogado de Kueider, Marcelo Bogado, relativizó esa posibilidad, ya que dijo que el fiscal tiene problemas “para acreditar algunos aspectos de la acusación” y estimó que el propio tribunal podría terminar evaluando una recalificación de los hechos, para cambiarlos por una figura mas beneficiosa para su cliente.
Kueider es juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.
Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.
Según el acta fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.
Sobre esa base, la fiscalía paraguaya calificó preliminarmente el hecho como una tentativa de contrabando, al sostener que el dinero en efectivo constituye un “instrumento negociable” en los términos de la normativa especial sobre la materia, y que la conducta de no declararlo configuró un intento de “ocultar los instrumentos de valor monetario”.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.
Eduardo Kueider,Conforme a
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