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El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

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La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías.

La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.

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Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.

El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.

El juez Ariel Lijo está al frente de la investigación que complica al GobiernoMarcos Brindicci

A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía “retornos” en la hipótesis de la fiscalía.

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El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.

Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros.

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Miguel Ángel Calvete, empresario y lobista

Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.

El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas.

Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

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La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático.

Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.

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El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes “pantalla”: figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder.

Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.

Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.

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Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.

La contraprestación, según Picardi, era el pago de “retornos” a los funcionarios públicos implicados.

La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.

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Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro.

Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves” a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de “camas ortopédicas reacondicionadas”.

Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.

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Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.

El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.

Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.

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Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.


un pedido,Hernán Cappiello,Conforme a

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Dirigentes de derechos humanos despidieron a la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida

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El velatorio de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que falleció el domingo a los 95 años, se realizó este lunes en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), y congregó a referentes de los derechos humanos, dirigentes políticos y personalidades del ambiente artístico.

En una ceremonia a cajón cerrado dentro de la sede gremial, donde una foto de Almeida se exhibía junto al féretro, se hicieron presentes dirigentes como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pronunció un discurso.

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Estela de Carlotto, al hablar en el velatorio de Taty AlmeidaRodrigo Néspolo

Por delante del féretro se colocó el pañuelo blanco que utilizaba Almeida. En letras azules, en ese pañuelo se lee: “Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Alejandro M. Almeida. 17 de junio de 1975”.

Alejandro Almeida era el hijo desaparecido de la dirigente de derechos humanos. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, desapareció a los 20 años de edad. Otros pañuelos, con consignas diversas, se dispusieron en el salón, alrededor del féretro.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa, al llegar a la sede del Foetra para despedir a Taty AlmeidaRodrigo Néspolo

El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla (que es hijo de desaparecidos) fue parte del velatorio, al que asistieron referentes de Madres de Plaza de Mayo y una nutrida concurrencia que se acercó y formó filas para ingresar a despedir a Almeida en el salón sindical porteño ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 3171.

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Entre las presencias, se contaron los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa, de reconocida simpatía por el kirchnerismo.

La fachada de la sede del Foetra, donde se realizó el velatorio de Taty AlmeidaRodrigo Néspolo

Almeida falleció este domingo, luego de pasar días internada en el Hospital Italiano. Una de sus últimas apariciones en público, en silla de ruedas, fue en el acto del último 24 de marzo, en la Plaza de Mayo, cuando se conmemoraron 50 años del inicio del golpe militar de 1976.

Como era habitual en esos actos, Taty Almeida fue una de las oradoras. Cerró el discurso con críticas a la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Taty Almeida,Madres de Plaza de Mayo,Conforme a,Madres de Plaza de Mayo,,A los 95 años. Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo,,Sorprendió a todos. La actriz de La casa de papel que estuvo presente en la marcha por los 50 años del golpe de Estado,,¿Sueños o pesadillas compartidas?

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La CGT evalúa una semana de protestas escalonadas mientras redefine su estrategia contra la reforma laboral

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La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a discutir una nueva etapa de confrontación con el Gobierno de Javier Milei, después de que la estrategia judicial para frenar la reforma laboral perdiera impulso y tras llevar sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ese objetivo, la conducción sindical pondrá en marcha dos semanas de reuniones para definir cómo continuará la disputa con la Casa Rosada.

Entre las opciones que circulan dentro de la central obrera aparece la posibilidad de avanzar con una semana de protestas escalonadas, un esquema basado en medidas de fuerza alternadas entre distintos gremios. La propuesta todavía está en discusión, pero empezó a ganar espacio en medio del debate sobre la efectividad que podría tener un nuevo paro general.

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Según pudo saber TN, la CGT iniciará este miércoles una ronda de encuentros entre distintas confederaciones sindicales vinculadas a la industria, el transporte, los puertos, los medios de comunicación y la alimentación. Allí comenzará el análisis político y jurídico de la reglamentación de la reforma laboral y de las respuestas que podría impulsar la central obrera.

La semana próxima la discusión llegará al Consejo Directivo, que será el encargado de definir los pasos a seguir. La conducción que encabezan Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello considera que el debate todavía permanece abierto.

La presentación realizada ante la OIT también formará parte de ese análisis. En la central obrera sostienen que el paso por Suiza fortaleció sus cuestionamientos sobre el impacto de las nuevas normas laborales y creen que ahora deben resolver cómo trasladar esa discusión al plano local. “En Ginebra logramos que la OIT nos reconozca los problemas que hay con las leyes laborales en el país y ahora va a haber que analizar cómo seguimos”, indicaron a este medio.

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Debate abierto

La discusión sobre las medidas de fuerza volvió a exponer diferencias tácticas dentro de la CGT. El ala más dura, integrada entre otros por la UOM, La Fraternidad y el sindicato de Gastronómicos, viene impulsando la convocatoria a un paro general de 36 horas. Sin embargo, dentro de la conducción cegetista consideran que el contexto actual no favorece una medida de esa magnitud y que su impacto podría verse limitado.

