POLITICA
El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.
La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.
El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.
El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.
Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.
Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.
Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).
Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.
Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.
Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.
Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.
La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.
La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.
Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.
Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.
Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.
El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.
Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.
Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: ATE prepara un boicot contra el Presidente y Adorni en su visita a Rosario por el Día de la Bandera

POLITICA
Nuevo gesto de respaldo: Manuel Adorni desayuna con Javier Milei en la Quinta de Olivos y evalúa llamar a la mesa política la próxima semana

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentran desde las 9 de la mañana en un desayuno a solas en la Quinta de Olivos. Según confirman fuentes oficiales, la reunión ya había sido programada con antelación y busca ser uno de los tantos encuentros de rutina que ambos mantienen en la Residencia Presidencial para conversar asuntos vinculados a la gestión.
Y es que Milei no tiene intenciones de remover a su funcionario de máxima confianza. No al menos en las condiciones actuales. Tampoco tiene previsto irse del cargo el mismo Adorni, que todavía no realizó apariciones públicas desde la entrevista que concedió la semana pasada para explicar el motivo de su incremento patrimonial.
Mañana será el día en el que aparezca. Esto se dará en el marco del acto en conmemoración por el Día de la Bandera en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Adorni confirmó su presencia a Milei y ambos se mostrarán juntos.
Tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan nuevos anuncios para buscar generar una agenda distinta a la del escándalo mediático-judicial que se mantiene hace más de tres meses. En el entorno del ministro coordinador la denominan “agenda positiva”, la cual busca estar circunscripta a realizar comunicaciones sobre nuevas propuestas o medidas implementadas por el Gobierno. Pese a todo, los alcances de la misma son relativas, según el vocero gubernamental al que se le consulte.
Nota en desarrollo
POLITICA
Senado: el oficialismo busca avanzar con las leyes de Milei y la oposición redobla la presión sobre Adorni

Cada bloque del Senado busca definir la próxima sesión. Mientras el oficialismo sigue de cerca los proyectos que integran el paquete de iniciativas enviadas por el presidente Javier Milei al Congreso, la oposición denuncia una parálisis legislativa y apunta a la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete.
Desde el bloque Justicialista que conduce José Mayans avanzan con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. “Lo vamos a escuchar, pero nosotros consideramos que incurrió en varios delitos”, afirmó el senador, quien junto con Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio presentó hace una semana un pedido de interpelación con moción de censura contra el ministro coordinador.
Los senadores justicialistas fundamentaron su iniciativa en la existencia de “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, en la reunión de jefes de bloque que presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó claro que el pedido de interpelación al jefe de Gabinete no requiere tratamiento en las comisiones del Senado. Por lo tanto, no es necesario dictaminar el proyecto ni reunir los dos tercios del cuerpo para habilitar su tratamiento. La iniciativa puede ser tratada directamente en el recinto y, según establece el artículo 101 de la Constitución, necesita mayoría absoluta para su aprobación: 37 votos afirmativos.
El auxilio del oficialismo
La bancada de La Libertad Avanza logró un respiro para Adorni y ganó una semana de margen para evitar que este jueves se produzca un escándalo en el Senado y se profundice la crisis con los legisladores aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
Patricia Bullrich, jefa libertaria de la Cámara alta, consiguió el compromiso de los aliados de no unirse a los sectores más duros del Senado para remover al ministro cuestionado. Sin embargo, el acuerdo tiene un plazo de apenas una semana, a la espera de definiciones de Javier Milei y de un intento por reactivar la agenda legislativa del Congreso.
En el acta de Labor Parlamentaria ya quedaron fijados los temas para la sesión del próximo 25 de junio. Además del caso de Manuel Adorni, figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados de funcionarios de Cancillería y del Poder Judicial.
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Entre ellos se encuentran las designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, incluida la prórroga del juez Víctor Pesino, que alcanzó el límite de edad de 75 años y es cuestionado por el PJ por haber fallado a favor de la implementación de la Ley de Modernización Laboral.
Los siete pliegos judiciales consiguieron las firmas del oficialismo y de la oposición dialoguista. Suscribieron los dictámenes los senadores Juan C. Pagotto, Carlos Arce, Beatriz Ávila, Patricia Bullrich, Agustín Coto, Carlos Espínola, Enrique Goerling Lara, Carolina Losada, Nadia Márquez, Flavia Royón y Juan Carlos Godoy.
En las oficinas libertarias tampoco descartan sumar al temario el proyecto de ley Hojarasca, que obtuvo dictamen este miércoles en medio de la tensión por la situación de Manuel Adorni y las posibilidades de avanzar con su interpelación.
Dictamen para la ley Hojarasca
La Libertad Avanza dejó en condiciones de llegar al recinto el proyecto de ley denominado Hojarasca, que propone derogar y actualizar legislación considerada obsoleta con el objetivo de simplificar el ordenamiento jurídico argentino, reducir burocracias innecesarias y aportar mayor claridad normativa.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, emitió dictamen de mayoría y dejó a la iniciativa a las puertas de convertirse en ley.
El proyecto ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y espera ser incorporado al temario de la sesión de la próxima semana.
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“La calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes. También implica revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos”, sostuvo la senadora Nadia Márquez.
La legisladora agregó que “la Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”.
La norma forma parte del proceso de modernización del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a eliminar regulaciones que han perdido vigencia o utilidad práctica y a construir un marco institucional más simple, eficiente y comprensible para los ciudadanos.
Por su parte, Agustín Coto sostuvo que la iniciativa busca simplificar y modernizar las normas del país “para adecuar la legislación a la realidad actual y a la transformación de la Argentina que encabeza el proyecto del presidente Javier Milei”. Y agregó: “El eje está puesto en la eliminación de normas que ya perdieron vigencia, así como de regulaciones restrictivas que entorpecen la actividad económica y de disposiciones que limitan las libertades de los ciudadanos”.
Senado, La Libertad Avanza, Manuel Adorni
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