La discusión sobre las medidas de fuerza volvió a exponer diferencias tácticas dentro de la CGT (Foto: NA/Damián Dopacio).

Entre las alternativas que analiza la CGT aparece la posibilidad de coordinar medidas de fuerza escalonadas entre distintos gremios. El objetivo sería sostener durante varios días la presión sobre el Gobierno sin recurrir de inmediato a un paro general, como sucedió en Francia en rechazo a la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron.

La alternativa, sin embargo, enfrenta obstáculos. Al tratarse de conflictos sectoriales, el Gobierno podría recurrir a la conciliación obligatoria y suspender temporalmente las medidas. Además, la reglamentación de la reforma laboral amplió las actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental, lo que obliga a numerosos sindicatos a garantizar una parte significativa de los servicios aun durante una protesta.

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En paralelo, la batalla judicial seguirá abierta. Según anticiparon desde la central obrera, los próximos planteos ante los tribunales no serán impulsados institucionalmente por la CGT sino por cada gremio en forma individual. “Contra el decreto va a haber muchas cautelares pedidas individualmente por los distintos sindicatos”, explicaron.

Denuncia de los gremios duros

Mientras la CGT define su hoja de ruta, este martes habrá una señal pública de uno de los sectores más críticos del Gobierno. Pablo Moyano encabezará una conferencia de prensa junto a Julio Sosa, presidente de la Sección Ferroviaria Global de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) e integrante de la conducción de La Fraternidad.

La actividad se realizará desde las 9.30 en la sede ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 1900 y tendrá como eje la situación laboral y sindical en la Argentina. Según informaron los organizadores, también se abordarán las consecuencias de la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y las sanciones aplicadas al sindicato ferroviario.

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La conferencia de prensa se desarrollará en el marco de una reunión internacional de la ITF que reúne a dirigentes ferroviarios de distintos países. Durante el encuentro se analizarán las condiciones del sector en la Argentina, el financiamiento de la actividad y el impacto de las políticas oficiales sobre el mundo del trabajo.

CGT, reforma laboral

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Bolivia expulsó a un grupo de legisladores y dirigentes argentinos observadores de la situación humanitaria

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El Gobierno de Bolivia impidió el ingreso a ese país de una misión argentina que supuestamente buscaba certificar violaciones de derechos humanos en ese país. Entre las personas retenidas que están regresando a la Argentina se cuenta el diputado Juan Marino, originalmente del Partido Piquetero y ahora integrante de la bancada kirchnerista.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz impidió el ingreso de la delegación que pretendía relevar denuncias de represión durante las protestas de las últimas semanas.

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Entre los integrantes de la comitiva argentina estaba el diputado nacional Marino, retenido pese a haber completado los trámites migratorios en Santa Cruz de la Sierra.

El diputado Juan MarinoMarcos Brindicci –

La Cancillería argentina confirmó el episodio en un comunicado en el que avaló la decisión boliviana de expulsar a los viajeros.

El grupo se autodenominó “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El episodio generó un confuso cruce de versiones entre la Cancillería argentina, el Gobierno boliviano y los propios integrantes de la delegación.

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A través de un comunicado, la Cancillería informó que la delegación arribó a Bolivia con el “autodeclarado propósito” de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.

Según el texto oficial, las autoridades bolivianas comunicaron que durante los controles migratorios “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de “cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”.

En base a esos elementos, y “en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, el gobierno de Rodrigo Paz decidió no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, que se encuentran retornando a la Argentina, dijo el Gobierno de Javier Milei.

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El comunicado de la Cancillería no menciona la situación particular del diputado Marino, ni hace referencia a una posible retención de documentos.

El canciller Pablo QuirnoRicardo Pristupluk

Sin embargo, el diputado nacional Germán Martínez publicó en la red social X que su par Marino “viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional” y que se encontraba “retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz”.

Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a las autoridades consulares argentinas a “garantizar su libertad e integridad física”.

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Por otro lado, un comunicado de la agrupación Barrios de Pie dijo que la “Misión Internacional de Veedores de Derechos Humanos” fue retenida por personal de migraciones al arribar al aeropuerto internacional de La Paz, donde habían llegado con el objetivo de relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas “en la represión y las detenciones durante las protestas de las últimas semanas” en Bolivia.

De acuerdo con esa versión, las autoridades migratorias retuvieron los documentos personales de toda la delegación y obligaron a sus integrantes a abordar un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, lo que, según los denunciantes, les impidió el desarrollo de las actividades de observación previstas en La Paz.

Entre los integrantes de la misión se encontraba Martín Illanez, referente de Barrios de Pie y de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos.

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Illanez dijo: “Durante varias horas permanecimos retenidos sin información sobre nuestra situación jurídica. Fueron retenidos nuestros documentos y se produjeron situaciones de tensión con autoridades migratorias. Finalmente fuimos obligados a subir a un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, impidiéndose de hecho el desarrollo de las actividades de observación previstas en la ciudad de La Paz”.

Barrios de Pie dijo que la negativa a permitirles el ingreso a Bolivia es una confirmación indirecta de las denuncias que motivaron el viaje.




June 15, 2026,Conforme a

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